La Corte Suprema de Estados Unidos debe pronunciarse antes de julio sobre el intento de Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento por decreto, una decisión que podría alterar más de un siglo de interpretación de la 14.ª Enmienda y afectar a los futuros hijos de personas que están en el país de forma irregular o con estatus temporal, reportó ABC News.
La ciudadanía por nacimiento parte del principio de ius soli (derecho del suelo): un niño adquiere la nacionalidad del país donde nace, sin que el estatus migratorio de sus padres sea el factor decisivo. En Estados Unidos, con excepciones limitadas, eso ha significado que todos los bebés nacidos en su suelo son ciudadanos.
Para los cerca de 3,6 millones de niños que nacen cada año en hospitales estadounidenses, el certificado de nacimiento ha bastado para obtener número de Seguro Social, pasaporte y beneficios de la primera infancia. Posteriormente, ese mismo documento funciona como prueba de ciudadanía para votar, trabajar, acceder a préstamos hipotecarios o ingresar al servicio militar.
La magnitud potencial del cambio alcanzaría a más de 250.000 bebés nacidos cada año en el país, informó Associated Press.
La disputa gira sobre el alcance de la 14.ª Enmienda
La primera frase de la Cláusula de Ciudadanía de la 14.ª Enmienda establece que son ciudadanos “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”. Según la interpretación tradicional, esa redacción incluye a los hijos de personas no ciudadanas, incluso si sus padres están en el país sin autorización o de manera temporal, indicó Associated Press.
Según ABC News, la base histórica de esa doctrina quedó fijada por la Corte Suprema en 1898, en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos. En ese fallo, el juez Horace Gray escribió: “La enmienda, en palabras claras y con una intención manifiesta, incluye a los niños nacidos, dentro del territorio de los Estados Unidos, de todas las demás personas, de cualquier raza o color, domiciliadas dentro de los Estados Unidos”.
Esa lectura quedó reforzada cuando el Congreso incorporó el mismo lenguaje a la ley federal de ciudadanía aprobada en 1940. De forma reiterada, los tribunales y el gobierno han entendido que la enmienda concede ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos, incluidos los hijos de solicitantes de asilo, estudiantes internacionales, turistas y trabajadores temporales.
Qué establece la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento
El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva el primer día de su segundo mandato. Su argumento es que los hijos de personas no ciudadanas que están en Estados Unidos de forma irregular o con estatus temporal no están “sujetos a la jurisdicción” del país y, por lo tanto, no tienen derecho automático a la ciudadanía.
La orden restringiría ese derecho a los bebés nacidos de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes legales que hayan establecido domicilio en el país. Esa limitación también alcanzaría a personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos, entre ellas estudiantes y solicitantes de residencia permanente, precisó Associated Press.
En abril, el presidente, citado por Associated Press, escribió en Truth Social: “¡Somos el único país del mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por derecho de nacimiento!”. Esa afirmación contradice los datos comparativos disponibles: alrededor de tres docenas de países, sobre todo en América, reconocen la ciudadanía automática por nacimiento en su territorio.
De acuerdo con el Pew Research Center, 32 países tienen leyes de ciudadanía muy similares a la estadounidense y unos 50 más mantienen versiones limitadas de ese sistema. Brasil, Canadá, Argentina y México aparecen entre los ejemplos más cercanos.
En Europa predominan reglas más restrictivas: Francia, Grecia y España conceden ciudadanía al nacer solo en ciertos supuestos vinculados al nacimiento de los padres, mientras Australia, Alemania y el Reino Unido la reconocen automáticamente a hijos de residentes legales.
Qué cambiaría si la Corte avala el argumento de Trump
Si la Corte Suprema permite que entre en vigor la orden, el certificado de nacimiento emitido en Estados Unidos dejaría de ser prueba suficiente de ciudadanía para los niños nacidos después de su aplicación, señaló ABC News.
Las agencias federales deberían verificar primero el estatus legal de los padres, mediante bases de datos electrónicas u otros mecanismos, antes de determinar si el recién nacido puede recibir ciudadanía, número de Seguro Social, pasaporte y otros beneficios.
Ese cambio no solo afectaría a los hijos de no ciudadanos y obligaría a todas las familias a someterse a un procedimiento adicional para acreditar la condición de sus hijos. No obstante, la administración Trump sostiene que la orden no tendría efecto retroactivo y se aplicaría solo a los bebés nacidos después de su entrada en vigor.
Las organizaciones de defensa de inmigrantes y grupos de libertades civiles describen el procedimiento como una “pesadilla burocrática”, con un riesgo mayor para niños de bajos ingresos que podrían quedar sin atención médica o asistencia alimentaria.
Otra consecuencia posible es la apatridia. Algunos países, en especial en el sudeste asiático, no otorgan automáticamente la ciudadanía a los hijos nacidos en el extranjero de sus propios nacionales.
En esos casos, un niño que no reciba ciudadanía estadounidense tampoco tendría asegurada otra nacionalidad y podría quedar expuesto desde su nacimiento a procedimientos de deportación.
Se espera que la próxima semana se conozcan novedades sobre la resolución de la Corte, dado que debe resolver el caso, identificado como Trump contra Barbara, antes de entrar en su receso de verano a comienzos de julio.
