Un solo pago de USD 10,000, documentado en la declaración jurada federal, publicada por el medio Diario Libre, permitió descifrar la supuesta red de corrupción liderada por Melitón Cordero, exjefe de la DEA asignado en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana. La investigación de las autoridades se centró en la transacción, compuesta por una parte transferida electrónicamente y otra en efectivo, a cambio de una visa de no inmigrante obtenida de manera fraudulenta.
La publicación de Diario Libre indica que, según autoridades federales de EE. UU., el desglose muestra que USD 3,000 fueron transferidos por una remesadora local al denominado “Individuo A”, promotor de talentos y presunto intermediario. El resto, USD 7,000, fue entregado en persona a Melitón Cordero durante una reunión vigilada y grabada por agentes encubiertos, en el estacionamiento de un supermercado capitalino.
La declaración jurada firmada por Robert Tansey, agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), expone que la gestión ilegal contaba con certificaciones falsas y referencias manipuladas. El objetivo era agilizar el trámite para clientes dispuestos a pagar por lo que internamente se describía como una cita consular de prioridad máxima, eludiendo la espera de hasta 18 meses y evitando el escrutinio habitual del Departamento de Estado.
Según consigna el medio, la denuncia judicial presentada el 12 de febrero de 2026 se fundamenta en una minuciosa investigación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) liderada por el agente especial Robert Tansey. La pesquisa reveló que entre marzo de 2022 y febrero de 2026, Cordero presentó 74 solicitudes o referencias y aprobó otras 45. Este total, cerca de 119 gestiones en menos de cuatro años, fue calificado por el personal consular como “extraordinariamente alto” respecto de otros agentes y organismos asignados a la embajada.
El operativo encubierto verificó el esquema de cobros y falsificación de referencias
La operación encubierta fue posible gracias a la denuncia de un antiguo empleado consular convertido en informante. Este alertó tras detectar demoras inusuales en las citas y recibir la propuesta de un contacto capaz de acelerar el proceso. Las conversaciones, registradas por los investigadores, documentan el uso de identidades ficticias, mensajes cifrados y una red de intermediarios que facilitaban el acceso a funcionarios corruptos. El caso expuso la vulnerabilidad de los sistemas consulares y el beneficio económico generado por la presunta corrupción.
La secuencia de la operación policial incluyó la participación activa de FDI-1 y de una segunda fuente confidencial (FDI-2), quien cumplió el rol de solicitante. En enero de 2026, conforme a instrucciones de los implicados, FDI-2 realizó una transferencia bancaria de USD 3,047.62 a través de una remesadora, con los datos suministrados por el Individuo A.
En esa etapa, los agentes documentaron comunicaciones de WhatsApp en las que el Individuo A remitía fotografías del pasaporte del solicitante a “Milito Clara”. Cordero, desde su teléfono oficial, reexpidió estas imágenes a personal consular, solicitando comprobaciones rápidas del estatus migratorio.
El 13 de enero de 2026, Cordero emitió al correo consular de la embajada un formulario DS-5533 (Referencia), firmado tanto por él como por otro agente de la DEA. En la narración para justificar la referencia afirmó: “Trabajamos de manera quincenal con el solicitante en tareas vinculadas a la lucha antidrogas y contra el lavado de dinero que afectan directamente a Estados Unidos”. Sin embargo, FDI-2 declaró bajo juramento que jamás había tenido contacto con Cordero ni la DEA fuera de la operación orquestada por las fuerzas del orden.
El 27 de enero de 2026, bajo vigilancia policial y usando dispositivos de grabación ocultos, FDI-2 entregó en mano a Cordero USD 7,000 en el estacionamiento de un supermercado de Santo Domingo. El agente federal, a bordo de un Toyota Prado negro, entregó el pasaporte con la visa aprobada al solicitante. Las imágenes de vigilancia de la embajada confirmaron la salida inmediata de Cordero en ese vehículo oficial antes del encuentro.
Las pruebas incluyeron identificaciones fotográficas y confesión jurada del solicitante
El proceso de identificación contuvo la elaboración de dos series fotográficas. FDI-2 reconoció a Cordero como la persona que recibió el dinero y entregó el pasaporte la noche del 27 de enero, usando imágenes recientes extraídas de su pasaporte estadounidense.
En una declaración jurada fechada el 3 de febrero de 2026, FDI-2 reafirmó que nunca mantuvo labores informativas con la DEA ni contacto previo con Cordero, y que la única relación consistió en la entrega del dinero preparado por las fuerzas del orden y la recepción del pasaporte con visa.
La investigación, aún en curso, ha provocado inquietud en los ámbitos diplomáticos y de seguridad, al poner en entredicho la integridad de los controles migratorios y la confianza en la misión de EE. UU. en República Dominicana.
