Durante el Congreso de Fedegán en Barranquilla, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga abordó los costos económicos del conflicto armado en Colombia y el comportamiento del presupuesto destinado a la defensa tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, de acuerdo con información recopilada por la emisora colombiana W Radio.
Según cifras del ente de control, antes del pacto, el conflicto representaba un gasto anual de 30 millones de dólares. Sin embargo, incluso con la reducción de la confrontación, los recursos para defensa y seguridad continuaron incrementándose.
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Zuluaga explicó que entre 2016 y 2023 se observó un aumento promedio anual del 8% en este presupuesto. Estos recursos, según detalló, se concentraron principalmente en pagos de personal y obligaciones relacionadas con pensiones.
Esto demuestra que, a pesar de los avances hacia la paz, las necesidades de gasto en el sector defensa han seguido siendo una prioridad financiera.
Por otro lado, el vicecontralor también se refirió al presupuesto asignado a los programas de paz, destacando su volatilidad.
Aunque en 2023 se registró un incremento significativo del 265%, esta variabilidad pone de manifiesto los desafíos para mantener una financiación constante que permita avanzar en la consolidación de los acuerdos.
Acuerdo de paz: Defensoría del Pueblo hizo recomendaciones a Petro para priorizar compromisos
A ocho años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas Farc, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al gobierno de Gustavo Petro para priorizar las acciones que beneficien a las mujeres víctimas del conflicto.
Iris Marín, defensora del Pueblo, señaló que más de la mitad de las 130 disposiciones con enfoque de género pactadas aún no han sido implementadas, lo que dificulta la reparación efectiva y la garantía de derechos.
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Entre las recomendaciones destacan:
- Acceso a tierras: Actualizar la Ley 731 de 2002 para dinamizar los programas dirigidos a las mujeres rurales, garantizando su acceso a la propiedad y promoviendo su desarrollo.
- Participación política: Fortalecer las medidas contra la violencia política de género y garantizar el financiamiento para mujeres en las Curules de Paz, donde solo tres de las 16 circunscripciones están lideradas por ellas.
- Justicia y reparación: Avanzar en el macrocaso 11 de la JEP sobre violencia de género y destinar recursos específicos para proyectos restaurativos que atiendan los daños sufridos por mujeres.
- Protección a lideresas: Asegurar la implementación de planes de garantías para mujeres firmantes del acuerdo y lideresas sociales, priorizando medidas específicas para comunidades étnicas.
- Inversión pública: Asignar recursos suficientes para programas en territorios Pdet, enfocándose en prevenir la violencia y atender sus necesidades específicas.
- Incorporar enfoque étnico: Desarrollar políticas afirmativas que respeten y garanticen los derechos colectivos de las mujeres de comunidades étnicas, asegurando su participación en condiciones de seguridad.
La Defensoría insistió en que la consolidación de la paz requiere compromisos claros y recursos sostenibles, destacando que las mujeres, particularmente las étnicas, enfrentan barreras significativas para acceder a los beneficios del acuerdo.