El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, defendió este lunes el derecho de la población a responder ante eventuales ataques, durante un acto oficial en Managua por el Día de la Dignidad Nacional. En su intervención, el dirigente sandinista afirmó: “Si el pueblo nicaragüense es agredido, el pueblo nicaragüense tiene el deber y el derecho de defenderse”, en alusión directa a las tensiones políticas internas y a la presión internacional sobre su gobierno. Según reportó la agencia de noticias EFE, Ortega dirigió su mensaje ante miembros del alto mando militar y policial, así como funcionarios del Ejecutivo.
El acto se realizó en una fecha central para la historia nacional: el aniversario de la derrota del estadounidense William Walker en 1856. Ortega evocó este episodio como ejemplo histórico, señalando que Nicaragua ha enfrentado a lo largo de su historia diversos intentos de intervención extranjera. La celebración reunió a figuras clave del oficialismo, entre ellas la copresidenta y primera dama Rosario Murillo, el titular de la Asamblea Legislativa Gustavo Porras y representantes de las fuerzas armadas.
Durante su discurso, el político criticó a los opositores nicaragüenses que, según sus palabras, habrían solicitado la intervención de Estados Unidos para forzar su salida del poder. En febrero de 2023, un grupo de expresos políticos fue desterrado y despojado de su nacionalidad por el gobierno, acusados de “traición a la patria”. Ortega sostuvo que estos exiliados buscaban que “el pueblo se aterrorizara” ante las amenazas externas, pero enfatizó que “este pueblo ha perdido el miedo de tener miedo”.
Ortega y su discurso contra Trump
Según recogió la agencia de noticias EFE, Ortega insistió en la postura defensiva del gobierno frente a presiones externas y sanciones internacionales. Dos semanas antes, el nicaragüense había calificado de “desquiciado mental” al entonces mandatario estadounidense, Donald Trump, en respuesta a las sanciones impuestas contra sus hijos y a la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Estos ataques verbales contrastaron con la posición previamente adoptada por el régimen de Nicaragua, que, tras la detención de Maduro, había optado por evitar la confrontación directa con Washington y liberar a varios presos políticos.
El dirigente sandinista también mencionó la situación de Cuba como ejemplo de perseverancia ante la presión internacional. Destacó que Cuba ha resistido más de 67 años de amenazas de invasión por parte de Estados Unidos, señalando: “Ese es un pueblo que ya le perdió el miedo al miedo desde hace mucho tiempo”. De acuerdo con la nota de EFE, Ortega vinculó la experiencia cubana con la reciente historia nicaragüense y la respuesta a las protestas de abril de 2018.
Sobre ese episodio, Ortega afirmó que el “último infierno” vivido en Nicaragua se produjo cuando miles de ciudadanos se movilizaron en contra de una polémica reforma a la seguridad social. La respuesta estatal derivó en una escalada de la crisis política, con protestas que luego se transformaron en una exigencia de renuncia para el mandatario, quien lleva en el poder desde 2007. La agencia de noticias EFE detalló que la administración Ortega-Murillo atribuye las protestas a intentos de desestabilización promovidos desde el exterior.
Ortega reiteró que las amenazas externas no doblegarán la voluntad de la población e insistió: “Ellos quisieran que, con esas amenazas, el pueblo se aterrorizara, pero cuántos infiernos hemos pasado”. El político subrayó que la defensa de la soberanía nacional constituye un principio histórico para los nicaragüenses y citó el ejemplo de Augusto C. Sandino, quien en 1927 se negó a firmar el Pacto del Espino Negro con Estados Unidos.
La declaración de Ortega se produce en un contexto de creciente presión internacional y denuncias de organismos de derechos humanos sobre la situación política en Nicaragua. Desde 2018, el país ha atravesado una prolongada crisis institucional, marcada por la represión de manifestaciones, el encarcelamiento de opositores y la imposición de sanciones por parte de la comunidad internacional. El régimen sostiene que estas medidas constituyen una injerencia y justifica sus acciones como defensa de la soberanía.
