Mientras la discusión pública se concentra en la Boleta Única, los pisos electorales y las PASO, en la politica santafesina comienzan a ganar protagonismo otros tres debates que podrían modificar profundamente el funcionamiento del sistema político santafesino. El financiamiento privado de las campañas, las nuevas condiciones para la supervivencia de los partidos políticos y el acceso al Fondo Partidario Permanente aparecen como algunos de los puntos que generan mayores diferencias entre los socios de Unidos y que buscarán incorporarse al texto definitivo de la reforma electoral.
La discusión por la reforma del Código Electoral de Santa Fe ya dejó de limitarse a la cantidad de boletas que habrá en las elecciones generales o al porcentaje mínimo de votos necesarios para acceder a una banca.
Mientras esos temas monopolizan el debate público, puertas adentro de la Legislatura se desarrolla otra discusión que puede tener un impacto igual o incluso mayor sobre el futuro del sistema político provincial.
Se trata de tres cuestiones que distintos sectores del oficialismo intentarán incorporar al texto definitivo: el financiamiento de las campañas electorales, un endurecimiento de la ley de partidos políticos y una profunda modificación en la forma en que las fuerzas accederán al Fondo Partidario Permanente.
Aunque todavía no existe una posición unificada dentro de Unidos, los distintos proyectos ya permiten advertir hacia dónde apuntan las principales reformas.
El PRO quiere abrir el debate sobre los aportes privados
Uno de los temas que más ruido genera dentro del oficialismo es el financiamiento de la política.
Dirigentes del PRO, trabaja en un proyecto propio que pretende instalar un debate históricamente evitado por gran parte de la dirigencia: legalizar y transparentar los aportes privados para las campañas electorales.
La idea parte de un diagnóstico compartido por varios dirigentes del espacio.
Los aportes privados —afirman— ya existen en prácticamente todas las campañas electorales.
La diferencia es que hoy muchos de esos recursos circulan por mecanismos informales o indirectos, dificultando su control y trazabilidad.
Por eso, algunos referentes impulsan un esquema que permita reconocer legalmente esos aportes, exigir la identificación de quienes financian las campañas y fortalecer los mecanismos de auditoría.
Dentro del PRO sostienen que la discusión no pasa por habilitar algo nuevo, sino por transparentar una realidad que actualmente permanece parcialmente oculta.
Sin embargo, también reconocen que se trata de uno de los debates más sensibles de toda la reforma, tanto por su impacto político como por las experiencias registradas en otros países respecto de la influencia de grandes grupos económicos sobre la actividad partidaria.
Radicalismo: menos «sellos de goma» y más exigencias
Otro de los ejes que comienza a cobrar fuerza aparece en el proyecto presentado por la Unión Cívica Radical.
La iniciativa propone modificar de manera significativa la Ley de Partidos Políticos para elevar las condiciones que deberán cumplir las fuerzas políticas tanto para obtener como para conservar su personería jurídico-política.
Entre otras exigencias, el proyecto incrementa los requisitos para el reconocimiento definitivo de los partidos, obliga a realizar elecciones internas periódicas y establece nuevas causales de caducidad.
Una fuerza política podría perder su reconocimiento si deja de participar en dos elecciones consecutivas, si durante cuatro años no realiza elecciones internas o si no alcanza determinados porcentajes mínimos de representación electoral.
Desde el radicalismo sostienen que el objetivo consiste en combatir los llamados «sellos de goma», partidos que mantienen su personería pero prácticamente no desarrollan actividad política y reaparecen únicamente durante los procesos electorales.
La intención oficial es ordenar el sistema partidario y evitar la proliferación de estructuras creadas exclusivamente para negociar alianzas o prestar su sello electoral.
Sin embargo, distintos sectores de la oposición ya anticiparon que esa discusión también podría terminar reduciendo la participación de fuerzas políticas pequeñas o emergentes.
El Fondo Partidario Permanente también entra en discusión
La tercera discusión aparece vinculada al financiamiento estatal de los partidos políticos.
El proyecto radical mantiene el Fondo Partidario Permanente como principal herramienta de sostenimiento económico de las fuerzas reconocidas oficialmente.
Los recursos continuarían distribuyéndose en función del caudal de votos obtenido por cada partido en la elección anterior.
Pero el acceso a esos fondos ya no sería automático.
Al endurecer las condiciones para conservar la personería jurídica, muchas fuerzas políticas podrían perder también la posibilidad de acceder a ese financiamiento público si dejan de cumplir las nuevas exigencias previstas por la ley.
Además, la iniciativa incorpora una obligación específica: al menos el 20% de los recursos públicos y privados recibidos por cada partido deberá destinarse a actividades de capacitación, formación política e investigación para sus afiliados.
La propuesta busca fortalecer institucionalmente a las organizaciones políticas, aunque también incrementa considerablemente los mecanismos de control sobre el destino de esos recursos.
Mucho más que una discusión técnica
A medida que avanzan las negociaciones legislativas queda claro que la reforma electoral ya no gira únicamente alrededor del diseño de la Boleta Única, las PASO o los pisos electorales.
Empieza a discutirse también cómo se financiará la política, qué partidos podrán competir, bajo qué condiciones conservarán su reconocimiento institucional y quiénes tendrán acceso a los recursos públicos destinados al funcionamiento partidario.
Son debates menos visibles para la opinión pública, pero probablemente mucho más trascendentes para el futuro del sistema político santafesino.
Mientras los principales focos continúan puestos sobre el formato de votación, la verdadera arquitectura de la reforma podría terminar definiéndose justamente en estos capítulos que, por ahora, transitan casi en silencio, pero que prometen convertirse en algunos de los puntos de mayor negociación antes de la sanción definitiva del nuevo Código Electoral.
