Un juez federal permitió que la administración de Donald Trump mantenga las nuevas reglas de Medicaid. La decisión dejó vigente el esquema para su entrada en vigor el 1 de enero, que obliga a pacientes crónicos y a otros beneficiarios de bajos ingresos a acreditar si están físicamente imposibilitados de trabajar, informó Politico.
Para conservar su cobertura, los millones de afiliados deberán demostrar al menos 80 horas mensuales de trabajo, voluntariado o estudios, precisó The New York Times.
La demanda fue presentada por 25 estados y el Distrito de Columbia. Los funcionarios demócratas habían alegado que debían gastar millones en contratación de personal y en nuevos sistemas tecnológicos para verificar qué pacientes podían ser considerados médicamente frágiles y, por lo tanto, quedar exentos.
Según Politico, el juez federal Richard J. Stearns rechazó el pedido de suspender de forma urgente la norma, aunque permitió que el litigio continúe. El magistrado resolvió que los demandantes no demostraron un daño suficientemente grave e irreparable como para justificar una medida cautelar antes de la entrada en vigor de las reglas.
En su decisión escrita, el juez afirmó: “Existe un punto en el que los daños no justifican la imposición de una medida tan extraordinaria. Los demandantes no han demostrado que sus daños superen ese umbral mínimo”.
El juez sostuvo que el costo para los estados no justifica una suspensión inmediata
De acuerdo con Bloomberg Government y Politico, el fallo remarcó que la ley republicana One Big Beautiful Bill prevé que el gobierno federal cubra el 90% de los costos de implementación.
A su vez, Stearns señaló que el cronograma ajustado cuestionado por los estados fue fijado por el Congreso y no por los funcionarios de salud de la administración a los que decidieron demandar.
La negativa fue dictada sin perjuicio, una fórmula que deja abierta la puerta para que los estados vuelvan a pedir una suspensión si aparecen nuevas pruebas de perjuicio durante la implementación.
El propio Stearns advirtió que la impugnación de fondo podría prosperar más adelante, dado que el caso “presenta cuestiones difíciles” y plantea dudas sobre la fidelidad del administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, a la intención del Congreso al redactar una regla de fragilidad médica más estricta que la aprobada por ley, indicó Politico.
Médicos y estados alertan por el efecto sobre pacientes enfermos y consultorios
La administración Trump defendió estas exigencias como parte de una estrategia que busca recuperar cientos de miles de millones de dólares en fondos federales durante la próxima década, reportó Politico.
Mientras funcionarios estatales enfrentan confusión sobre cómo determinar qué personas están demasiado enfermas para trabajar, algunos departamentos de salud ya informaron a residentes cubiertos a través de la expansión de Medicaid de Obamacare que muchos podrían necesitar una nota médica para mantener el seguro.
Ese posible traslado de carga hacia consultorios y hospitales encendió alarmas entre organizaciones médicas. America’s Physician Groups, un grupo que representa a más de 260.000 médicos y otros profesionales clínicos, advirtió esta semana ante los CMS que la regla “extremadamente perjudicial” obligará a los médicos a “actuar como juez y jurado sobre la capacidad de trabajar de sus pacientes enfermos de Medicaid” y “violará casi todos los principios fundamentales de la ética médica”.
Otras asociaciones, entre ellas la American Medical Association, presentaron escritos ante el tribunal en apoyo del pedido de suspensión. En su presentación judicial, la entidad sostuvo que la norma “probablemente socavará la relación médico-paciente, interferirá con la atención al paciente y aumentará innecesariamente la carga administrativa tanto para pacientes como para médicos”.
La organización añadió que exigir a los profesionales que evalúen la capacidad laboral de personas, una tarea para la que no están entrenados, consumirá tiempo clínico limitado que hoy se destina a tratar pacientes.
