La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla a 11 acusados por el tráfico de 367 kilogramos de cocaína procedente de Colombia. Entre los condenados, que deberán cumplir siete años y medio de prisión, figuran un guardia civil y dos policías nacionales. Además, se les ha impuesto una multa conjunta de 45 millones de euros.
La sentencia del TSJA, emitida el 4 de diciembre, desestima los recursos de apelación presentados por los acusados, quienes alegaron distintos grados de implicación. Sin embargo, el tribunal concluyó que todos desempeñaron un papel similar en la operación, ya fuese en el transporte, vigilancia o manipulación del contenedor que ocultaba la droga. La droga, oculta en un doble fondo del contenedor, tenía un valor estimado en el mercado ilícito superior a 14 millones de euros al por mayor y más de 88 millones al por menor.
La investigación, iniciada por la Fiscalía Nacional de Colombia, detectó el envío de cocaína desde un puerto colombiano hacia el de Málaga, en un cargamento declarado de piñas. Las autoridades españolas permitieron una operación de entrega vigilada. El contenedor arribó el 7 de septiembre de 2022 y, tras inspecciones iniciales en las que no se detectaron irregularidades, un escáner reveló el doble fondo con cocaína.
Así, los condenados, “de previo y común acuerdo entre ellos, y con propósito de enriquecimiento y de distribución de estupefacientes”, ejecutaron en este sentido una serie de actuaciones que la sentencia detalla. El 14 de septiembre de 2022, uno de los acusados retiró el contenedor del puerto en un camión, seguido por agentes camuflados de la Policía Nacional. Durante el traslado, otros implicados realizaron labores de contravigilancia para evitar ser descubiertos. Finalmente, el contenedor fue trasladado a una nave industrial en Carrión de los Céspedes, Sevilla, donde los acusados comenzaron a extraer la droga. Ante el riesgo de que la sustancia pudiera ser ocultada o desaparecida, los agentes irrumpieron en el lugar, deteniendo a los involucrados y confiscando el cargamento.
¿Cargamento de criptomonedas?
En sus recursos, dos de los policías condenados argumentaron que creían estar escoltando un cargamento vinculado a criptomonedas, versión que el TSJA rechazó por considerarla inverosímil. El tribunal señaló que, por su formación y experiencia, los agentes debían haber sospechado del encargo, además de subrayar las actividades de contravigilancia que realizaron, típicas de redes delictivas. Asimismo, destacó la presencia del guardia civil en la operación, cuyas comunicaciones telefónicas vinculaban directamente a varios de los implicados.
Los agentes, de este modo, se incautaron de 367.806,85 gramos de cocaína con una pureza media del 79,12% y un valor en el mercado ilícito de 14.453.031,88 euros en venta al por mayor; 37.936.399,86 euros al por menor y 88.851.420,14 euros en venta por dosis, droga toda ella que “estaba destinada a la venta a terceros”.
El TSJA concluyó que la gravedad de los hechos, la cantidad de droga incautada —excediendo en más de 388 veces el umbral establecido para la “notoria importancia”— y la sofisticación de la operación justifican la pena impuesta. Contra la sentencia, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.