Estado de emergencia en el Callao y La Victoria: una medida controvertida. Ante el incremento de extorsiones, asesinatos y robos en estas zonas de Lima, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció la declaración del estado de emergencia con el objetivo de mejorar la seguridad, especialmente en el área comercial de Gamarra. La medida pretende garantizar la seguridad y desarrollo de las actividades económicas, incluyendo la presencia de las Fuerzas Armadas en el terreno, según destacó Santiváñez rodeado de empresarios de Gamarra. “Buscamos que las actividades económicas puedan desarrollarse”, reportó La República sobre las declaraciones del ministro.
No obstante, esta decisión no ha sido recibida de manera unánime. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, señaló que la medida era esperada por los emprendedores debido a la proximidad de fin de año y la urgencia de proteger a las millas de personas que visitan el emporio diariamente. “Apenas nos quedan 20 días para finalizar el año y esta es la última esperanza de millas de emprendedores de poder realizar sus ventas. Aunque lo más importante es garantizar la seguridad del medio millón de peruanos que llegan al día”, mencionó Saldaña al medio.
Por otro lado, el presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra, Edward Raymundo, expresó su escepticismo respecto a la efectividad de la medida. Según Raymundo, el estado de emergencia no abordará el problema de raíz si no se emplean policías especializados en lugar de militares. “Nosotros contratamos nuestra propia seguridad. Ahora me pregunto: ¿De dónde saldrán más efectivos si no se abastecen? No contamos con policías suficientes”, señaló. Según él, la representación empresarial que estuvo junto a Santiváñez no refleja los verdaderos intereses de los comerciantes, ya que defienden otras causas.
Además, Rubén Cano, alcalde de La Victoria, ha apoyado esta iniciativa, destacando que la seguridad es un tema urgente para los ciudadanos y los comerciantes. Sin embargo, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, subrayó que este tipo de medidas suele ser inefectivo en casos de extorsión y sicariato. Para Pedraza, “los estados de emergencia no tienen ningún impacto en la extorsión y el sicariato”, y considera esencial el trabajo de inteligencia para capturar a los cabecillas criminales.
Además, otro aspecto que recalca La República es la extensión del estado de emergencia a otras provincias del Perú. El primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha prorrogado la medida en las provincias de Virú, Trujillo y Pataz en La Libertad por treinta días adicionales. Esta extensión refleja una política que busca enfrentar las problemáticas de seguridad en varias regiones del país.
En un contexto de opiniones divididas, las autoridades peruanas deben lidiar con la presión de abordar la creciente inseguridad de manera eficiente, mientras equilibran los intereses de la comunidad comercial y la seguridad pública. El debate continúa entre quienes piden cambios más estructurales y aquellos que consideran estas medidas urgentes como una respuesta necesaria para proteger las actividades económicas ya los ciudadanos.