El régimen iraní publicó este domingo una lista con los nombres de 2.986 personas fallecidas durante la represión de las protestas que comenzaron en diciembre, un balance que Teherán cifra en 3.117 muertos totales. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos advierten que la magnitud real de la masacre perpetrada por la República Islámica podría ser entre seis y diez veces superior, con estimaciones que alcanzan las 20.000 víctimas mortales.
“Me gustaría informar con tristeza a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos es de 3.117”, afirmó el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. El mandatario iraní explicó que la diferencia de 131 personas entre el total declarado y la lista publicada “se debe a la identidad desconocida de varias personas y a las discrepancias en el registro del documento nacional de identidad”, que serán incluidas en una lista complementaria una vez corregidas.
Pezeshkian anunció además que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que “cualquier nueva información y reclamación pueda ser examinada y verificada sin complicaciones administrativas”.
El comunicado presidencial mantiene la línea argumental del régimen, que atribuye el elevado número de víctimas a “terroristas” respaldados por Estados Unidos e Israel. “Los enemigos históricos y los detractores comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, afirmó Pezeshkian, sin hacer referencias específicas.
Las cifras oficiales, sin embargo, contrastan drásticamente con los datos recabados por organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, declaró a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país indican que las víctimas mortales podrían alcanzar las 20.000 personas.
“La magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas a lo largo de este mes ha sido enorme, de miles de personas”, confirmó Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aunque reconoció que es “difícil verificar las informaciones que llegan desde el país dadas las restricciones continuas sobre el terreno”.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de fuerza letal indiscriminada, con fuerzas de seguridad disparando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. Las morgues desbordadas, el uso de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres y los entierros apresurados sin identificación previa apuntan, según estas organizaciones, a un intento deliberado de ocultar la verdadera escala de la masacre.
El apagón casi total de internet impuesto por el régimen desde el 8 de enero ha sido clave para dificultar la verificación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo de ciberseguridad, confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo explícito de impedir que los ciudadanos difundan imágenes de la represión y de aislar al país del escrutinio internacional. Esta desconexión ha permitido que las fuerzas de seguridad actúen con mayor impunidad, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.
Las protestas estallaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por el colapso económico que atraviesa Irán. La tasa de inflación alcanzó el 42,2% en diciembre, con un aumento del 72% en el precio de los alimentos. El rial iraní se depreció drásticamente, con el dólar estadounidense alcanzando los 145.000 tomanes.
Lo que comenzó como huelgas de comerciantes se transformó rápidamente en manifestaciones masivas en las 31 provincias del país, con cánticos contra el líder supremo Ali Khamenei y exigencias de cambio del sistema político. Se trata de las protestas más grandes desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando el líder supremo Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”, según informaron funcionarios iraníes a medios internacionales.
Las fuerzas de seguridad recibieron la orden de disparar para matar sin mostrar piedad. The New York Times verificó videos que muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y seis barrios de Teherán. En la ciudad de Fardis, testigos alegan que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el despliegue de una ametralladora montada en un vehículo.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la semana pasada, en una sesión de emergencia, una resolución con 25 votos a favor que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluyendo niños, y un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos. La resolución prorrogó dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el de la relatora especial.
