En nuestro país se decretó la emergencia sanitaria hace 22 años; urge levantarla y ordenar el sistema.
Con el cambio de normativa que autoriza el cobro de prestaciones sanitarias a extranjeros inaugurado por Salta, distintas provincias siguen sumándose a la novedosa práctica. Desde el gobierno nacional se impulsa ahora un proyecto que incluiría estas modificaciones a nivel nacional y así contar con mayor gestión privada para que el sistema pueda sostenerse. Mario Russo, ministro de Salud, propone que la cartera a su cargo ejerza un rol rector, de coordinación, dando lineamientos a las distintas jurisdicciones a partir de una mirada federal. No soslaya la necesidad de reordenar programas y recortar la estructura política para ganar eficiencia y transparencia, implementando para ello mecanismos de control hoy insuficientes. El modelo que plantea es el de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades norteamericanos.
Se prevé revisar leyes consideradas vetustas cuya derogación se considera, entre ellas la ley de salud mental y la de salud sexual. No se descarta tampoco el traspaso de los hospitales nacionales a la órbita de las provincias. También se considera limitar los medicamentos de alto costo o para cuidados paliativos cuya autorización se gestiona por vía judicial, así como revisar y reordenar los gastos asociados a servicios por discapacidad, tales como transporte y educación integradora que se llevan el 80% del fondo de redistribución para obras sociales. No se pueden pasar tampoco por alto las graves irregularidades detectadas en la facturación de prestaciones médicas falsas de la Agencia Nacional de Discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud, hoy investigadas por el fiscal Guillermo Marijuan.
En la mira está sistematizar y centralizar los datos de los pacientes, información clave para la transparencia y la trazabilidad; la obligatoriedad de la receta electrónica parecería ir en esa dirección.
A partir del “no hay plata”, además del presupuesto para los hospitales nacionales, las prioridades contemplan los programas de inmunizaciones y aquellos protegidos por ley, como así también la adquisición de medicamentos e insumos, con una lógica de medicina basada en evidencias clínicas. En un contexto de limitación económica, la ley de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que aguarda aprobación del Congreso, evitará malgastar fondos en terapéuticas no efectivas, ni eficientes. Entre las prioridades está también asegurar el acceso a los servicios de los sectores vulnerables sin cobertura a través del Programa Sumar y un plan de vacunación contra el dengue focalizado, ya que el resto correrá por cuenta de las provincias.
En agosto de 2023, distintos especialistas analizaban el plan sanitario del candidato libertario y calificaban de “interesantes” muchas de sus ideas aunque las juzgaban de difícil implementación. “Salud y educación son la base del capital humano”, planteaba Javier Milei al referirse a la necesidad de “asegurar que todos tengan acceso a una prestación mínima”, lo que sería el Plan Médico Obligatorio vigente. Su aspiración de eliminar la asistencia social directa para que cada uno pague sus servicios en un entorno de prosperidad suena aún lejana. “La idea de dejar de subsidiar la oferta y subsidiar la demanda tiene lógica, aunque no podría hacerse de un día para el otro”, se decía, al tiempo que se prometía apoyar el desarrollo progresivo del seguro de salud a través de seguros provinciales. El mejor sistema de salud posible sería uno privado en el que cada argentino pague por el servicio, afirmaban los libertarios, pero lo cierto es que esto no necesariamente sería equitativo. Liberar a los afiliados cautivos de las obras sociales nacionales abriría paso a la libre competencia y elección de prestadores, una desregulación cuya viabilidad algunos cuestionan respecto del PAMI, pero que en términos generales mejoraría la eficiencia.
La posibilidad de transferir aportes directos a una prepaga, sin pasar por obra social, y la constitución de Fondo Solidario de Redistribución que se conforma con el 20% de los aportes que las prepagas reciben de los afiliados, fueron de las primeras medidas instrumentadas.
Cuando alguno de los más de mil hospitales de todo el país tramitaban la devolución del costo de prestaciones brindadas a afiliados de obras sociales a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), no podían evitar el retraso de hasta 32 meses, agravado por la inflación, y la acumulación de trámites. El decreto 172 de febrero pasado erradicó la intermediación de la SSS y habilitó a las obras sociales a celebrar acuerdos libres con los hospitales para fijar las pautas de vinculación. Recuperar en tiempo y valores más razonables las prestaciones permitirá optimizar los recursos asignados para la atención que los nosocomios obligatoriamente deben dar a toda la población.
La irresponsabilidad de gestiones anteriores que prometían “El Estado te cuida” ha quedado expuesta dolorosamente también en el terreno de la salud. Con demasiada infraestructura ausente o en mal estado, insumos insuficientes que experimentan escandalosos aumentos, al igual que los medicamentos, y recursos humanos mal pagos, por solo mencionar algunas variables, la salud respira cada vez con más dificultad. Con una visión integral urge reordenar el sistema público para garantizar un servicio de calidad aceptable, más accesible y equitativo. Hay que apurar la traqueotomía pero pensando también en el largo plazo. Los retos son muchos e incluyen problemas estructurales críticos. La salud de los argentinos no puede seguir en sala de espera cuando demanda terapia intensiva.