El Gobierno acaba de enfrentar su primer revés legislativo en meses, con la formalización de la convocatoria obligada de Victoria Villarruel a una sesión especial a pedido del kirchnerismo para tratar la destitución del aliado peronista de La Libertad Avanza, Edgardo Kueider. La medida, que generó ruidos en el propio oficialismo, puso en alerta a la Casa Rosada, que no quiere dar el brazo a torcer frente a la jugada de Cristina Kirchner y ensaya estrategias para dar batalla.
Por un lado, intentarán que se imponga un proyecto propio, que busca, como máximo, suspender – y no echar- al senador que fue descubierto in fraganti con 200 mil dólares en la Triple Frontera. Por otro, acaban de lograr que se incluya un pedido para tratar la suspensión del jefe de la bancada K, Oscar Parrilli. Aunque está prácticamente descartado el plan que habían pergeñado la semana pasada para convocar a “contra-sesiones” paralelas e intentar echar a una treintena de legisladores de todos los partidos que supuestamente tienen causas en la Justicia.
La convocatoria de la Vicepresidenta generó roces entre en el propio Gobierno. Cerca del Presidente, los funcionarios más críticos de Villarruel aseguraban ayer por la tarde que la convocatoria había sido una decisión unilateral de la titular del Senado, distanciada del Presidente. “Habría que preguntarle a Victoria por qué lo hizo”, dijo un funcionario. Mientras que otro, en la misma línea, negaba de plano que se hubiera producido un diálogo con la titular del Senado.
No obstante, también en Balcarce 50, un funcionario informó que sí hubo contactos previos de Villarruel con dos interlocutores de Javier y Karina Milei; uno de ellos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Y ayer por la tarde, el senador libertario Ezequiel Atauche, que mantiene buen vínculo con ambas terminales, estuvo en el despacho de Eduardo “Lule” Menem, alfil de Karina Milei, en la Casa Rosada. Además, en el bloque libertario del Senado aseguraron a Infobae que la decisión de llamar a la sesión especial de mañana al mediodía fue efectivamente conversada con el Gobierno. “No quedó otra, estaba obligada”, dijeron, en referencia a la vice.
En esos despachos, en lugar de culpar a Villarruel, responsabilizaron a los aliados. En particular, a Luis Juez, líder del bloque del PRO, que el fin de semana salió públicamente a mostrarse a favor de la destitución de Kueider a pesar de que el Gobierno quería protegerlo y cuestionó una parte de la estrategia del oficialismo. “Juez le terminó dando la derecha al kirchnerismo, nos ataron de manos”, dijeron. El argumento del senador es que la fuerza que comanda CFK “no puede quedarse con la bandera de la lucha contra la corrupción”, como dijo en TV.
En LLA deslizaron cierta sospecha de que el cordobés actuó para presionarlos, en busca de la presidencia provisional del Senado que hoy ostenta el libertario Bartolomé Abdala. “A Abdala lo estuvieron operando fuerte en los últimos días, no es casualidad”, sostuvieron en la Cámara alta. Pero en el entorno del senador aseguraron que hacer carrera en el ámbito legislativo no está en sus planes, y que su única ambición es trabajar para liderar Córdoba de cara a 2027.
Además, creen que el PRO de Mauricio Macri le está pasando factura al Gobierno por los destratos que sintió el ex presidente en el último tiempo, especialmente, la caída del proyecto de Ficha Limpia.
En este contexto adverso, de máxima confrontación con el kirchnerismo mientras el vínculo con los aliados está lesionado, los libertarios guardan cierta expectativa de que, al menos, mañana se imponga su propio proyecto sobre el caso Kueider, donde solicitan una suspensión en lugar de una expulsión definitiva. Una iniciativa que lleva firma de Atauche, Abdala, y del propio Juez, que cambió de rumbo en las últimas horas. Y ponen fichas para el tratamiento del proyecto que busca suspender a Oscar Parrilli, para el cual consiguieron las firmas anoche, a última hora, en un clima de tensión en el Senado.
Sin embargo, ya está prácticamente frustrada la contraofensiva que tenían planeado los libertarios para frenar la sesión de mañana.
El viernes pasado, en el entorno del Presidente habían dejado trascender que Santiago Caputo estaba preparando una lista con todos los senadores y diputados con causas abiertas, con vistas a impulsar sendas sesiones (que llamaron “contra-sesiones”) en ambas cámaras para tratar las destituciones de unos treinta legisladores. Entre ellos, varios miembros del kirchnerismo -mencionaban a Oscar Parrilli, en el Senado, y a Máximo Kirchner, a Santiago Cafiero y a Rodolfo Tailhade en Diputados-, pero también de los aliados del PRO, y de los críticos de la Coalición Cívica, como Maximiliano Ferraro. Esto a pesar de que en los respectivos entornos de esos legisladores negaron tener causas abiertas o bien aseguraron que fueron sobreseídos.
Con la amenaza de esas supuestas sesiones, el Gobierno buscaba sentar postura a favor de Kueider, aliado desde la votación de la Ley Bases, confrontar con el kirchnerismo, y disuadir al bloque de Unión por la Patria de avanzar en su contra, con el argumento de que no había sustento jurídico para expulsarlo del Senado, y la acusación de que, al intentar destituirlo, se estaba faltando al debido proceso.
En la práctica, no obstante, ambas sesiones parecen inviables. Según fuentes parlamentarias, en el Senado no tienen los votos para tratar la destitución de otros senadores. Y en la Cámara de Diputados el reglamento no contempla siquiera que se pueda llamar a una sesión si no están convocadas las sesiones extraordinarias.
Todo indica que esta parte de la estrategia del Gobierno se verá frustrada, al igual que el intento de convocar a una reapertura del Congreso, como había anunciado el vocero presidencial, Manuel Adorni, la semana pasada. Pero aún tienen esperanzas en que prospere la cruzada contra Parrilli, en represalia por el ataque a Kueider, a quien el oficialismo está empeñado en defender, dicen, para evitar que asuma en su lugar un camporista que les complique los planes para el año que viene y la posibilidad, ya difícil con la distribución de poder actual, de aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema.