La Legislatura de la provincia de Santa Fe dio en las últimas horas un paso clave en uno de los procesos de transformación judicial más importantes de los últimos años. Con media sanción en Diputados y tratamiento avanzado en el Senado, el gobierno de Maximiliano Pullaro impulsa una reforma integral del sistema contencioso administrativo, es decir, el fuero encargado de resolver los conflictos entre el Estado y los ciudadanos.
La iniciativa forma parte de una reestructuración más amplia de la justicia santafesina y se complementa con otra ley que ya obtuvo sanción definitiva: la creación de un Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo, que reemplazará el esquema tradicional de juzgados unipersonales.
El mensaje político y judicial del Ejecutivo es claro: modernizar el funcionamiento del fuero, agilizar los procesos y adaptar el sistema a los nuevos estándares establecidos por la Constitución provincial reformada en 2025.
¿Qué cambia para los ciudadanos?
La reforma modifica sustancialmente la forma en que una persona puede iniciar acciones judiciales contra el Estado provincial, municipios u organismos públicos.
Uno de los puntos más importantes es que se amplía el tipo de reclamos que podrán tramitarse en este fuero. Hasta ahora, el sistema estaba muy limitado a la impugnación de actos administrativos. Con la nueva ley, también podrán discutirse pedidos de daños y perjuicios contra el Estado, reclamos por demoras administrativas, vías de hecho y órdenes judiciales de pronto despacho.
En términos concretos, esto significa que un ciudadano podrá reclamar con mayor facilidad ante situaciones donde considere que el Estado actuó de manera ilegítima, demoró respuestas o le ocasionó perjuicios económicos.
Se flexibiliza el acceso a la justicia
Otro de los cambios centrales tiene que ver con el acceso al sistema judicial.
La nueva normativa elimina parte de los criterios restrictivos vigentes y establece que podrá demandar cualquier persona que invoque una afectación de derechos o intereses jurídicamente protegidos.
Además, el proyecto incorpora una modificación muy sensible: el juez podrá excepcionar, en casos específicos, la obligación de agotar previamente toda la vía administrativa antes de acudir a la Justicia, algo que históricamente generaba trabas y demoras para los ciudadanos.
El texto sostiene que esta excepción podrá aplicarse cuando cumplir ese procedimiento previo implique una “carga irrazonable”, un “ritualismo inútil” o directamente una “denegación efectiva de justicia”.
Más plazo para demandar y menos trabas económicas
La reforma también amplía los tiempos procesales. El plazo para iniciar demandas contra el Estado pasará de 30 a 90 días hábiles judiciales.
El gobierno argumenta que la complejidad de muchos expedientes administrativos hacía insuficiente el plazo actual y terminaba perjudicando el derecho de defensa de los ciudadanos.
Otro punto importante es el cambio vinculado al pago previo de tributos. Hasta ahora, muchas demandas quedaban condicionadas al pago total previo del monto reclamado por el Estado. Con la nueva ley, el juez podrá autorizar pagos parciales, cuotas o incluso eximir ese requisito cuando existan dificultades económicas acreditadas que impidan acceder a la Justicia.
Audiencias orales y procesos más rápidos
La reforma también busca modificar el funcionamiento interno del sistema judicial.
Se incorporan audiencias orales, se simplifican etapas procesales y se fortalece el rol del juez como director activo del proceso. La idea oficial es reducir tiempos, evitar trámites innecesarios y agilizar las resoluciones judiciales.
El nuevo esquema contempla audiencias preliminares, producción oral de pruebas y mecanismos de tutela urgente para situaciones donde exista riesgo de daño irreparable.
También se regula expresamente la posibilidad de dictar medidas cautelares autónomas y herramientas judiciales rápidas frente a demoras estatales excesivas.
Un Colegio de Jueces para toda la provincia
En paralelo, la Legislatura aprobó definitivamente la creación del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo.
El nuevo sistema estará integrado por doce magistrados con competencia provincial distribuidos entre las ciudades de Santa Fe y Rosario.
Las causas dejarán de depender de un único juzgado y pasarán a distribuirse mediante sorteos objetivos. Además, en las instancias revisoras las decisiones serán tomadas de manera colegiada por más de un magistrado.
El objetivo oficial es unificar criterios, equilibrar cargas de trabajo y mejorar la especialización judicial.
Expedientes digitales y mayor modernización
Otro eje fuerte de la reforma es la incorporación de tecnología en el funcionamiento judicial.
La nueva estructura contempla expedientes electrónicos, audiencias remotas y una Oficina de Gestión Judicial que centralizará tareas administrativas para asistir a los magistrados y acelerar el trámite de causas.
También se prevé la intervención de juzgados comunitarios para garantizar actos presenciales cuando sea necesario.
Una reforma con fuerte impacto político e institucional
Más allá de los aspectos técnicos, el avance de estas leyes representa uno de los movimientos institucionales más importantes impulsados por el gobierno provincial desde la reforma constitucional.
La discusión no se limita solamente a cuestiones procesales. También implica redefinir la relación entre el ciudadano y el Estado, ampliar herramientas de acceso judicial y reorganizar el funcionamiento interno de uno de los fueros más sensibles de la administración pública.
Con media sanción ya otorgada a la nueva Ley de Proceso Contencioso Administrativo y la aprobación definitiva del Colegio de Jueces, Santa Fe empieza a transitar un cambio profundo en su estructura judicial.
