El diputado provincial Walter Agosto encendió una nueva señal de alerta sobre la transparencia en la gestión provincial al presentar un pedido de informes para conocer por qué el gobierno de Maximiliano Pullaro dejó de publicar la evolución de la planta de personal del Estado.
Según planteó el legislador peronista, la última información oficial disponible data de marzo de 2025, lo que implica más de un año sin actualizaciones sobre uno de los indicadores clave para medir el tamaño y la estructura del Estado provincial.
Un dato que deja de publicarse en medio de cambios estructurales
El informe “Evolución de la planta de personal ocupada del Sector Público Provincial” es una herramienta central para analizar la cantidad de empleados estatales, su distribución y su evolución en el tiempo.
Sin embargo, desde la gestión actual, ese dato dejó de difundirse sin explicaciones oficiales.
Para Agosto, esta ausencia no es un hecho menor, sino parte de un problema más amplio: la dificultad de acceder a información pública clave para evaluar el funcionamiento del Estado.
El contraste con los datos no oficiales
En paralelo a la falta de información oficial, un informe del Centro de Economía Política Argentina volvió a poner el tema en agenda.
Según ese relevamiento, la estructura política del gobierno provincial habría crecido de manera significativa en los últimos años.
El dato más impactante es el salto en los cargos políticos, que pasaron de 662 en 2023 a 2.115 en 2025, es decir, más del triple en apenas dos años.
El crecimiento no se limita a los niveles superiores. También se expandió fuertemente la base de cargos de designación directa, especialmente los llamados asistentes técnicos, que pasaron a conformar un esquema más amplio y segmentado.
Menos planta, más política
El informe plantea una tendencia clara: mientras se reduce o se contiene la planta de trabajadores de carrera, se incrementa la estructura política del Estado.
Esto implica no solo un cambio en la composición del empleo público, sino también en el destino del gasto.
Según los datos relevados, los salarios de estos cargos se ubican en niveles elevados, con ingresos que superan los tres millones de pesos en los niveles iniciales y alcanzan cifras superiores en los rangos jerárquicos.
Transparencia y pauta oficial: otro dato que no aparece
El pedido de informes también reabre otra discusión que viene creciendo en el ámbito político: la falta de datos oficiales sobre el gasto en pauta publicitaria.
Desde el inicio de la gestión, el gobierno provincial no publica de manera sistemática cuánto destina a comunicación oficial ni cómo se distribuyen esos recursos.
Este punto adquiere relevancia en un contexto donde distintos sectores advierten sobre la existencia de medios vinculados a dirigentes políticos del propio frente oficialista.
Sin datos públicos, la trazabilidad de esos fondos queda limitada y alimenta las sospechas sobre posibles discrecionalidades.
Un reclamo que apunta al corazón de la gestión
El planteo de Agosto no se limita a una cuestión técnica. Apunta a un aspecto central de la gestión pública: la transparencia en el uso de los recursos y en la estructura del Estado.
En un escenario donde los datos oficiales escasean, los informes externos comienzan a ocupar ese lugar, aunque sin la validación institucional que exige el control público.
La pregunta que queda abierta
La falta de información oficial sobre la planta estatal y el gasto en pauta deja una pregunta que atraviesa el debate político: ¿qué está pasando con el Estado santafesino puertas adentro?
Mientras el gobierno sostiene un discurso de orden y eficiencia, la ausencia de datos y los informes alternativos empiezan a dibujar un escenario más complejo.
Y en ese cruce, el pedido de informes presentado en la Legislatura busca algo básico, pero clave: volver a poner luz sobre los números del Estado.
