La provincia incorpora nuevas herramientas para investigar organizaciones delictivas en toda su estructura. El foco deja de estar en los ejecutores y pasa a concentrarse en el dinero, los vínculos y el funcionamiento integral del delito.
La Cámara de Diputados de Santa Fe avanzó con la adhesión a la Ley Antimafia impulsada a nivel nacional, en una decisión que marca un cambio profundo en la política criminal de la provincia. Más que una nueva normativa, se trata de un giro en la forma de investigar y perseguir el delito organizado, especialmente en un territorio atravesado por la violencia vinculada al narcotráfico.
La iniciativa propone dejar atrás un esquema centrado en los eslabones más débiles —los denominados “soldaditos”— para avanzar sobre toda la estructura que sostiene las organizaciones criminales. Esto incluye no solo a quienes ejecutan delitos, sino también a quienes financian, organizan, transportan o lavan dinero.
Un cambio de paradigma en la persecución penal
Uno de los puntos centrales de la ley es la equiparación de responsabilidades dentro de las organizaciones delictivas. En ese sentido, todos sus integrantes podrán recibir penas similares, independientemente del rol que ocupen dentro de la estructura.
“Es una ley diseñada para atacar a fondo todos los niveles de una organización”, explicó la diputada provincial Ximena Sola, una de las voces que defendió la iniciativa en el recinto. Según detalló, el objetivo es ir “por el dinero, por los bienes y por la estructura que sostiene el delito”.
Las penas previstas oscilan entre los 8 y 20 años de prisión y se aplican de manera uniforme a todos los miembros de la organización, bajo la premisa de que si el delito funciona como un sistema, la respuesta del Estado también debe ser integral.
Este enfoque busca evitar una de las principales limitaciones del modelo anterior: la rápida recomposición de las bandas tras la detención de sus miembros más visibles.
Más herramientas y coordinación
La adhesión a la ley también implica la incorporación de nuevos mecanismos investigativos y operativos. Entre ellos, se destacan mayores facultades para realizar allanamientos, incluso en entornos vinculados a los sospechosos, y una mayor agilidad en las órdenes judiciales.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia remarcaron que la normativa permitirá fortalecer la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, un aspecto clave para abordar delitos complejos.
“Es un hito en la lucha contra estas organizaciones”, señaló en declaraciones radiales la secretaria de Gestión, Virginia Coudannes, quien subrayó la necesidad de “coordinación, articulación e ir entre todos” para lograr resultados concretos.
Además, la implementación requerirá un trabajo conjunto con unidades fiscales especializadas y organismos de investigación, en un esquema que apunta a abordar el delito de manera sistémica.
El contexto: un delito que muta
La adhesión a la Ley Antimafia se da en un escenario donde el narcotráfico ha modificado sus formas de operar. Las estructuras tradicionales dieron paso a esquemas más flexibles, con mayor movilidad y fragmentación.
“Más delivery, más motitos trasladando la sustancia”, describió Sola, al explicar cómo el delito se adapta para evitar ser desarticulado.
En ese marco, el nuevo enfoque busca impedir que las organizaciones se reconstruyan rápidamente. La clave está en atacar los circuitos económicos y logísticos que permiten su funcionamiento.
La lectura política del Gobierno
El gobernador Maximiliano Pullaro interpretó la aprobación como parte de una estrategia más amplia de endurecimiento de la política criminal en la provincia.
“Santa Fe dio otro paso para terminar con un sistema garantista que durante mucho tiempo fue incapaz de ponerle un freno a las organizaciones criminales”, sostuvo el mandatario, al tiempo que destacó la necesidad de avanzar con “más coordinación, más investigación y penas más duras”.
La adhesión a esta ley se inscribe así en un paquete de medidas que el Ejecutivo viene impulsando para reforzar la seguridad, en un contexto donde la problemática del narcotráfico sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales.
Qué cambia en Santa Fe
Con esta normativa, la provincia suma herramientas que modifican aspectos clave del sistema penal:
- Se amplía el alcance de las investigaciones, incorporando a toda la estructura delictiva.
- Se equiparan las penas para todos los integrantes de una organización criminal.
- Se agilizan los procedimientos judiciales, especialmente en allanamientos.
- Se refuerza la coordinación entre fuerzas de seguridad y el sistema judicial.
- Se incorpora un enfoque centrado en el dinero y los bienes vinculados al delito.
En definitiva, Santa Fe busca pasar de un modelo reactivo a uno estructural, donde el objetivo no sea solo detener a quienes cometen delitos, sino desarticular las organizaciones que los sostienen.
Un cambio de paradigma que ahora deberá demostrar su eficacia en el terreno, donde el delito, como advierten los propios actores del sistema, no deja de mutar.
