Un bloque de comercios de migrantes de Nueva York se prepara para demandar a la administración del alcalde Zohran Mamdani por su plan de abrir cinco supermercados municipales.
Es una iniciativa de USD 70 millones que la alcaldía defiende como una herramienta para abaratar alimentos, pero que los negocios de barrio consideran una competencia desigual por el uso de fondos públicos y propiedades de la ciudad, según publicó New York Post.
La estrategia judicial apunta a frenar un programa que, de acuerdo con cálculos difundidos por la administración municipal, permitiría descuentos permanentes del 30% en productos esenciales. La misma proyección incluye un ahorro promedio de USD 90 al mes por hogar y cerca de USD 1.000 al año. El gasto en alimentos podría bajar alrededor de 15%, según las estimaciones oficiales.
La junta directiva de la Coalición Empresarial Multicultural aprobó impulsar la presentación en las próximas semanas para intentar bloquear el proyecto. Frank Garcia, presidente de la organización, indicó al medio que el grupo contratará abogados y enviará una notificación formal a la oficina del alcalde antes de acudir a los tribunales.
Garcia sostuvo que el alcalde no aceptó reunirse con la coalición. También evitó precisar cuáles serán los argumentos jurídicos de la demanda, aunque afirmó que grupos y figuras públicas enfrentados con la agenda económica de Mamdani ofrecieron apoyo financiero y asesoría para avanzar con la iniciativa.
Una red de cámaras de comercio busca reunir USD 1 millón para el litigio
La Coalición Empresarial Multicultural fue creada este año para coordinar la oposición de distintos sectores empresariales al plan de supermercados públicos. Reúne a unas cincuenta cámaras de comercio que representan a negocios de propietarios asiáticos, africanos, caribeños, hispanos, de Oriente Medio y de la comunidad judía en la ciudad, según la información citada por New York Post.
La organización prevé recaudar USD 1 millón para financiar el litigio y campañas de difusión sobre la situación de los pequeños comercios familiares. Entre los puntos que sus dirigentes destacan figura la presión que ya enfrentan estos negocios por el aumento de los alquileres, los impuestos, el acceso limitado al capital y los robos.
La oposición al plan, de acuerdo con el reporte, no se limita a esa entidad. También participan la Asociación Nacional de Supermercados y la asociación United Bodegas of America, que advierten que los nuevos locales pueden afectar a los comercios ya instalados, con impacto particular en comunidades de bajos ingresos.
Uno de los focos de preocupación está en La Marqueta, en Harlem del Este, donde se proyecta uno de los supermercados y donde ya funcionan varias bodegas a pocas cuadras. Radhames Rodríguez, presidente de United Bodegas of America, sostuvo ante el periódico: “Si nuestros productos se venden un 30% más baratos que nuestros precios, nadie vendrá a nuestras tiendas”.
Los empresarios también cuestionan la estructura de costos del plan. Señalan que las nuevas tiendas no tendrían que pagar alquiler por operar en inmuebles municipales, una condición que, a su criterio, generaría una ventaja frente a los comercios privados que afrontan costos fijos más altos.
La respuesta de la alcaldía al reclamo de los comerciantes
Mamdani rechazó que el programa esté diseñado para desplazar a bodegas o supermercados tradicionales. En una conferencia de prensa de esta semana, explicó que los establecimientos municipales no venderán comida preparada, bebidas alcohólicas, cigarrillos ni boletos de lotería, rubros que representan una parte de los ingresos de muchas bodegas.
El alcalde afirmó: “No pretendemos competir con las bodegas o los supermercados en lo que respecta a su capacidad de supervivencia”.
El proyecto prevé abrir cinco supermercados municipales, uno en cada condado de la ciudad, con una inversión pública de USD 70 millones. La primera tienda está prevista para fines de 2027 en Hunts Point, en Bronx, identificado en la presentación del plan como una de las zonas de Nueva York con mayores niveles de inseguridad alimentaria.
Como parte del programa, la ciudad abrió un proceso para elegir operadores privados que administrarán los locales bajo estándares fijados por la alcaldía en precios, abastecimiento y condiciones laborales.
Ese esquema, según la información difundida sobre el plan, busca asegurar que el funcionamiento de las tiendas se ajuste a objetivos públicos definidos por el gobierno municipal.
En paralelo, la disputa política y comercial se trasladó al terreno legal con la decisión de la coalición de avanzar hacia una demanda.
La organización plantea que el uso de recursos públicos y activos municipales para sostener la operación de los supermercados alteraría las condiciones de competencia para los negocios existentes, mientras que la alcaldía sostiene que el objetivo central es reducir el costo de la canasta básica a través de un mecanismo permanente de precios más bajos.
