El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha una nueva investigación sobre empresas administradoras de viviendas turísticas en España. La cartera dirigida por Pablo Bustinduy entiende que estas plataformas podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y otras posibles ingracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Es la segunda investigación contra pisos turísticos que abre el ministerio desde el verano. Entonces, Consumo buscaba acabar con las viviendas que operan sin licencia, una infracción grave de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios que puede acarrear multas de hasta 100.000 euros para las plataformas implicadas, cuyo nombre no ha trascendido.
En esta ocasión, Consumo carga contra aquellas empreas que publiciten información falsa o engañosa, así como contra aquellos que, aun teniendo licencia para operar un piso turístico, lo gestionen de forma irregular.
Las prácticas engañosas que investiga Bustinduy
La Ley de Competencia Desleal define en su artículo 5 las prácticas engañosas como “cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico”, así como “afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario”.
La misma ley menciona algunos supuestos que se considerarían “engañosos”, como por ejemplo afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, práctica acreditada en webs como Airbnb; o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario.
Estas prácticas se consideran como competencia desleal y podrían suponer para las empresas afectadas la retirada de los anuncios engañosos y la prohibición de realizarse a futuro, así como la rectificación pública de informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
La investigación anunciada este jueves se une a otras iniciadas en el mercado inmobiliario, como la abierta en el mes de octubre contra diversas agencias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, prácticas como obligar a las personas usuarias a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, o a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o a aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa.
“Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha expresado Bustinduy en un comunicado, en el que pide poner freno a la especulación en el sector de la vivienda.