Por Claudia E. Balagué *
Hoy en la Argentina envejecer está dejando de ser un derecho para convertirse en un problema. Y no es una exageración: es lo que demuestran las decisiones que está tomando el gobierno nacional.
El programa REMEDIAR, que garantizaba medicamentos en más de 7.800 centros de salud a lo largo y ancho de nuestro país, pasó de cubrir más de 70 medicamentos a apenas dos o tres. Como bien ha señalado Leonardo Caruana, concejal de Rosario: “Es la caja de herramientas del médico clínico, del pediatra o del generalista en el barrio, porque tiene los medicamentos de utilización más frecuentes. Cuando se atacan planes como el REMEDIAR, se pone en crisis la historia de la salud pública de nuestro país». Esto, lejos de ser una simple reducción por falta de presupuesto o un recorte aislado, es una decisión política: la de desfinanciar los programas y organismos públicos de salud por los cuales —dato no menor— somos reconocidos a nivel internacional.
Lo más preocupante es que no están retirando subsidios secundarios o que no funcionaban correctamente para, en el mejor de los casos, reemplazarlos por metodologías diferentes. Están quitándole a los jubilados la posibilidad de acceder a medicamentos esenciales que sostienen tratamientos cotidianos y regulares, como la hipertensión o la diabetes.
Al mismo tiempo, el PAMI empieza a fallar: falta de medicamentos en los hospitales e interrupción de prestaciones a los afiliados por falta de pagos, como el caso de las ópticas que dejan de atenderlos porque no cobran. Es decir, lisa y llanamente, jubilados que no reciben ni siquiera el par de anteojos que necesitan, para desarrollar su día a día. No es déficit cero, no es equilibrio fiscal; es dejar de invertir en lo imprescindible, como lo es el derecho a la salud.
Todo esto ocurre mientras se instala el debate de una reforma previsional con el objetivo, entre otras cosas, de ampliar la edad jubilatoria. El cuadro es claro: menos medicamentos, menos cobertura, más dificultades y mayores exigencias. Ese es el modelo.
Ahora bien, esto no queda en la General Paz. En la provincia de Santa Fe, los envíos del plan REMEDIAR cayeron más de un 55% entre 2024 y 2025. La provincia aportó 7 mil millones de pesos el año pasado y 17 mil millones en lo que va de 2026 para sostener el sistema. Pero hay un límite: una provincia jamás puede reemplazar a la Nación; entonces el problema no desaparece, se traslada. En primer lugar a los hospitales y centros de salud y, finalmente, a la vida de la gente.
Porque cuando falta un medicamento no falta en una estadística, falta en la mano de una persona. Es un jubilado que no puede sostener su tratamiento. Es alguien que pierde autonomía. Es alguien que espera y no puede esperar.
Entonces hay preguntas que tenemos que hacernos: ¿Qué lugar tienen nuestros adultos mayores en este modelo? ¿Qué valor tiene la vida de quienes ya trabajaron toda su vida —en el empleo formal, en la informalidad y en tareas de cuidado invisibilizadas—? Y también: ¿Qué hace Santa Fe frente a esto? ¿Vamos a hacernos cargo de todo lo que Nación abandona? ¿Vamos a seguir estirando una sábana cada vez más corta mientras las demandas crecen?
Porque mientras nos dicen que la sábana es corta, Santa Fe aporta cerca del 8% del PBI nacional y por nuestros puertos sale más del 60% de las exportaciones del país. Entonces me pregunto: ¿Cómo pueden faltar medicamentos para los jubilados en una provincia que genera tanta riqueza?
La verdad es que la sábana no es corta: la están recortando, y siempre del mismo lado. No alcanza con administrar el daño, hay que plantarse. Hay que exigir que el Estado nacional cumpla y ser coherentes en nuestra provincia; porque mientras todo esto pasa, en Santa Fe ya se dejó abierta la puerta para aumentar la edad jubilatoria por delegación. Dato preocupante y del que pocos hablan.
A modo de conclusión —al menos momentánea—, cuando se recortan medicamentos, cuando el PAMI deja de responder por falta de fondos, cuando se dice (como dijo el ministro Lugones) que nuestros adultos mayores son una carga, no estamos solo frente a una crisis ni acudimos a diferencias políticas respecto de cómo gestionarla. Estamos frente a una decisión deliberada de instalar un modelo social, político y económico basado en el rendimiento y la filosofía del descarte. Toda vida que no produzca y signifique un gasto en una tabla de Excel carece de valor.
Nosotros no vamos a ser parte de un modelo que descarta personas y deja sola a la gente.
Claudia E. Balagué*
Diputada Provincial por el Frente Amplio por la Soberanía