Por Claudia E. Balagué *
Lo que ocurrió la semana pasada en el municipio de San Cristóbal nos dejó a todos sin palabras. La situación fue trágica: un adolescente de 15 años entró armado a su escuela, mató a un compañero de 13 años e hirió a ocho compañeros más.
En primer lugar, en el mundo de la inmediatez, quiero reivindicar ese momentum en el que el tiempo se suspende y nos quedamos mudos frente a un hecho que no encuentra asidero en nuestro lenguaje para ser explicado rápidamente. Eso es un rasgo de humanidad. Sin embargo, frente al dolor, poner palabras y acompañar —en este caso el sufrimiento de amigos, familiares y de toda una comunidad educativa — es una tarea casi obligada de quienes ejercemos cargos públicos y tenemos responsabilidades particulares.
Esta responsabilidad nos obliga a reconocer que los esquemas de gestión con los que contamos hoy en el Ministerio de Educación son insuficientes para abordar la complejidad creciente con la que nos encontramos en las instituciones educativas cotidianamente. Lo que ocurrió en la escuela N° 40 de San Cristóbal es expresión de una problemática social estructural.
Este escenario se ve agravado por un contexto nacional en el cual, desde las más altas esferas del poder político se institucionaliza la violencia y se convierte el discurso público en un show de la humillación a quien piensa distinto. Se promueve la tenencia de armas, se descalifica a los trabajadores estatales y se replica un viejo plan económico que ya se llevó adelante en los años más oscuros de nuestro país, de entrega de nuestra soberanía, económica, territorial e intelectual a los grandes poderes globales. Con un estilo quizás, más moderado, pero con resultados que guardan una preocupante simetría, el gobierno provincial replica prioridades que hoy vemos en el gobierno nacional; paritarias que se cierran, aumentos por decreto que no impactan en jubilaciones y docentes agotados. Familias con múltiples empleos y niños expuestos prematuramente a pantallas y violencias digitales (autolesiones, trastornos alimenticios, dismorfia).
Si bien el actual gobernador ha instalado la seguridad como eje central de su agenda, lo ha hecho desde una mirada estrictamente punitivista que agota la respuesta en el despliegue policial. No obstante, la seguridad de una comunidad requiere un abordaje integral y multidimensional: el acceso a la salud y la educación públicas de calidad, al empleo y a la cultura, son la base para construir un horizonte de seguridad pública. Estoy plenamente convencida de que, de otra manera, no perdurará a través del tiempo.
Frente a este panorama de desamparo, no podemos quedarnos en el diagnóstico: es urgente legislar para la nueva era. Debemos promover normativas provinciales que impliquen un compromiso real del Estado y que trasciendan los gobiernos de turno. Para ello, propongo trabajar sobre consensos claros. Necesitamos una Ley de Abordaje Integral que permita prevenir, intervenir y acompañar las situaciones de conflicto antes, durante y después de los hechos.
En términos prácticos, esto significa que debemos fortalecer y otorgar funciones claras y precisas, en cada escuela de nuestra provincia a los tres equipos de intervención, que hoy son claves: el equipo Socioeducativo Interdisciplinario, el equipo de Convivencia Escolar y el equipo de Educación Sexual Integral (ESI). La convivencia escolar plantea la necesidad de conformar consejos que se reúnan —al menos mensualmente — integrados por familias, estudiantes, docentes y asistentes escolares, que puedan elaborar acuerdos que se cumplan estrictamente y funcionen como herramientas prácticas e indiquen a quién recurrir, a quién llamar y qué profesionales deben estar cerca de la institución, frente a diversas situaciones violentas o de peligro. Para esto, necesitamos duplicar los equipos territoriales –lo cual implica duplicar presupuesto – en pos de garantizar cercanía en cada comunidad educativa.
Sabemos que las violencias que estallan en las aulas no nacen en la escuela, y que ningún joven entra armado a su colegio si la contención y el acompañamiento han llegado antes. Este hecho, sin dudas, marca un antes y un después que nos debe interpelar particularmente a los adultos, porque existe una corresponsabilidad que trasciende a los poderes públicos e involucra otros actores como las familias y los medios de comunicación. Debemos comprender que, incluso cuando creemos que están seguros en casa, nuestras infancias pueden estar navegando los universos más hostiles a través de la virtualidad, lo cual nos obliga a debatir y conversar sobre la regulación digital. Por ello, la necesidad de que las políticas sociales abracen nuevamente a nuestras instituciones educativas y sus problemáticas actuales, fortaleciendo todo lo que esté a nuestro alcance para hacer de éste, un mundo más vivible para nuestras infancias y adolescencias.
Claudia E. Balagué*
Diputada Provincial por el Frente Amplio por la Soberanía