La Legislatura provincial aprobó por unanimidad una iniciativa impulsada por la diputada Lionella Cattalini que impedirá que personas o empresas con antecedentes por delitos graves puedan convertirse en proveedoras, contratistas o concesionarias del Estado santafesino. La norma amplía los mecanismos de control sobre las contrataciones públicas y busca fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La provincia de Santa Fe sumó una nueva herramienta institucional en materia de transparencia y control de la gestión pública. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Ficha Limpia para Contrataciones Públicas, una iniciativa impulsada por la diputada provincial Lionella Cattalini que apunta a impedir que personas o empresas involucradas en delitos graves puedan acceder a negocios financiados con recursos del Estado.
La aprobación definitiva llegó luego de que la Cámara baja ratificara las modificaciones introducidas previamente por el Senado, completando así el recorrido legislativo de una propuesta que había obtenido media sanción durante 2025.
Con esta nueva normativa, Santa Fe incorpora mayores exigencias para quienes pretendan participar en licitaciones, concursos, concesiones, contrataciones de servicios, provisión de bienes u obras públicas financiadas con fondos provinciales.
Qué establece la nueva ley
La legislación obliga a que toda persona física o jurídica que aspire a contratar con el Estado provincial deba acreditar la inexistencia de antecedentes penales mediante la presentación del correspondiente certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
La exigencia no sólo alcanzará a los oferentes individuales, sino también a socios, integrantes de órganos de administración y fiscalización de empresas, representantes legales, integrantes de uniones transitorias de empresas y demás personas vinculadas a las contrataciones.
La falta de presentación de la documentación requerida será motivo suficiente para que la oferta sea rechazada durante el proceso de evaluación.
Además, la ley obliga a los organismos estatales a verificar la vigencia y autenticidad de la información presentada antes de proceder a cualquier adjudicación.
Los delitos alcanzados
La norma contempla un amplio abanico de delitos que impedirán contratar con el Estado santafesino.
Entre ellos figuran hechos de corrupción, delitos contra la administración pública, delitos económicos y financieros, homicidios, delitos sexuales, trata de personas, secuestros, delitos contra la propiedad y delitos contra el orden constitucional, entre otros contemplados por el Código Penal.
La intención es garantizar que quienes administren recursos públicos o resulten beneficiarios de contratos estatales reúnan estándares mínimos de integridad y conducta compatibles con la responsabilidad que implica manejar fondos provenientes de los contribuyentes.
Una respuesta a los antecedentes de corrupción
Durante el debate legislativo, Cattalini vinculó la importancia de la ley con los numerosos casos de corrupción que atravesaron la historia reciente del país, especialmente aquellos relacionados con la obra pública.
“Estoy muy contenta porque creo que Santa Fe da un mensaje de transparencia y en contra de la corrupción. Mientras a nivel nacional vuelven a ocupar la agenda pública causas como la de los Cuadernos, que expuso cómo empresarios y funcionarios públicos se enriquecieron a partir de la obra pública, en nuestra provincia estamos fortaleciendo los controles para evitar que quienes estuvieron involucrados en hechos de corrupción puedan hacer negocios con el Estado”, sostuvo la legisladora.
La diputada destacó además que la provincia posee una larga tradición de construcción institucional vinculada a los mecanismos de control y transparencia.
“Nosotros creemos en la obra pública porque transforma la vida de la gente, genera desarrollo y crea oportunidades. Pero también creemos que debe ejecutarse con reglas claras, controles efectivos y absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos”, afirmó.
Más controles para proveedores y contratistas
Uno de los aspectos centrales de la nueva ley es que amplía significativamente los controles previos a las adjudicaciones.
No sólo deberán verificarse los antecedentes de quienes presenten ofertas, sino también los de los representantes legales, integrantes de directorios, órganos de administración y otras personas vinculadas a las empresas participantes.
La normativa también habilita la celebración de convenios de cooperación e intercambio de información con organismos provinciales, nacionales y de otras jurisdicciones para fortalecer los mecanismos de fiscalización.
De esta manera, el Estado provincial contará con mayores herramientas para detectar incompatibilidades o antecedentes que puedan afectar la transparencia de los procesos licitatorios.
Un consenso político poco frecuente
Uno de los datos destacados del tratamiento legislativo fue el amplio respaldo político que obtuvo la iniciativa.
La ley fue aprobada por unanimidad, una situación cada vez menos frecuente en un escenario político atravesado por fuertes diferencias entre oficialismo y oposición.
“Que esta ley haya sido aprobada por unanimidad demuestra que hay temas que deben trascender las diferencias partidarias. La transparencia y la lucha contra la corrupción tienen que ser políticas de Estado”, remarcó Cattalini.
La legisladora consideró que el consenso alcanzado refleja una demanda social creciente por mayores niveles de control sobre el uso de los recursos públicos.
Una nueva señal institucional
Para la autora del proyecto, la nueva legislación representa un paso más dentro del proceso de fortalecimiento institucional que Santa Fe viene desarrollando desde hace años.
“Santa Fe vuelve a dar una señal clara. Quienes quieran hacer negocios con el Estado deberán cumplir estándares acordes a la responsabilidad que implica administrar recursos que son de todos los santafesinos. Es una herramienta concreta para cuidar esos recursos y fortalecer la confianza ciudadana”, concluyó.
Con la promulgación de esta ley, la provincia suma una nueva barrera de control sobre las contrataciones públicas y busca reforzar uno de los principios que atraviesan la administración estatal moderna: que la transparencia no sea una declaración de intenciones, sino una obligación concreta para todos aquellos que pretendan vincularse económicamente con el Estado.
