La incertidumbre, la bronca y la indignación vuelven a apoderarse del interior productivo.
En un lapso de apenas 24 horas, Agroganadera Vidoret y Libemar formalizaron sus pedidos de concurso preventivo ante la Justicia Civil y Comercial de Rosario, jurisdicción en la que ambas empresas tendrían fijados sus domicilios legales.
La presentación judicial confirma un escenario que desde hace semanas inquietaba al sector: cheques rechazados, pagos demorados, compromisos incumplidos y una deuda que, de acuerdo con información recogida entre acreedores y fuentes vinculadas con las operaciones, superaría los US$30 millones.
Aunque la cifra definitiva deberá establecerse dentro de los procesos concursales, los primeros números reflejan la magnitud del derrumbe.
Más de $3.000 millones en cheques rechazados
Según registros atribuidos a la Central de Cheques Rechazados del Banco Central y documentación relevada por acreedores, el monto correspondiente a valores impagos superaría los $3.000 millones.
La situación afectaría a pequeños y medianos productores, propietarios de campos, proveedores y empresarios de distintas localidades. Las operaciones comprometidas alcanzarían unas 6.700 hectáreas destinadas a la actividad agropecuaria.
A esa cifra se sumarían alrededor de US$25 millones en compromisos con entidades bancarias y financieras, además de otros US$5 millones correspondientes a contratos privados, proveedores de agroquímicos, fabricantes de maquinaria, financieras y empresarios de la región.
Entre los acreedores mencionados por fuentes del sector aparecen compañías vinculadas con la maquinaria agrícola y automotriz, además de firmas proveedoras de insumos. La composición definitiva de esa nómina y los montos reclamados deberán ser confirmados durante la etapa judicial de verificación de créditos.
También existirían deudas y operaciones cuestionadas en Adelia María, en la provincia de Córdoba, en La Pampa y en otras localidades donde las empresas desarrollaban actividades.
Una estructura que comenzó a derrumbarse
Ambas firmas están fuertemente vinculadas con la actividad agropecuaria y manejaban un importante volumen de negocios relacionado con el alquiler de campos, la explotación de tierras, el acopio y la comercialización de granos y la elaboración de alimentos balanceados.
Sin embargo, detrás de esa estructura operativa habría crecido una verdadera bola de nieve financiera.
Cheques emitidos, compromisos asumidos, contratos de arrendamiento, compra de insumos y financiamiento conformarían un entramado de obligaciones que ahora amenaza con provocar pérdidas millonarias entre quienes confiaron su producción, sus campos o su capital.
El concurso preventivo permitirá que las firmas intenten negociar un acuerdo con sus acreedores. Pero, para muchos de los damnificados, el problema excede una simple crisis financiera.
Un mecanismo que los acreedores piden investigar
Entre productores e inversores afectados existe la sospecha de que las empresas habrían continuado asumiendo compromisos y recibiendo bienes, financiamiento o producción cuando su capacidad para responder por esas obligaciones ya se encontraba seriamente comprometida.
Será la Justicia la que deberá determinar si existieron únicamente dificultades económicas o si, por el contrario, se realizaron maniobras que podrían tener relevancia penal.
Los damnificados hablan de promesas de pago incumplidas, cheques sin fondos y acuerdos comerciales que quedaron en el camino. Algunos ya analizan avanzar con denuncias para establecer las responsabilidades personales y societarias correspondientes.
En el campo, donde buena parte de los negocios todavía se sostiene sobre la confianza y la palabra, el impacto es devastador. Productores que entregaron su cosecha, propietarios que alquilaron sus tierras y proveedores que financiaron campañas completas ahora desconocen cuánto podrán recuperar y en qué plazos.
Para muchos, el concurso aparece como el desenlace de una situación que llevaba tiempo acumulando señales de alarma.
Las presentaciones ante la Justicia
Los pedidos fueron realizados de manera consecutiva ante la Justicia Civil y Comercial de Rosario.
De acuerdo con la información surgida de las actuaciones, entre los abogados intervinientes aparecen Fernando Ariel Álvarez, Roberto Aníbal Baravalle y Augusto Vidoret.
Ahora deberá determinarse si la Justicia dispone formalmente la apertura de los concursos, designa las sindicaturas correspondientes y establece los plazos para que los acreedores presenten la documentación respaldatoria de sus reclamos.
Esa etapa será determinante para conocer la verdadera dimensión del pasivo, la cantidad de afectados y el patrimonio disponible para responder frente a las deudas.
Antecedentes judiciales y ambientales
La crisis financiera se produce en medio de otros antecedentes judiciales que involucran a la empresa y a algunos de sus responsables.
Integrantes de Agroganadera Vidoret fueron imputados en una investigación por presuntos delitos ambientales relacionados con contaminación y funcionamiento irregular de instalaciones. También se investigaron posibles responsabilidades en la administración de las actividades empresariales.
Acreedores consultados también reclaman que se investiguen operaciones comerciales y financieras anteriores, entre ellas movimientos con importantes empresas del sector agropecuario. Esas versiones deberán ser respaldadas con documentación e incorporadas, en caso de corresponder, a los expedientes judiciales.
Un golpe que alcanza a toda la región
La caída de dos empresas de esta magnitud no afecta solamente a sus propietarios o a las entidades bancarias.
Detrás de cada cheque rechazado hay productores, trabajadores, contratistas, arrendadores, transportistas y proveedores que organizaron su actividad contando con fondos que ahora no aparecen.
Con el inicio del proceso concursal se abre un período de enorme tensión. Los acreedores deberán verificar sus créditos y las firmas tendrán que explicar cuál es su patrimonio, cómo se llegó a este nivel de endeudamiento y qué propuesta pueden ofrecer para cancelar sus obligaciones.
Mientras tanto, en el sector queda instalada una pregunta que la Justicia deberá responder: ¿se trató de una crisis empresarial que terminó desbordándose o existieron maniobras deliberadas que perjudicaron a productores y acreedores?
La respuesta será determinante. Pero el daño económico y la pérdida de confianza ya golpean de lleno al corazón productivo de la región.
