Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Omar González, tres de los seis opositores venezolanos asilados en la Embajada argentina en Caracas, hablaron este sábado en una breve rueda de prensa en la que advirtieron sobre la escalada del asedio del régimen de Nicolás Maduro a la sede diplomática y exigieron la emisión inmediata de sus salvoconductos para poder abandonar el lugar de forma segura, tras nueve meses de estar obligados al encierro con escasez de recursos básicos.
González se refirió al aumento de oficiales del régimen, que cada vez hostigan más al grupo refugiado y se apuestan en las inmediaciones de la sede diplomática -incluso en las casas aledañas- y condenó estos actos cuyo único fin es generar miedo.
“La situación ha escalado (…) estamos sometidos a un asedio constante. Vemos agentes de seguridad con pasamontañas, trajes camuflados y fusiles AK-45 con miras telescópicas, ocultos en la vegetación. Esto prende las alarmas, han convertido el vecindario en madrigueras de espionaje y francotiradores”, advirtió.
Tras conocerse la víspera la imagen de un oficial completamente encapuchado con un arma de alto calibre, oculto en uno de los jardines vecinos, el ex diputado declaró que el chavismo “está buscando una tragedia” porque “no puede aceptar los resultados del 28 de julio” y advirtió que Maduro no considera que “cuando un pueblo se decide a cambiar, no hay nada que lo detenga”.
“El pueblo venezolano se decidió a cambiar y tenemos la certeza de que ese cambio se va a producir (…) Esto es insostenible”, confió González.
Magalli Meda también alertó que los seis asilados se encuentran “en una situación de alto riesgo” y denunció que “esto se ha convertido en un acoso público y notorio, una violación completa y flagrante del Derecho al asilo en un territorio extranjero”.
“El régimen ha decidido usar esta Embajada como mecanismo de coacción y presión para mantenerse en el poder”, sostuvo la jefa de campaña de la oposición que, no obstante, aseguró que los esfuerzos del chavismo son en vano ya que María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y la mayoría de los venezolanos lograron su triunfo el pasado 28 de julio y están decididos a “cobrar”.
“Lo que tenía que ocurrir ya ocurrió y no es un secreto. No somos una amenaza para nadie”, dijo al respecto.
Sobre la detención del gendarme argentino Agustín Nahuel Gallo y el secuestro de un empleado local de la representación diplomática, los disidentes consideraron que las noticias son “totalmente preocupantes” y una muestra más de este “acoso psicológico” al que la dictadura los somete no solo a ellos sino a “empleados” y “simples trabajadores”.
A raíz de estas reiteradas señales de escalada, cuyo nuevo pico inició hace tres semanas, Pedro Urruchurtu pidió a los Gobiernos de Javier Milei y Lula da Silva “darle un sentido de urgencia a la situación”. “Estamos viviendo en tiempo real un asedio que no tiene precedentes en la lucha política de las últimas décadas en Venezuela”, dijo.
Si bien agradeció tanto a Brasil como a Argentina por sus esfuerzos y aseguró que no dudan del “compromiso democrático” de ambas naciones, señaló que el escenario actual “obliga a una mayor coordinación”. “Somos civiles desarmados que solo demandan el cumplimiento del Derecho Internacional. Nuestro derecho es recibir un salvoconducto y poder viajar al extranjero”, insistió, a la par que se refirió la posibilidad de que un tercer país asuma su protección, aunque ello debe contar con la previa aprobación del régimen.
“Estamos dispuestos a explorar cualquier solución enmarcada en el Derecho Internacional y de Asilo. Estamos dispuestos a avanzar en eso si garantiza nuestra salida segura de la sede diplomática”, explicó.
Meda, por su parte, también se refirió a la intermediación de Buenos Aires y Brasilia, y pidió “directamente al presidente Lula y al presidente Milei que se haga justicia” y que se garantice la salida del país mediante un salvoconducto. “Han pasado 9 meses y esta situación tiene a todo un país como rehén. Es urgente iniciar una negociación que ponga fin a esta crisis”, cerró.
Desde el 20 de marzo, el grupo de opositores asilados -que se completa con Humberto Villalobos, Claudia Macero y el ex ministro Fernando Martínez– vive en la Embajada argentina en la capital venezolana tras denunciar una persecución política en su contra por trabajar en la campaña del partido Vente Venezuela y mostrarse contrarios al régimen.
El personal diplomático salió del edificio cuando Nicolás Maduro rompió relaciones con Argentina luego que el gobierno de Javier Milei desconociera su reelección en julio y Brasil asumió la custodia de la embajada.
Los refugiados denunciaron que agentes del régimen chavista han cortado el servicio eléctrico e impuesto restricciones para el paso de agua potable y alimentos. También señalaron constantes vigilancias de miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y personas encapuchadas y fuertemente armadas.
El Gobierno argentino ha repudiado en reiteradas oportunidades estos hechos de hostigamiento, hizo varios llamados urgentes a la comunidad internacional “para que se asuma este reclamo con la mayor firmeza posible” e, inclusive, pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que “actúe con la premura y determinación que esta situación demanda”.
Estados Unidos también insistió en los salvoconductos para los asilados. Estas “tácticas hostiles (…) demuestran la desesperación por aferrarse al poder”, escribió en X la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela, que opera desde Colombia tras la ruptura de relaciones en 2019.
El abogado de los refugiados, Tomás Arias, dijo a la agencia de noticias AFP que pidió a la Cruz Roja y al Nuncio Apostólico, monseñor Alberto Ortega, su “intervención” por “razones humanitarias”.