El gobierno provincial de Maximiliano Pullaro continúa avanzando con su política de trasladar a las familias el costo operativo de las amenazas a instituciones educativas. Según informó oficialmente, entre viernes y sábado se entregaron 11 nuevas notificaciones en seis departamentos de la provincia, por un monto total que supera los 36 millones de pesos.
La medida forma parte de la estrategia del Ministerio de Seguridad y Justicia que busca desalentar este tipo de hechos mediante sanciones económicas. Sin embargo, en paralelo a esa comunicación oficial, comenzó a tomar forma un frente de conflicto que el Gobierno no difundió: el primer rechazo formal a estas intimaciones.
Desde el punto de vista técnico, la presentación realizada por la familia incorpora cuestionamientos concretos sobre la validez del reclamo estatal. El escrito sostiene que la intimación carece de los requisitos esenciales de un acto administrativo válido: no cuenta con una resolución formal firmada por autoridad competente, no fue precedida por un sumario administrativo que determine responsabilidades, ni se individualizan de manera clara los hechos, la participación de los involucrados ni el criterio técnico utilizado para calcular el monto de $6.024.944 exigido. Además, se plantea la inexistencia de legitimación pasiva de los padres para responder patrimonialmente por el accionar atribuido a un menor, y se invoca la violación de garantías básicas del debido proceso, como el derecho de defensa y la posibilidad de ofrecer prueba antes de la imposición de una obligación económica. En paralelo, la presentación deja abierta la vía para futuras acciones judiciales, incluyendo eventuales demandas por daños y perjuicios contra el Estado por exposición indebida del grupo familiar y responsabilidad funcional de los agentes intervinientes.
El primer caso que llega al plano legal
Una familia santafesina presentó la primera contestación formal contra un reclamo de más de seis millones de pesos que el Estado provincial intenta cobrar por supuestos “costos operativos” derivados de un procedimiento vinculado a una amenaza escolar.
La presentación fue dirigida al ministro Pablo Cococcioni y a las áreas legales correspondientes. En el escrito, se cuestiona la legalidad del reclamo en varios puntos centrales: la inexistencia de un acto administrativo válido, la ausencia de un procedimiento previo y la falta de una determinación concreta de responsabilidad.
Desde el punto de vista jurídico, el argumento es claro: sin estos elementos, no existe una deuda exigible. En esa línea, la presentación no solo rechaza el pago, sino que plantea la nulidad del procedimiento.
De la sanción al conflicto institucional
El caso introduce un elemento nuevo en la discusión. Hasta ahora, el eje del debate estaba puesto en la efectividad o no de las medidas punitivas. Con esta presentación, el foco se traslada a la legalidad del accionar estatal.
Según señalaron profesionales del derecho consultados, este tipo de medidas podría derivar en una serie de impugnaciones judiciales. La utilización de mecanismos administrativos para exigir montos millonarios sin un proceso claro abre interrogantes sobre el respeto al debido proceso y los límites de la actuación estatal.
En este caso particular, además, se suma un agravante: la situación involucra a un menor de edad. La presentación remarca que el accionar del Estado no habría respetado principios básicos de protección, como la reserva y la proporcionalidad, e incluso cuestiona la exposición pública del caso.
Un modelo bajo cuestionamiento
La política del Gobierno provincial se apoya en una premisa clara: “el que las hace, las paga”. Sin embargo, este primer rechazo formal pone en discusión la forma en que esa consigna se aplica.
La secuencia que describen desde la defensa legal es contundente: exposición pública del caso, despliegue policial para notificaciones y posterior reclamo económico. Un esquema que, según sostienen, configura una forma de presión estatal más que un procedimiento administrativo regular.
Lo que no se comunica
Mientras el Gobierno difunde los números de las intimaciones y los montos reclamados, no ha habido hasta el momento información oficial sobre este tipo de respuestas legales.
Este contraste vuelve a instalar un tema recurrente en la gestión: la selección de qué hechos se comunican y cuáles no. En este caso, la aparición de un rechazo formal abre un escenario distinto, donde la discusión deja de ser solo política y pasa a tener consecuencias jurídicas concretas.
Un conflicto que recién comienza
La presentación realizada no cierra el caso, sino que marca el inicio de un proceso. A partir de ahora, el accionar del Estado en este tipo de situaciones podría ser revisado en sede judicial.
El debate sobre las amenazas escolares sigue vigente, pero el eje empieza a desplazarse. Ya no se trata únicamente de cómo prevenir estos hechos, sino de hasta dónde puede avanzar el Estado en su respuesta.
Y en ese límite, la discusión ya no es solo política. Es legal.
