La aceptación de la propuesta salarial del gobierno provincial por parte de los gremios mayoritarios de la administración central volvió a cerrar formalmente un capítulo paritario que, hacia adentro del universo estatal, dista de exhibir un clima homogéneo. Mientras UPCN y ATE provincial comunicaron este viernes la validación de la oferta oficial, Rosario emergió nuevamente como el territorio donde comenzaron a expresarse las objeciones más duras.
La oferta presentada por la Casa Gris —que contempla una recomposición del 3% por el desfasaje del segundo semestre de 2025 y un incremento del 12,5% para el período enero–junio de 2026— fue aceptada por mayoría en ambas organizaciones sindicales. En el caso de UPCN, el resultado de la votación online arrojó un 56% a favor y un 44% en contra. Desde ATE provincial, en tanto, se informó una aprobación del 62,6%.
Desde el Ejecutivo destacaron la validación de la política salarial, subrayando que el esquema incluye sumas garantizadas de $75.000 para enero y un piso mensual de $170.000 desde febrero, además de mejoras específicas en suplementos para asistentes escolares, trabajadores de la salud y áreas críticas del sistema penal juvenil.
Sin embargo, la lectura territorial del proceso exhibe matices relevantes. En Rosario, la seccional local de ATE se desmarcó rápidamente del clima de aceptación y difundió un documento con un tono marcadamente crítico, en el que cuestionó tanto el alcance del incremento como la dinámica de negociación.
“El sindicato no puede ser una escribanía del gobierno”, señalaron desde ATE Rosario, al tiempo que convocaron a un plenario de trabajadores para el próximo 24 de febrero. En ese pronunciamiento, la conducción local calificó la propuesta como insuficiente frente al deterioro acumulado del poder adquisitivo y reclamó una discusión más amplia que incluya condiciones laborales, asignaciones familiares, jubilaciones y régimen de licencias médicas.
El posicionamiento rosarino reintroduce un patrón que ya había quedado expuesto semanas atrás durante la crisis policial. En aquel episodio, Rosario fue el punto de mayor visibilidad del conflicto, que derivó en anuncios oficiales sobre mejoras salariales y condiciones de trabajo para el personal de seguridad.
Ahora, el distrito vuelve a convertirse en el espacio donde emergen señales de malestar, esta vez desde sectores de la administración central. El paralelismo no es menor en términos políticos: mientras la conducción provincial de los gremios validó la propuesta, en Rosario comenzó a consolidarse un discurso que combina cuestionamientos salariales con críticas al formato de las paritarias.
Desde politicadesantafe.com ya se había advertido, en la previa del cierre de las votaciones, que el resultado de aceptación aparecía como el escenario más probable. En los últimos dos años, UPCN y ATE provincial han acompañado de manera sostenida las políticas salariales del Ejecutivo, incluso en contextos de fuerte tensión interna y reclamos sectoriales.
En este marco, el foco vuelve a desplazarse hacia la dimensión territorial del conflicto. La aceptación formal de la oferta garantiza previsibilidad institucional para el gobierno, pero no necesariamente desactiva el malestar en sectores donde la percepción sobre la evolución del salario sigue siendo crítica.
Rosario, una vez más, aparece como el termómetro político y sindical de ese descontento. La convocatoria a instancias de debate y posibles medidas de acción directa anticipa que, aun con la paritaria cerrada en términos formales, la discusión sobre ingresos y condiciones laborales continuará proyectándose en el terreno.
