Mientras el Gobierno de Santa Fe insiste en defender su política de equilibrio fiscal y vuelve a cerrar las discusiones paritarias por decreto, un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puso números concretos sobre uno de los principales cuestionamientos que desde hace meses realizan los gremios estatales: el ajuste provincial tuvo como principal variable a los trabajadores públicos.
Docentes, enfermeros, empleados de la administración central, policías y otros sectores del Estado aparecen entre los más perjudicados por la pérdida del poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro.
La conclusión del trabajo llega en un momento de fuerte conflictividad sindical. La provincia acaba de imponer por decreto la última oferta salarial tras el rechazo de los gremios docentes, mientras AMSAFE y SADOP profundizan medidas de fuerza y ATE Rosario continúa denunciando que las recomposiciones salariales resultan insuficientes.
Sin embargo, más allá del debate político o de las diferencias entre el Gobierno y los sindicatos, el informe intenta responder una pregunta mucho más estructural: ¿cómo logró Santa Fe cerrar sus cuentas con superávit en un contexto de caída de la recaudación?
La respuesta del CEPA es contundente: ajustando el gasto y licuando los salarios públicos.
El superávit tuvo un costo
Según el estudio, entre 2023 y 2025 el gasto total ejecutado por la provincia cayó un 9,3% en términos reales. Al mismo tiempo, la administración provincial consiguió cerrar 2025 con un superávit financiero superior a los 8.200 millones de pesos. Para integrantes del CEPA, ambos datos están directamente relacionados.
Los especialistas explican que la provincia enfrentó una caída de los recursos coparticipables y de los ingresos asociados al consumo, producto de la recesión económica nacional. Aun así, logró mantener equilibrio fiscal. «La única explicación es que el ajuste se hizo sobre el gasto», dicen desde CEPA.
Pero el informe agrega un dato todavía más significativo: ese ajuste no fue uniforme.
Educación, salud y seguridad social, las áreas más afectadas
El documento señala que Educación y Cultura sufrió una reducción real del 13,3% respecto de los niveles previos. En términos absolutos, representa casi medio billón de pesos menos destinados a esa función.
La Seguridad Social también aparece entre los sectores más afectados, con una caída del 10,3%. La Salud Pública tampoco escapó al ajuste, registrando una disminución del 5,5%. En cambio, el informe identifica incrementos en Seguridad y en Administración Gubernamental.
Para el CEPA, esa distribución permite observar cuáles fueron las prioridades presupuestarias de la actual administración.
Los salarios, la variable de ajuste
El aspecto más delicado del trabajo aparece cuando analiza la evolución de los salarios estatales.
Según el informe, los sectores de menores ingresos fueron quienes soportaron la mayor pérdida de poder adquisitivo.
En la Administración Central, las categorías inferiores —que representan aproximadamente el 91% de toda la planta estatal— terminaron junio de 2026 un 9,5% por debajo del nivel salarial real que tenían en noviembre de 2023.
Paradójicamente, las categorías superiores lograron recuperar e incluso superar aquellos valores. Es decir, el ajuste no impactó de la misma manera dentro del propio Estado.
Docentes: los más perjudicados
El caso más extremo corresponde al sector docente.
De acuerdo con los cálculos realizados por el CEPA, los maestros acumulan una pérdida salarial del 18,9% desde el comienzo de la gestión Pullaro.
Traducido a dinero, el informe sostiene que un docente necesitaría un bono cercano a los ocho millones y medio de pesos para recuperar todo el poder adquisitivo perdido durante ese período.
La cifra aparece en medio de una relación cada vez más deteriorada entre el Gobierno y la docencia santafesina.
Desde que Pullaro asumió la gobernación, prácticamente todas las negociaciones salariales terminaron con conflictos, rechazos gremiales o aumentos impuestos por decreto.
Enfermeros, estatales y policías
Los trabajadores de la salud tampoco escaparon a esa tendencia. El personal de enfermería perdió alrededor del 9,5% de su salario real. En la Administración Central, las categorías más bajas registran caídas superiores al 11%.
Incluso la Policía, sector sobre el cual el Gobierno incrementó considerablemente el gasto presupuestario en materia de seguridad, continúa percibiendo salarios que todavía se ubican casi un 5% por debajo del poder adquisitivo existente antes del cambio de gestión.
La situación vuelve a mostrar una diferencia entre el crecimiento de determinadas partidas presupuestarias y la evolución efectiva de los ingresos de quienes trabajan en esas áreas.
Más allá de la discusión sindical
Durante los últimos meses, buena parte del debate público quedó reducido a si hubo más o menos acatamiento a un paro docente, si los gremios aceptaron o rechazaron una propuesta salarial o si correspondía cerrar la negociación mediante decretos.
Sin embargo, el informe incorpora otro elemento al debate. Los datos muestran que, independientemente del resultado de cada paritaria, los salarios estatales vienen perdiendo capacidad de compra frente a la inflación desde el inicio de la actual administración. Y eso ocurre mientras el Ministerio de Economía provincial sostiene que Santa Fe logró ordenar sus cuentas públicas.
El costo político del equilibrio fiscal
El informe del CEPA también establece un paralelismo con la política económica nacional. Según sus autores, Santa Fe replicó parte de la lógica aplicada por el Gobierno de Javier Milei: reducir el gasto público como herramienta para alcanzar equilibrio fiscal. La diferencia aparece en quién absorbió ese costo.
Para el centro de estudios, fueron principalmente los trabajadores del Estado quienes financiaron ese proceso mediante la pérdida de poder adquisitivo.
En un contexto donde el Gobierno provincial insiste en mostrar el superávit como uno de los principales logros de gestión, el informe vuelve a abrir una discusión de fondo: si ese equilibrio económico fue construido sobre el deterioro salarial de docentes, enfermeros, empleados públicos y otros sectores esenciales del Estado.
Y mientras las paritarias vuelven a cerrarse por decreto y los conflictos sindicales continúan creciendo, los números comienzan a explicar una parte importante de ese malestar que hoy atraviesa a buena parte del empleo público santafesino.
