BOGOTÁ.– Tras cuatro años del primer gobierno de izquierda de Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella recibe un país partido en dos bloques difícilmente reconciliables: quienes pretendían profundizar la agenda de reformas sociales iniciadas por el mandato del presidente saliente Gustavo Petro y quienes apostaron por que el outsider devolviera el país al rumbo conocido.
La victoria alcanzada por menos de 250.000 votos de diferencia sobre el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, pone al nuevo representante de la derecha colombiana ante la difícil tarea de hacerse con el timón de un país movilizado y antagónico, con grandes desafíos en múltiples frentes y una herida de violencia aún muy lejos de cicatrizar.
El margen de menos de un punto expuso, además, una postal que se repite en América Latina: sociedades partidas casi por mitades y gobiernos que llegan al poder con mandatos frágiles desde el primer día. Como ocurrió recientemente en Perú, donde la diferencia mínima entre los dos proyectos en disputa dejó un país atravesado por la desconfianza y la polarización, Colombia también amanece con un presidente electo, pero sin un consenso claro sobre el rumbo que debe tomar.
Después de quien fue, probablemente, el presidente más disruptivo de la vida política colombiana, “El Tigre” deberá ahora hacerse cargo de sus promesas de recorte drástico del Estado y “mano” dura contra los grupos armados y la corrupción.
El propio De la Espriella ha asegurado que para lograr los objetivos de su “Patria Milagro” firmaría 90 decretos en los primeros días de su gobierno y daría la orden inmediata de “empezar a fumigar las más de 330.000 hectáreas de coca” que alimentan las economías ilícitas del país.
El próximo mandatario ha prometido además una drástica reducción del tamaño del Estado, con el recorte de un 40% el gasto público y la eliminación de unos 700.000 cargos entre funcionarios y contratistas.
De la Espriella ganó la presidencia con una promesa tajante de “mano dura” al estilo del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, del que pretende imitar además el polémico sistema de megacárceles denunciado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch por condiciones inhumanas y violaciones a los derechos humanos.
En cuanto a las relaciones con los grupos armados, “El Tigre” prometió anular todas las negociaciones iniciadas por el gobierno del Pacto Histórico y, en su lugar, “bombardear todos los campamentos narcoterroristas” a partir del 8 de agosto, un día después de su asunción.
“El principal desafío que deja el gobierno Petro al nuevo gobierno será el control de la crisis del sistema de salud, la sostenibilidad fiscal con el control de la deuda y el equilibrio presupuestario, y la recuperación de la seguridad”, consideró para LA NACION María Alejandra Trujillo, consultora de política internacional.
Pero con el encarnizado debate en el que se encuentra el país, que se evidenció en la campaña con una fuerte violencia discursiva y el entrecruce de amenazas legales, “el reto del próximo mandatario será cómo logra gobernar no para sus votantes, sino para todos los colombianos”, agregó la experta.
Desde el inicio, Petro significó una novedad para Colombia. El exguerrillero devenido en político tomó el gobierno por asalto cuando, tras uno de los peores estallidos sociales en la historia reciente del país, ganó con amplia mayoría la primera vuelta electoral y se hizo con la presidencia en el balotaje de 2022.
Desde el inicio, también, el presidente mostró su excéntrico y, muchas veces, polémico estilo de hacer política con sus constantes intervenciones en redes sociales –siendo X la de su preferencia– y sus encendidos discursos de plaza pública.
Con promesas de llevar a cabo profundas reformas estructurales en varios frentes, como la salud, la educación y el control de la tierra, su gobierno tomó como bandera lo que se conoció como la “Paz Total”, un ambicioso plan de diálogo con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se habían negado a deponer las armas tras el famoso “Acuerdos de Paz” firmado con la guerrilla por el expresidente Juan Manuel Santos en 2016.
Aunque al principio la estrategia pareció dar resultados positivos, con una disminución de los niveles de violencia entre grupos y enfrentamientos con las fuerzas estatales, el enfoque dialoguista fracasó en ejercer suficiente presión sobre los grupos criminales para que estos se sentaran a la mesa de negociaciones y les dio vía libre para su expansión.
A la larga, la “Paz Total” permitió que los grupos armados tomaran bajo su control nuevos territorios, favoreciendo las disputas entre los mismos para hacerse con el lucro de las economías ilícitas, y terminó siendo el símbolo del fracaso de la gestión petrista.
Por otra parte, tras varios intentos fallidos de reformar el sistema de salud a través del Congreso, el presidente optó por modificarlo vía decreto. El presidente colombiano intervino en su gestión unas ocho entidades semiprivadas encargadas de administrar la prestación de servicios a unos 20 millones de afiliados con el argumento de que estas eran deficitarias y de que gestionaban mal o malversaban los fondos públicos que recibían.
Sin embargo, desde que el Estado se hizo cargo, los pacientes colombianos insisten en que el sistema se ha deteriorado, siendo frecuente la imposibilidad de conseguir turnos y la falta de insumos médicos y medicinas. A esto se suma el hecho de que el presupuesto de gasto público destinado al sector es insuficiente, algo en lo que concuerdan gremios, analistas y la Corte Constitucional colombiana.
Por último, Petro deja el gobierno con un sin número de escándalos de corrupción entre sus filas, en los que los implicados incluyen ministros, más de 50 congresistas y directores de diversas instituciones del Estado.
Por el lado positivo, Petro puede decir que logró una reducción histórica de la pobreza, bajando los niveles de pobreza monetaria de 36,6% a 28% y de pobreza extrema de 17% a 9,6%, las cifras más bajas del siglo.
También dio un espacio significativo a los movimientos sociales en la lucha por la defensa de los derechos identitarios, instaló en la agenda el debate sobre el cambio climático y priorizó la discusión sobre la memoria histórica en Colombia, una cuestión muy delicada en el país.
Al mismo tiempo, “debemos reconocer que el gobierno del cambio, fortaleció regiones olvidadas y enfocó sus esfuerzos en la reforma agraria, donde formalizó más de 2 millones de hectáreas, beneficiando a comunidades indígenas, afrodescendientes y raizales”, dijo Trujillo.
