La diputada provincial Claudia Balagué salió a cuestionar uno de los puntos más sensibles de la Reforma Electoral que impulsa el oficialismo: el aumento del piso para acceder al reparto de bancas en la Cámara de Diputados. Según la legisladora socialista, la propuesta terminaría concentrando la representación política en los grandes centros urbanos y dejaría sin voz a buena parte del interior provincial. ¿Es realmente así? ¿Por qué sostiene que el voto de miles de santafesinos «no valdría nada»? Las claves de una discusión que promete convertirse en uno de los ejes del debate legislativo.
Mientras la discusión pública por la Reforma Electoral se concentró en las PASO, la Boleta Única y el financiamiento de las campañas, comienza a emerger otro tema que amenaza con convertirse en uno de los más conflictivos del tratamiento legislativo: el nuevo piso electoral para acceder al reparto de bancas.
El planteo impulsado por sectores del radicalismo y acompañado por algunos aliados propone elevar del 3% al 5% el piso exigido para participar de la distribución de escaños en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el punto que genera mayor controversia no es solamente el porcentaje.
La discusión pasa por la forma en que se calcula. Y es justamente allí donde la diputada provincial Claudia Balagué sostiene que la propuesta representa «una trampa» que terminaría silenciando a buena parte del mapa político santafesino.
¿Cuál es la discusión?
Actualmente, el debate gira en torno a la posibilidad de exigir que las fuerzas políticas obtengan un porcentaje mínimo del padrón electoral para poder ingresar al reparto de bancas mediante el sistema D’Hondt.
No se trata del porcentaje sobre los votos efectivamente emitidos, sino sobre la totalidad del padrón habilitado para votar. Ese detalle técnico modifica completamente el escenario.
En las últimas elecciones provinciales participó poco más de la mitad del padrón. Por lo tanto, exigir el 5% del padrón significa, en términos prácticos, obtener cerca del 10% de los votos válidos emitidos para recién comenzar a competir por una banca.
Para Balagué, allí aparece el principal problema democrático de la iniciativa.
«La reforma de Pullaro es una trampa»
La legisladora socialista decidió explicar su postura mediante un video difundido en redes sociales.
Lo hizo utilizando un ejemplo sencillo. «Imagínate que desde mañana el voto de todos los santafesinos que no viven ni en Rosario ni en Santa Fe capital no valiera nada. Por los números, esto es más o menos lo que propone la reforma de Pullaro», sostuvo.
Según su interpretación, el nuevo piso terminaría concentrando la representación política casi exclusivamente en los departamentos con mayor densidad poblacional.
Y agregó: «Con la excusa de ordenar las elecciones quieren exigir una barrera de más de 150.000 votos para poder llegar a una banca.»
¿Por qué habla del interior profundo?
La explicación de Balagué parte de una cuestión estrictamente matemática. Rosario y La Capital concentran una porción muy importante del padrón electoral santafesino.
Por el contrario, los otros 17 departamentos poseen poblaciones considerablemente menores.
Si el piso electoral aumenta hasta un nivel cercano a los 150.000 votos, las fuerzas políticas con fuerte inserción territorial pero escasa estructura provincial tendrían enormes dificultades para superar ese umbral.
En consecuencia, sostiene la diputada, miles de votos emitidos en localidades medianas y pequeñas podrían quedar sin representación legislativa.
«Casi dos tercios del mapa político de la provincia quedarían totalmente borrados. El interior profundo absolutamente silenciado», afirmó.
El cambio constitucional modificó el escenario
Balagué también vincula esta discusión con la reciente Reforma Constitucional. Hasta ahora, la Constitución garantizaba automáticamente 28 bancas al partido ganador de la elección para gobernador. Ese mecanismo desapareció.
Con la nueva redacción constitucional, las 50 bancas pasarán a distribuirse mediante el sistema proporcional D’Hondt. Ese cambio, en teoría, favorece una representación mucho más plural.
Precisamente por eso, la legisladora interpreta que algunos sectores políticos buscan ahora elevar el piso electoral para limitar el ingreso de nuevos espacios.
Según su lectura, la eliminación de la mayoría automática obligó a buscar otro mecanismo que permita reducir la cantidad de fuerzas con representación parlamentaria.
¿Qué significa hablar de una «barrera proscriptiva»?
Uno de los conceptos que más se repite entre quienes cuestionan la iniciativa es el de «barrera proscriptiva». No porque impida competir en las elecciones. Todas las fuerzas seguirían pudiendo presentarse. La discusión aparece después de la elección.
Si una agrupación no supera ese porcentaje mínimo, todos los votos obtenidos quedan automáticamente excluidos del reparto de bancas. Es decir, esos sufragios dejan de influir en la composición final de la Cámara.
Para Balagué, ese mecanismo termina beneficiando exclusivamente a los grandes partidos.
«La corporación política»
La diputada del Frente Amplio por la Soberania fue todavía más allá. Aseguró que detrás de esta propuesta existe un acuerdo entre oficialismo y sectores importantes de la oposición.
Según su visión, radicales y peronistas coinciden cuando se trata de preservar espacios de poder. «Es la corporación política poniéndose de acuerdo. Se enfrentan en los discursos públicos, pero coinciden cuando se trata de preservar privilegios y repartirse el poder», sostuvo.
Incluso recordó que el primer proyecto que propuso elevar el piso no provino del oficialismo sino del bloque justicialista del Senado.
¿Qué hubiera pasado en 2023?
Para fundamentar su postura, Balagué realizó otro ejercicio comparativo.
Sostuvo que si este nuevo criterio hubiese estado vigente durante las elecciones provinciales de 2023, varias de las fuerzas que hoy tienen representación legislativa jamás habrían ingresado a la Cámara de Diputados.
Eso implicaría menos voces, menos diversidad política y menos posibilidades de control sobre el oficialismo. En su mirada, el trabajo legislativo no se limita únicamente a sancionar leyes.
También consiste en denunciar hechos de corrupción, controlar al Poder Ejecutivo y expresar demandas sociales que muchas veces no encuentran lugar en los bloques mayoritarios.
Una discusión que excede los números
Desde el Frente Amplio por la Soberanía sostienen que detrás del debate técnico existe una discusión profundamente política.
Obligar a las fuerzas pequeñas a integrarse en grandes frentes electorales puede facilitar la gobernabilidad de quienes resulten electos.
Pero, al mismo tiempo, también reduce la posibilidad de que sectores con identidad propia mantengan representación institucional.
Según Balagué, eso termina debilitando la calidad democrática. Porque obliga a muchos ciudadanos a votar por espacios más grandes aunque no los representen plenamente.
El reclamo por un debate abierto
Frente al avance de la Reforma Electoral, el bloque del Frente Amplio por la Soberanía solicitó formalmente una audiencia con el gobernador Maximiliano Pullaro para discutir el proyecto.
Al mismo tiempo, las cátedras de Derecho Político y Derecho Electoral de la Universidad Nacional de Rosario, encabezadas por especialistas como Oscar Blando, también reclamaron la apertura de ámbitos de discusión con participación académica y ciudadana.
El objetivo es incorporar opiniones técnicas antes de que el proyecto llegue al recinto.
La pregunta que comenzará a dividir la reforma
A medida que avance el tratamiento legislativo, el debate probablemente dejará de centrarse únicamente en las PASO o en la cantidad de boletas. La discusión más compleja parece instalarse alrededor de una pregunta mucho más profunda. ¿Debe privilegiarse la gobernabilidad reduciendo la fragmentación política?
¿O debe garantizarse la mayor representación posible, aun cuando eso implique una Legislatura más diversa y con mayor cantidad de bloques?
Para Claudia Balagué, la respuesta es clara. «La voz de un pueblo pequeño vale exactamente lo mismo que la de una gran ciudad», sostiene. Y concluye que cualquier reforma que termine dejando sin representación a miles de santafesinos «no ordena la política, sino que achica la democracia».
