A mediados de diciembre pasado, el empresario agropecuario Roberto Peres Vieyras fue asesinado de un tiro en su haras de la localidad bonaerense de Torres. Los investigadores sospecharon que fue un robo cometido por dos hombres que, aunque habrían ido en busca de dinero, apenas se llevaron del lugar una escopeta y un teléfono celular que pertenecía a la víctima.
La autopsia al cadáver de la víctima determinó que el hombre murió como consecuencia de un único tiro que impactó en la arteria femoral de una de sus piernas, lo que provocó que se desangre.
Peres Vieyra, de 71 años, era un empresario rural, al frente la empresa BLS Group, criador de caballos de polo, que trabajó como asesor del Ministerio de Modernización del gobierno porteño durante la gestión de Mauricio Macri.
También también fue director del Banco Supervielle, el Banco Comafi, Visa, interventor en Autopistas del Sol y presidente de la empresa Corredores Viales durante un año, al principio del gobierno nacional de Macri, desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018.
Hoy, la DDI de Luján de la Policía Bonaerense capturó a Pablo Martín Crippa, un hombre de 55 años, oriundo de la zona, acusado de ser el principal sospechoso, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.
El hecho tuvo lugar cuando dos hombres armados ingresaron a la propiedad a bordo de una camioneta Toyota Hilux de color negro. En el lugar, redujeron al Pérez Vieyra, su pareja Georgia María Lorena (52) y dos empleados.
Ante la resistencia del empresario, uno de los delincuentes le disparó en la pierna y le provocó la muerte. Además, presentaba heridas cortantes en el rostro y la cabeza, ocasionadas por golpes con la culata de un arma.
Mediante el análisis del celular robado, propiedad de una de las empleadas, los investigadores lograron rastrear su ubicación en una antena de la localidad de Fátima, partido de Pilar.
Este dato permitió a los investigadores, con el apoyo de la Dirección de Tecnologías Aplicadas para la Investigación de la SIFJ, identificar dos líneas telefónicas posiblemente vinculadas al hecho, así como un tercer número relacionado con los anteriores.
Aunque las identidades de los usuarios de las líneas no coincidían con los titulares registrados, las autoridades lograron determinar los domicilios de los tenedores habituales de los teléfonos. Esto llevó a la obtención de órdenes de allanamiento para tres propiedades en Pilar.
NOTICIA EN DESARROLLO
