En la primera semana de vigencia de la ley de plásticos de un solo uso en California, la polémica creció entre organizaciones ambientalistas y la industria del envasado.
Ambas partes manifestaron un rechazo frontal y anticiparon demandas inminentes, al considerar que las exenciones incluidas en la reglamentación minan el propósito original de la norma y pueden aumentar los costos para todos los sectores.
La legislación, conocida como Plastic Pollution Prevention and Packaging Producer Responsibility Act (SB 54), busca que la responsabilidad y el costo del manejo de residuos recaigan en los productores y fabricantes de envases, en vez de en los consumidores o autoridades locales.
Los Angeles Times informó que este debate expone la magnitud del desafío regulatorio y las implicancias financieras, ambientales y sociales inmediatas en uno de los principales mercados de Estados Unidos.
¿Qué cambia para empresas y consumidores?
El cambio estructural reside en que, para 2032, todo envase alimentario deberá ser reciclable o compostable en California. Las empresas se ven obligadas a revisar contratos, rediseñar productos y auditar sus cadenas de suministro para cumplir con la normativa.
Según la Circular Action Alliance, alianza sectorial designada por el estado para supervisar la ley, el costo de eliminación de productos como botellas de polietileno tereftalato podría multiplicarse entre seis y catorce veces.
Datos clave:
- En 2023, en California se comercializaron, distribuyeron u ofrecieron 2,9 millones de toneladas de plásticos de un solo uso y 171.400 millones de componentes de este material.
- La aplicación plena de la norma comenzará en 2027, pero las empresas ya deben empezar a adaptarse.
Principales modificaciones:
- Fabricantes y distribuidores son responsables de la gestión y reciclaje de los residuos plásticos que generan.
- Prohibición de ciertos métodos de reciclaje que generen residuos peligrosos, salvo excepciones con permisos específicos.
- Adaptación obligatoria de procesos internos y contratos.
- Cambios en el etiquetado y diseño de envases para asegurar su reciclabilidad o compostabilidad.
¿A quiénes impacta y cómo adaptarse?
Consumidores y empresas serán los principales afectados. Quienes compran productos envasados podrían ver reflejado el aumento de costos en sus compras habituales, ya que la industria anticipa que la transición se trasladará a los precios finales. Además, no se prevé una reducción en las tarifas de recolección de basura y reciclaje.
Jan Dell, fundadora de Last Beach Cleanup, advirtió que la implementación de la norma “elevará sensiblemente los precios para los consumidores californianos, sin reducir las tarifas por recolección de basura y reciclaje”, y advirtió que “los productos en los supermercados costarán mucho más”.
Para las empresas, el proceso de adaptación implica:
- Auditoría de la cadena de suministro y revisión de acuerdos comerciales.
- Inversión en innovación de materiales y rediseño de envases.
- Seguimiento de las exenciones regulatorias y búsqueda de asesoría legal para evitar sanciones.
- Cambios en los procedimientos internos para cumplir los nuevos requisitos de trazabilidad y reporte.
Controversias, exenciones y contexto nacional
El reglamento final permite a las empresas acogerse a exenciones federales mediante una declaración de preeminencia legal.
Según ambientalistas como Avinash Kar de Natural Resources Defense Council, esto crea un “vacío perpetuo” regulatorio: las empresas pueden mantener la exención mientras el organismo estatal, CalRecycle, no revise el reclamo, lo que podría extenderse indefinidamente.
Otro punto crítico es la autorización de tecnologías de reciclaje químico que, de acuerdo a los activistas, pueden generar residuos peligrosos, contradiciendo el espíritu de la ley.
La reglamentación final permite estos métodos si las instalaciones cuentan con permisos, a pesar de que el texto legal prohíbe cualquier proceso que implique la producción significativa de sustancias nocivas.
Desde el sector industrial, Matt Clarke, portavoz de la National Assn. of Wholesaler-Distributors, remarcó que los costos y tasas en California ya superan los de otros estados y expresó su preocupación por la viabilidad y constitucionalidad de la normativa, aunque aún no se presentó una demanda formal.
California se suma así a estados como Maine, Colorado, Minnesota, Maryland y Washington, donde legislaciones similares enfrentan resistencias y, en el caso de Oregón, incluso suspensión judicial.
El volumen anual de residuos plásticos en California —estimado en millones de toneladas— coloca a la región en el centro de un debate clave para el futuro de la gestión ambiental en Estados Unidos.
