La Justicia es un ámbito que cada vez es más habitual ver en las portadas de los principales medios españoles. El caso Begoña Gómez, el juicio contra Rubiales, la condena del novio de Ayuso y la consecuente investigación al Fiscal General por posible revelación de secretos, son algunos de los temas más candentes en los últimos meses.
Esto lleva a que cada vez sean más conocidos los nombres de los jueces que llevan algunos de estos casos, o que se ven implicados en los mismos. Uno de los últimos es Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional, institución a la que supuestamente el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, estaría planeando acudir para que se declare nula la diligencia de entrada y registro por parte de la UCO.
Inicios de Conde-Pumpido
Conde-Pumpido nació en La Coruña el 22 de septiembre de 1949. Pertenece a una larga familia de juristas, siendo hijo del fiscal Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, que fue teniente fiscal del Tribunal Supremo, y nieto del magistrado Cándido Conde Pumpido, que fue presidente de las Audiencias Territoriales (antecedentes de los actuales Tribunales Superiores de Justicia) de La Coruña, Valladolid y Valencia.
En 1974 inició su carrera profesional como Juez de Primera Instancia e Instrucción en Puebla de Sanabria (Zamora) y Carballino (Orense).
En febrero de 1981 ascendió a Magistrado, trasladándose al País Vasco, como Magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián, ciudad en la que también ejerció como profesor universitario, y en la que permaneció hasta diciembre de 1985. En esa fecha el Consejo General del Poder Judicial le nombró Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, destino en el que fue renovado en 1991.
En 1995 fue nombrado Magistrado de la Sala Segunda del Supremo, siendo entonces el Magistrado más joven de este alto tribunal con 46 años.
Asociación Jueces para la Democracia
Miembro de Justicia Democrática, fue uno de los fundadores de la Asociación Jueces para la Democracia, de la que ejerció como primer portavoz (1984-1986), repitiendo en el cargo en 1992-1994.
Esta organización, se constituyó como una organización independiente tras años de resistencia frente al modelo judicial mayoritario, profundamente influenciado por el franquismo. La iniciativa tuvo como antecedente la experiencia de Justicia Democrática, un espacio donde convergían el compromiso con los valores democráticos y el ejercicio independiente de la judicatura.
Durante los primeros años de la Transición, el sector progresista de la judicatura se enfrentó a la imposición de un mínimo del 15% de representación para constituir asociaciones, una medida pactada entre el vértice judicial y la derecha política de la época. Esta limitación obligó a los jueces progresistas a permanecer en la APM, una organización resistente al pluralismo, hasta que en 1984, tras un congreso interno, se eliminaron las corrientes dentro de su estructura, empujando a Jueces para la Democracia a consolidarse como una entidad independiente.
En su asamblea constituyente, Jueces para la Democracia adoptó principios fundamentales basados en la promoción de los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Su objetivo era contribuir a la democratización de la carrera judicial, fomentar un compromiso crítico de los jueces con la sociedad y defender la independencia judicial frente a cualquier interferencia del poder.
Yihadismo y ETA
El 23 de abril de 2004, fue nombrado Fiscal General del Estado. El 14 de mayo de 2008, toma posesión de su segundo mandato como Fiscal General del Estado, por un periodo de cuatro años, siendo el primer Fiscal General del Estado nombrado conforme al nuevo sistema establecido por la Reforma de 2007 del Estatuto del Ministerio Fiscal de la que ha sido uno de los promotores más destacados.
En el ámbito del terrorismo islamista, reforzó la actividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Amplió la plantilla de fiscales especializados, promovió la cooperación internacional para el intercambio de información y logró que el juicio por la matanza se celebrara en un tiempo razonable, con condenas para la mayoría de los acusados. Además, implementó una política de prevención criminal que permitió desmantelar comandos en formación antes de que pudieran ejecutar atentados, mejorando la eficacia policial y evitando nuevos ataques en España.
Respecto al terrorismo de ETA, impulsó la ilegalización de varias agrupaciones electorales y partidos políticos que operaban como sucesores de Herri Batasuna y que no condenaban la violencia. Entre ellas, Herritarren Zarrenda, en las elecciones europeas de 2004; Aukera Guztiak, en las autonómicas de 2005; Abertzale Socialista Batasuna, en las municipales de 2007; y el Partido Comunista de las Tierras Vascas y ANV, en las generales de 2008. Pese a su firmeza en la aplicación de la Ley de Partidos, fue criticado por la oposición conservadora por respaldar la política antiterrorista del Gobierno durante la tregua de ETA en 2006.
Lucha contra la corrupción
Durante los dos mandatos de Conde-Pumpido como fiscal general del Estado, se llevó a cabo una intensa labor en la lucha contra la corrupción, impulsando la investigación y denuncia de algunos de los casos más relevantes en España. Entre ellos destacan el caso Malaya, en Marbella; el caso Palma Arena, en Mallorca; el caso Palau, en Barcelona; el caso Ballena Blanca, en Málaga; el caso Gürtel, con ramificaciones en Madrid y Valencia; y el caso Brugal, en Alicante. Todas estas investigaciones fueron iniciadas y promovidas por la Fiscalía Anticorrupción y, posteriormente, desarrolladas por los jueces competentes con el respaldo y apoyo del Ministerio Fiscal.
Para reforzar esta labor, Conde-Pumpido potenció significativamente la Fiscalía Anticorrupción, que al comienzo de su mandato contaba con solo diez fiscales—nueve en Madrid y uno en Barcelona—y una única Fiscalía Delegada en Cataluña. Al finalizar su etapa, el número de fiscales se cuadruplicó hasta alcanzar los cuarenta, distribuidos en una sede central con un edificio propio y en doce Fiscalías Delegadas en Baleares, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Valencia, Sevilla, Castellón, Alicante, Almería, Cádiz, Murcia y Cataluña.
Presidente del Tribunal Constitucional
El 11 de enero de 2023, tras la renovación parcial del Tribunal Constitucional, fue elegido presidente del órgano por mayoría de seis votos frente a la otra candidata progresista, María Luisa Balaguer Callejón, quien obtuvo cinco. Tras ser nombrado formalmente por el rey, tomó posesión del cargo al día siguiente.
Entre sus primeras decisiones al frente del Tribunal estuvo la resolución de recursos que llevaban más de una década pendientes, como el presentado por el Partido Popular contra la ley del aborto. El 9 de febrero de 2023, el Tribunal rechazó por siete votos a cuatro la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, que proponía declarar inconstitucional la norma, avalando así su legalidad. Posteriormente, se designó a la magistrada Inmaculada Montalbán Huertas para redactar la sentencia definitiva.