El tribunal revolucionario de Mashad condenó este domingo a Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023 y reconocida activista iraní por los derechos humanos, a siete años y medio de prisión. La sentencia, confirmada en febrero de 2024, responde a cargos de conspiración y propaganda contra la República Islámica. Se trata de la décima condena impuesta contra Mohammadi desde 2021.
El abogado de la activista, Mostafa Nili, detalló a en sus redes sociales que Mohammadi recibió seis años de prisión por conspiración y colusión, un año y medio por actividad propagandística y, como pena complementaria, dos años de prohibición para salir del país. La resolución fue comunicada tras una audiencia en la sala primera del tribunal en Mashad, realizada mientras Mohammadi permanecía bajo custodia y en mal estado de salud.
Nili explicó que recibió una llamada telefónica de su defendida, su primera comunicación en casi dos meses, en la que la activista informó haber sido ingresada recientemente al hospital debido a problemas de salud. Durante la llamada, interrumpida antes de que pudiera describir las circunstancias de su detención violenta a mediados de diciembre de 2023, Mohammadi relató su traslado al tribunal. El abogado precisó, de acuerdo con la legislación iraní, que la condenada debe ser enviada a prisión, aunque sostuvo que, por su estado físico, debería acceder a la excarcelación provisional bajo fianza.
“En vista de sus enfermedades, se espera que se ordene su liberación temporal bajo fianza para que pueda recibir tratamiento médico”, afirmó Nili.
La trayectoria judicial de Mohammadi evidencia una persecución persistente. Fue puesta en libertad condicional por razones médicas a finales de 2023, pero en noviembre ya había denunciado la prohibición permanente de salir de Irán y la negativa a expedirle pasaporte, lo que le impide ver a sus hijos, residentes en el extranjero, desde hace once años. En total, Mohammadi ha sido detenida trece veces y condenada en nueve ocasiones, acumulando causas judiciales y penas de prisión durante más de una década.
Internacionalmente, Mohammadi es conocida por su defensa de los derechos de las mujeres y su resistencia ante la represión estatal, labor reconocida por el Comité Nobel noruego en 2023. El Comité destacó su lucha “contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos”. Su caso ha incrementado la presión global sobre las autoridades iraníes y ha sido señalado repetidas veces por organizaciones internacionales.
La represión en Irán se intensificó tras las manifestaciones multitudinarias que comenzaron en diciembre como protesta ante la crisis económica y evolucionaron hasta exigir un cambio de régimen. Las cifras oficiales reconocen 3.117 muertos desde el inicio de las protestas, mientras la organización Human Rights Activists (HRA) documenta 6.941 fallecidos —de los cuales 6.495 eran manifestantes y 171, menores de edad—, así como 50.921 arrestos y 11.021 heridos graves. La agencia HRANA, dependiente de HRA, considera estos datos como mínimos verificados y tiene bajo revisión más de 11.600 posibles muertes adicionales.
Distintos organismos remarcan que acceder a cifras independientes resulta complejo, con la verdadera magnitud aún incierta. Según Mahmood Amiry Moghaddam, director de Iran Human Rights (IHR), el conocimiento total de la tragedia solo será posible si se permite una investigación internacional: “Creo que los detalles definitivos tendrán que esperar a que el régimen caiga y se pueda hacer una misión de investigación independiente”.
El caso del “Comunicado de los 17”, firmado por Mohammadi, otros activistas y figuras destacadas, exigía un referéndum libre, una asamblea constituyente y el fin de la República Islámica. La publicación de este documento ha provocado nuevas detenciones, como la de Ghorban Behzadian-Nejad, así como el arresto de cineastas y defensores de derechos humanos. Las autoridades han atribuido los disturbios a instigaciones extranjeras, sobre todo a Israel, intento que organizaciones consideran una estrategia para desviar la atención de la represión interna. La asesora legal de HRA, Jennifer Connet, indicó que “ese discurso no es inusual” y suele emplearse para transformar la disidencia local en presunta injerencia foránea.
Organizaciones internacionales han advertido que la reacción del régimen iraní incluye censura mediática, presión sobre familias de desaparecidos y uso regular de armamento militar en protestas civiles. Connet subrayó el carácter extremo del control y la militarización ejercidos sobre la sociedad. A su vez, Moghaddam destacó que obtener un panorama completo resulta extremadamente difícil debido a la represión sistemática.
A pesar de las sucesivas sentencias y del riesgo de prisión, Narges Mohammadi mantiene su activismo y voz en defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Irán.
