En medio del refuerzo de la seguridad escolar en todo el país ante reiteradas amenazas de ataques, la policía detuvo a la madre de un alumno de 17 años que ingresó con una réplica de arma de fuego a un instituto de Las Heras, Mendoza.
La mujer había sido imputada por la Justicia el viernes junto a su hijo acusada de ser “instigadora del delito de intimidación pública”. Pero fue a prisión tras confirmarse que ella misma lo había alentado a concurrir al establecimiento educativo con el arma falsa.
El fiscal Juan Manuel Sánchez agravó este martes la imputación y ordenó la detención y su alojamiento en la Penitenciaría Provincial, de manera preventiva.
El funcionario público consideró que, al momento de la ejecución del hecho “ya era de público y de notorio conocimiento, no sólo en las comunidades educativas, sino también en la sociedad en general, el temor y la alerta que se venía generando”, de acuerdo al comunicado del Ministerio Publico Fiscal de Mendoza, al que accedió LA NACION.
Bajo esta premisa, el funcionario público consideró que la severidad del hecho ameritaba una sanción mayor, dado que la intimidación fue agravada “por la participación de un menor”, su propio hijo. Con esta nueva imputación, la acusada enfrenta una posible pena de entre tres y ocho años de prisión.
“A su vez, se valoró la particular situación de instigar a un adolescente del cual resulta ser progenitora, sumado a la severidad de la escala penal del delito endilgado, todo lo cual se traduce en una expectativa de pena de cumplimiento efectivo”, detalla el texto.
Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza confirmaron a LA NACION que el menor, al ser interrogado por el arma que portaba, aseguró que su madre lo había impulsado a llevarla para desafiar protocolos de seguridad implementados tras una semana marcada por mensajes intimidatorios en 150 institutos de la provincia.
“Le dijo que los protocolos activados en la provincia eran malos y que nada iba pasar si llevaba la réplica a la escuela, pero los descubrieron”, aseguraron desde la DGE.
El protocolo activado en la provincia prevé una inspección exhaustiva de baños, pupitres y espacios comunes, restringe el uso de mochilas, permitiendo solo carpetas y cartucheras, e intensifica la supervisión de espacios comunes y la rápida denuncia de incidentes.
La normativa, que prioriza la contención psicológica y exige a las familias supervisar redes sociales y pertenencias, advierte también que estos actos se sancionarán como intimidación pública con responsabilidad civil de los padres.
La DGE aclaró a este diario que este miércoles los ministros de Educación y de Seguridad de la provincia brindarán precisiones de los operativos, las actuaciones y novedades sobre los protocolos.
Protocolos para docentes y multas para padres
Los gobiernos comenzaron a aplicar distintas estrategias para frenar la ola de amenazas escolares desatada tras la tragedia en San Cristóbal, Santa Fe, en la que un adolescente de 15 años —inimputable por ley— abrió fuego con una escopeta de caza de su abuelo en la Escuela Normal N°40, provocando la muerte de un compañero de 13 años e hiriendo a otros dos.
Algunos iniciaron caminos netamente preventivos, con revisiones de mochilas a los alumnos antes del ingreso en aquellos colegios en los que se detectaron amenazas y otros con preparación de los planteles docentes para abordar a episodios de violencia, con guías y protocolos de acción, coordinados con fuerzas de seguridad.
Los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires notificaron el lunes a los directivos escolares guías de actuación inmediata ante la detección de mensajes amenazantes o la presencia de armas en las escuelas. Estas líneas orientativas establecen desde pasos administrativos y comunicaciones jerárquicas para identificar a los responsables hasta procedimientos específicos de seguridad en caso de detectar a un alumno armado.
Otros ponen en juego tácticas punitivas previstas en el Código Civil, por el cual se atribuye un deber de resarcimiento al responsable de un daño injustificado −el autor de las amenazas, en este caso− y, solidariamente, también a los padres por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos.
En Santa Fe se cargará a la cuenta de los padres el costo de los operativos policiales necesarios para atender cada nueva amenaza en una escuela. En Salta, por ejemplo, se reforzaron los controles en el ingreso de los establecimientos educativos.
