El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó el martes un plan habitacional que incluye una medida que encendió las alarmas del sector privado: la ciudad tomará acciones legales para remover a propietarios considerados negligentes y transferir esos edificios a inquilinos, organizaciones sin fines de lucro o fideicomisos comunitarios.
Es la apuesta más intervencionista de un alcalde neoyorquino en décadas, y llega en un momento en que la crisis de vivienda asfixia a millones de residentes de la ciudad más cara del país.
“Cuando sea necesario, tomaremos acciones legales agresivas para remover a propietarios y administradores negligentes. Y para edificios que hayan sufrido abandono crónico, trabajaremos para transferir la propiedad a administradores responsables”, dijo Mamdani durante el acto en el barrio de Gowanus, en Brooklyn, donde presentó la iniciativa bautizada “Block by Block: The Housing Plan for a New Era”.
La medida que genera más polémica
La transferencia de propiedad privada a manos de inquilinos u organizaciones comunitarias es, por lejos, el elemento más controversial del paquete. Mamdani no lo presentó como una expropiación sino como la activación “agresiva” de un mecanismo legal que ya existe en el derecho municipal neoyorquino: el Código Administrativo de la ciudad habilita procesos de ejecución judicial sobre propiedades consideradas “en dificultades”, siempre que se cumplan ciertas condiciones.
Mamdani llegó al cargo en enero con una agenda explícitamente pro-inquilino, y desde su primer día firmó órdenes ejecutivas para fortalecer la Oficina de Protección a los Inquilinos y acelerar el desarrollo de vivienda asequible.
En sus primeros 100 días ya logró un acuerdo de USD 30 millones contra el grupo Pinnacle y una sentencia de 2,1 millones contra un propietario reincidente bajo la Ley de Abatimiento de Molestias. Las acciones legales de su administración ya generaron mejoras para residentes de más de 6.000 apartamentos.
Ahora, con “Block by Block”, ese enfoque escala a una estrategia de ciudad. La nueva campaña “Fix the City” apuntará primero a los distritos más castigados —el Bronx encabeza la lista— con inspecciones techo a techo coordinadas con los propios inquilinos.
El instrumento clave será el Programa 7A, que permite a la ciudad iniciar acciones judiciales para remover a propietarios negligentes de la administración cotidiana de sus edificios. Lo que antes era una herramienta de uso excepcional, Mamdani quiere convertirlo en política sistemática.
Las resistencias
El Real Estate Board of New York, la principal asociación del sector inmobiliario de la ciudad, ya expresó sus reparos. Según información citada por el New York Post, la preocupación central no es solo la transferencia de propiedades —que por ahora apunta a un segmento acotado de propietarios reincidentes— sino el efecto disuasorio más amplio que puede tener sobre la inversión privada en un mercado que, paradójicamente, necesita más construcción para bajar los precios.
Steve Fulop, presidente de la Partnership for New York City, advirtió que las exigencias laborales del plan socavan “el imperativo moral” de agregar 200.000 nuevas viviendas a la ciudad.
Desde el otro extremo, organizaciones de vivienda asequible celebraron la dirección del plan pero advirtieron que la inversión en vivienda pública sigue siendo insuficiente frente al deterioro acumulado por décadas de desinversión. Annemarie Gray, de Open New York, elogió la estrategia “todo en uno” que combina producción, preservación y protección, pero el debate sobre si la escala alcanza para revertir una crisis de esta magnitud está abierto.
USD 22.000 millones y una meta a 10 años
Más allá de la controversia sobre la propiedad privada, el plan es de una escala que no tiene antecedentes recientes en la ciudad. Prevé la creación y preservación de 400.000 viviendas asequibles, con una inversión de USD 22.000 millones en cinco años. De ese total, 5.600 millones irán específicamente a la renovación de la vivienda pública: techos, ascensores, sistemas de calefacción —las deudas más visibles y más postergadas del stock habitacional municipal.
El financiamiento combina fondos municipales, inversión privada y la búsqueda de apoyos federales, especialmente para el proyecto Sunnyside Yards en Queens, uno de los desarrollos urbanísticos más grandes que se hayan planeado en la ciudad en décadas.
También contempla la legalización de apartamentos en sótanos seguros, la conversión del Hotel Stewart en Midtown en 550 viviendas asequibles y la construcción de nuevos barrios sobre terrenos públicos.
Para los trabajadores de la construcción, el plan impone un salario mínimo de USD 40 la hora en proyectos financiados por la ciudad, una concesión a los sindicatos que los sectores empresariales ya señalaron como un factor que encarecerá los proyectos y reducirá su viabilidad.
Las metas de construcción y preservación se ejecutarán a lo largo de la próxima década. Las primeras medidas —modernización del sistema 311 para coordinar inspecciones, ofensiva contra la falta de calefacción— arrancan antes de fin de año.
Mamdani enmarca la crisis habitacional como el principal motor de la desigualdad en Nueva York, y su diagnóstico tiene una carga histórica deliberada. “Por siglos, Nueva York construyó suficiente vivienda para su población hasta la década de 1960. Después, el gobierno contribuyó a crear la crisis que enfrentamos”, dijo el martes. “No se trata de elegir entre construir más viviendas o proteger las que ya existen. Se trata de hacer ambas cosas, con la urgencia y la escala que Nueva York necesita”.
