El Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó este martes el fondo de 1.800 millones de dólares concebido para compensar a personas que alegaran haber sido víctimas de la “weaponización” del gobierno federal, una iniciativa que había generado una rebelión inusual dentro del propio Partido Republicano y que dos tribunales federales habían bloqueado antes de que pudiera desembolsar un solo dólar.
El fiscal general en funciones, Todd Blanche, anunció la cancelación durante una comparecencia ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes. “No vamos a seguir adelante con el fondo, punto”, declaró. Frente a la insistencia de la representante demócrata Grace Meng, que preguntó si ese abandono era definitivo, Blanche confirmó que así era, aunque se negó a formalizarlo por escrito, argumentando que la transcripción de la audiencia constituía compromiso suficiente.
El fondo se anunció el 18 de mayo como parte de un acuerdo civil entre Trump y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la agencia tributaria federal, que resolvía una demanda de 10.000 millones de dólares que el presidente había interpuesto contra el organismo. El origen de esa disputa era la filtración de sus declaraciones fiscales a los medios por parte de un antiguo contratista del gobierno. El acuerdo también eximía a Trump, a sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y al Trump Organization de posibles reclamaciones fiscales pendientes, una cláusula que Blanche confirmó que permanece en vigor.
Los tribunales actuaron con rapidez. La jueza federal Leonie Brinkema, del Distrito Este de Virginia, prohibió temporalmente al Departamento de Justicia asignar dinero al fondo, transferir fondos, evaluar solicitudes o realizar cualquier pago, mientras se tramitaba una demanda que lo declaraba ilegal. Había fijado una audiencia para el 12 de junio. En paralelo, la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, abrió una investigación para determinar si el propio acuerdo entre Trump y el IRS constituía una “colusión” o un “fraude al tribunal”, a petición de 35 exjueces federales que pedían reabrir el caso.
La resistencia judicial se sumó a una disidencia política que cruzó líneas partidarias. El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, calificó el fondo de “estupidez sobre estupidez”. La presión fue suficiente para que los líderes del Senado pospusieran la votación de una ley de financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, ante el temor de que los fondos pudieran canalizarse hacia condenados por los ataques del 6 de enero de 2021 al Capitolio federal.
Esa cuestión fue el flanco más delicado del debate. La administración nunca descartó que quienes participaron en el asalto al Congreso pudieran acceder al programa. El propio Blanche había declarado a CNN que las personas que agreden a policías reciben indemnizaciones con regularidad y que cada solicitud se evaluaría caso a caso. El argumento resultó políticamente indefendible: el 6 de enero de 2021, simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Trump, al regresar al poder en enero de 2025, concedió clemencia a más de 1.500 condenados por esos hechos y su administración retiró los comunicados del Departamento de Justicia sobre esas causas, calificándolos de “propaganda partidista”.
Los juristas también cuestionaron los fundamentos legales del programa. Adam Zimmerman, profesor de derecho en la Universidad del Sur de California, señaló a NPR que los grandes fondos de compensación de administraciones anteriores —vinculados al Holocausto o al derrame de BP en el Golfo de México— resolvían litigios colectivos con víctimas identificadas y daños verificables. El fondo de Trump no tenía conexión directa con los agravios alegados en la demanda contra el IRS, carecía de la aprobación del Congreso y no contaba con supervisión judicial.
El repliegue de este martes es la primera retirada de envergadura de una iniciativa emblemática del segundo mandato de Trump ante la presión conjunta de los tribunales y de su propio partido. Permanece abierta la pregunta de si la cláusula de inmunidad fiscal negociada para Trump y su familia resistirá el escrutinio judicial al que también está sometida.
