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La manifestación contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ocasionaron, hasta el momento, que once personas fueran detenidas y otras tantas resultaran heridas este jueves por la tarde frente al Congreso de la Nación.
Los incidentes se registraron luego de que parte de los manifestantes intentaran avanzar sobre el vallado perimetral y las fuerzas federales respondieran con gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
Según lo consignado por Infobae, primero habían sido realizados tres arrestos por parte de efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad. Recientemente, ese número fue ampliado por parte de las autoridades a once detenidos en total.
Entre los heridos se contaron periodistas que cubrían la protesta y dos integrantes de las fuerzas de seguridad. También resulto afectado un gendarme que recibió el impacto de una piedra en la cabeza y fue trasladado al Hospital Churruca, mientras que un prefecto fue atendido en el lugar por lesiones de menor consideración.
También se registraron destrozos en el mobiliario urbano, donde grupos destrozaron veredas en áreas tales como Callao y Bartolomé mitre o Avenida de Mayo con 9 de Julio. Por otro lado, se incendiaron contenedores de residuos y algunos patrulleros fueron blanco de actos vandálicos.
El operativo de seguridad desplegó unos 820 efectivos de distintas fuerzas federales en las inmediaciones del Palacio Legislativo. La concentración había comenzado al mediodía y se mantuvo pese al alerta naranja por tormentas que afectó a Buenos Aires durante la jornada y pese al anuncio oficial de retirar el capítulo más polémico del proyecto, el que habilitaba la venta de tierras a extranjeros.
Al comienzo de la jornada, la convocatoria reunió a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), agrupaciones piqueteras, el peronismo bonaerense, fuerzas de izquierda y las dos CTA.
También se sumaron los sectores de izquierda, entre los que estuvo como portavoz el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien se expresó contra la ley que debate la Cámara Alta: “Permite ejecutar desalojos sumarios contra inquilinos y comunidades originarias, modifica la ley del fuego para habilitar negocios con incendios intencionales y dificulta las expropiaciones para darle garantías a los capitales”.
