La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes la apelación de Khalid Sheikh Mohammed, acusado de planificar los atentados del 11 de septiembre de 2001, así como la de otros dos coacusados para revivir un acuerdo de culpabilidad que les habría evitado la pena de muerte. La decisión, emitida mediante una orden sin firma, deja firme el fallo de un tribunal de apelaciones que avaló la facultad del exsecretario de Defensa Lloyd Austin para anular los pactos, según informó Reuters.
Mohammed y sus coacusados, Mustafa al Hawsawi y Walid bin Atash, permanecen detenidos en la base naval de Guantánamo, Cuba, desde 2006. Los tres enfrentan cargos que incluyen cinco delitos con posibilidad de condena a muerte por su presunto rol en los ataques que costaron la vida a casi 3.000 personas.
Un juez de la Fuerza Aérea fijó en agosto la fecha de juicio para junio de 2028, de acuerdo con CBS News.
La Corte Suprema cierra la puerta al acuerdo que eliminaba la pena de muerte
Al negar las apelaciones, los nueve magistrados dejaron en vigor la resolución del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia (Circuito DC), que en julio de 2025 determinó —por dos votos contra uno— que Austin “tenía indiscutiblemente la autoridad legal para retirarse de los acuerdos”, según recogió CNN. El juez Brett Kavanaugh no participó en la deliberación del caso, sin que el tribunal ofreciera explicaciones sobre su recusación.
La decisión devuelve el expediente a los tribunales militares, que durante más de dos décadas han enfrentado dificultades para avanzar en el proceso. Steve Vladeck, analista legal de CNN y profesor de la Universidad de Georgetown, señaló que “el efecto práctico de las denegaciones de hoy es despejar el camino para que los procedimientos previos al juicio continúen”, aunque advirtió que la fecha de juicio prevista para 2028 resulta “completamente irrealista” dada la cantidad de cuestiones pendientes por resolver.
Cómo surgió y se desplomó el pacto con los acusados del 11 de septiembre
Los acuerdos previos al juicio fueron el resultado de más de dos años de negociaciones, según CNN. En 2023, tras la designación de la brigadier general retirada Susan Escallier como autoridad convocante de las comisiones militares, los abogados del gobierno y la defensa comenzaron a discutir una salida negociada.
Los pactos, anunciados y aprobados por Escallier en 2024, establecían que los acusados se declararían culpables de todos los cargos, recibirían cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y se someterían a una audiencia pública de sentencia en la que las familias de las víctimas podrían formularles preguntas.
La reacción fue inmediata. Legisladores republicanos criticaron los términos, y Austin revocó los acuerdos apenas dos días después de su anuncio, al sostener que “una decisión de tal magnitud debería recaer en mí”, de acuerdo con Reuters.
El laberinto judicial que atravesó el caso antes de llegar a la Corte Suprema
La anulación de Austin desató una cadena de resoluciones contradictorias. En noviembre de 2024, un juez militar dictaminó que la decisión del exsecretario carecía de sustento legal y declaró los acuerdos “válidos y ejecutables”. Semanas después, el Tribunal de Revisión de Comisiones Militares ratificó esa postura y programó audiencias para formalizar las declaraciones de culpabilidad, según reportó CBS News.
El Departamento de Justicia intervino entonces para solicitar al Circuito DC que frenara las audiencias y respaldara la autoridad de Austin. El tribunal federal suspendió los procedimientos y, en su fallo de julio de 2025, le dio la razón al gobierno.
“El secretario actuó dentro de los límites de su autoridad legal, y declinamos cuestionar su juicio”, concluyó el panel del Circuito DC. La administración de Donald Trump continuó la defensa de la posición adoptada por Austin.
Quiénes son los acusados y qué rol se les atribuye en los ataques
Mohammed es considerado el detenido más conocido de Guantánamo. Se lo acusa de orquestar el plan para estrellar aviones de pasajeros secuestrados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y contra el Pentágono, en Arlington, Virginia. Fue capturado en 2003, al igual que Hawsawi y Bin Atash, a quienes se les imputan funciones de apoyo logístico y financiero en la trama terrorista.
Los tres pasaron por cárceles secretas de la CIA, donde fueron sometidos a lo que el gobierno denominó “técnicas de interrogatorio mejoradas” —reconocidas ampliamente como tortura— antes de su traslado a Guantánamo en 2006.
Las acusaciones formales llegaron en 2008 y desde entonces el proceso se vio paralizado en buena medida por disputas sobre la admisibilidad de pruebas obtenidas bajo coacción.
La reacción del gobierno y de los abogados defensores tras el fallo
El Departamento de Justicia celebró la decisión. En un comunicado, un vocero afirmó que la resolución de la Corte Suprema “despeja el camino para que los responsables de los ataques del 11 de septiembre rindan cuentas” y la calificó como “un paso crítico hacia la justicia para las víctimas y las familias”, según Reuters.
Los abogados defensores, entre ellos representantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), habían instado al máximo tribunal a tomar el caso. Argumentaron que la decisión de Austin violó la ley militar vigente y “prolongó la mejor oportunidad de resolución del caso del 11 de septiembre en un cuarto de siglo”.
Qué sigue en el caso de Khalid Sheikh Mohammed y la fecha de juicio de 2028
Con el recurso agotado, el proceso regresa a las comisiones militares de Guantánamo. El juicio previsto para junio de 2028 depende de que las partes cumplan con una serie de plazos intermedios, una condición que analistas como Vladeck consideran difícil de satisfacer.
El centro de detención, establecido en 2002 por el entonces presidente George W. Bush para albergar a sospechosos de terrorismo tras los atentados, sigue en operación más de 24 años después de su apertura.
