La crisis institucional desatada tras la protesta de la Policía de Santa Fe ya dejó de ser un problema estrictamente provincial. En las últimas horas, el conflicto ingresó de lleno en la agenda del poder central y es seguido con atención permanente desde la Casa Rosada, donde crece la preocupación por una escalada que exceda los límites santafesinos.
Según pudo reconstruir este medio, hubo contactos directos entre funcionarios nacionales y provinciales, llamados cruzados entre áreas de seguridad y reuniones reservadas en las principales mesas políticas del Gobierno nacional. La consigna es clara: monitoreo constante, prevención y preparación ante escenarios que, hasta hace pocos días, parecían impensados.
El temor al “efecto espejo”
Más allá de la gravedad del conflicto en sí, lo que más inquieta al Gobierno nacional es el posible efecto contagio. En despachos oficiales reconocen el temor a que lo ocurrido en Santa Fe funcione como un espejo para otras provincias, donde las fuerzas de seguridad atraviesan situaciones similares de desgaste salarial, sobrecarga operativa y malestar acumulado.
La preocupación no se limita a las policías provinciales. En ámbitos reservados también se analiza el impacto que este conflicto podría tener sobre fuerzas federales, en un contexto económico y social delicado, donde cualquier señal de quiebre en la disciplina institucional puede amplificarse rápidamente.
“El problema no es sólo Santa Fe; el problema es lo que habilita”, admitió una alta fuente del Gobierno nacional en diálogo con este medio.
Acciones preventivas y escenarios en análisis
Mientras públicamente se evita hablar de medidas concretas, puertas adentro ya se activaron acciones preventivas. El conflicto santafesino es seguido minuto a minuto y se elaboran informes de situación que evalúan su evolución territorial, el nivel de adhesión interna y el grado de ruptura de la cadena de mando.
Una fuente con acceso a las discusiones de alto nivel fue contundente:
“Si en las próximas horas el conflicto no se desinfla o no muestra señales claras de resolución, hay herramientas preparadas. Nadie quiere usarlas, pero están sobre la mesa.”
Si bien no se mencionan formalmente, en el radar aparecen mecanismos institucionales previstos por la Constitución para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales y preservar el orden público. La sola mención de estos escenarios da cuenta de la magnitud de la alarma.
Santa Fe, en el centro de la escena nacional
En las principales mesas de poder del nacional ya no se habla de un conflicto sectorial, sino de un estallido institucional sin precedentes recientes en Santa Fe. El diagnóstico es compartido: el reclamo policial escaló porque no fue leído a tiempo y porque la respuesta política fue errática.
En ese análisis, aparece con fuerza una crítica hacia la conducción provincial. Se habla de “mala muñeca política”, de falta de reflejos y de una estrategia basada más en la imposición que en la contención. La decisión de avanzar con sanciones, amenazas y represión interna, lejos de ordenar la situación, profundizó la crisis y encendió alarmas a nivel nacional.
Una cuenta regresiva política
El Gobierno nacional observa, espera y se prepara. Pero también marca tiempos. La resolución –o no– del conflicto en las próximas horas será determinante para definir los pasos a seguir.
La pelota sigue estando en el campo del Gobierno de Santa Fe. Restablecer la paz institucional, reconstruir la autoridad política y evitar que la crisis siga escalando ya no es sólo una necesidad provincial: se convirtió en una cuestión de interés nacional.
Porque cuando una fuerza de seguridad entra en crisis, el impacto nunca queda limitado a una sola jurisdicción. Y en la Argentina actual, nadie en el poder está dispuesto a subestimar esa advertencia.
