Hay un punto en una crisis empresaria en el que deja de importar solamente cuánto se debe. La pregunta pasa a ser otra: ¿desde cuándo quienes conducían la empresa sabían que no podían pagar?
Ese interrogante empieza a sobrevolar con cada vez más fuerza el caso de Agroganadera Vidoret S.A. La última consulta aportada a este medio sobre la información publicada por el Banco Central muestra un número extraordinario: 606 cheques rechazados por un monto $4.998.008.901,74. De ese universo aparece apenas un cheque abonado, por $1,5 millones. Es decir: la barrera de los $4.000 millones quedó vieja rápidamente.
Y los números empiezan a convertir una crisis financiera en algo mucho más difícil de explicar.
¿Cuándo empezó realmente la insolvencia?
Una empresa puede atravesar dificultades. Puede equivocarse en una inversión, perder una campaña, quedarse sin liquidez o endeudarse por encima de sus posibilidades. Eso no constituye una estafa.
La cuestión cambia si se demuestra que, conociendo que ya no estaba en condiciones de responder, siguió emitiendo cheques, tomando financiamiento, alquilando campos, recibiendo producción o contrayendo obligaciones. Ese es el punto sobre el que distintos acreedores pretenden que avance la investigación.
Y existe una opinión que encendió todavía más las alarmas. Un abogado rosarino especializado en concursos y quiebras, consultado sobre la estrategia que estaría siguiendo el grupo empresario, dejó una definición durísima. Su identidad se mantiene en reserva. “Nadie contrata a ese estudio de abogados si tiene pensado pagar. Están ganando tiempo para tratar de salvar algunos bienes. Claramente no quieren pagar, y eso se llama estafa”, dijo el letrado off-the record.
La afirmación pertenece al profesional consultado y no constituye una conclusión judicial ni una calificación realizada por este medio. Pero introduce una pregunta central. Si el concurso estuviera siendo utilizado simplemente para reordenar una empresa económicamente inviable, estaríamos frente a una herramienta prevista por la ley.
¿Y si, como sospechan algunos acreedores, el tiempo estuviera siendo utilizado también para proteger patrimonio?
Ahí la discusión sería completamente distinta. Por eso tal vez la clave no esté solamente en mirar los cheques que rebotaron. Habrá que mirar qué pasó con los bienes mientras esos cheques se emitían. El efecto dominó ya habría comenzado.
Las consecuencias, mientras tanto, comienzan a aparecer alrededor. Fuentes vinculadas con los damnificados sostienen que JURI S.A., de Monte Buey, Córdoba, habría cerrado sus puertas en medio de esta crisis. Matías Vidoret habría formado parte de esa sociedad.
También una importante firma de San José de la Esquina estaría atravesando una delicada situación financiera a partir de operaciones vinculadas con el grupo. Las responsabilidades y relaciones causales deberán ser documentadas. Pero aparece una imagen preocupante: la de las fichas de dominó.
Porque cuando una empresa de esta dimensión deja de pagar, detrás aparecen otras empresas que tampoco cobran, productores que esperaban esos fondos para afrontar sus propios compromisos y propietarios que habían calculado su año sobre contratos que ahora no se cumplen.
El patrimonio entra en escena
Y entonces aparece otra pregunta inevitable: ¿con qué bienes se responderá ante semejante volumen de deuda?
Algunos acreedores comenzaron a reconstruir operaciones y modificaciones patrimoniales realizadas antes de que la cesación de pagos quedara definitivamente expuesta. Dentro de ese recorrido surgió incluso el divorcio de uno de los integrantes del grupo empresario.
Un divorcio no representa, naturalmente, ninguna irregularidad. Pero los damnificados entienden que en este caso habría que observar cuándo ocurrió y qué consecuencias produjo sobre el patrimonio de las partes.
Qué bienes existían antes. Cómo quedaron distribuidos después. Si existieron adjudicaciones o transferencias. Y, fundamentalmente, qué proximidad temporal tuvieron esos movimientos con el período en que comenzaron los incumplimientos.
No existen elementos suficientes para afirmar que la separación haya sido ficticia ni que haya tenido como propósito sustraer patrimonio del alcance de los acreedores. Pero existe una pregunta perfectamente legítima: ¿ese divorcio modificó de manera significativa el patrimonio que hoy podría responder frente a las deudas?
Si no lo hizo, el episodio no tendrá mayor trascendencia. Si lo hizo, habrá que mirar detenidamente las fechas.
Campos sin cobrar y productores que dijeron basta
Mientras los grandes números recorren bancos y tribunales, el problema tiene una dimensión mucho más concreta. Propietarios rurales denuncian arrendamientos impagos y numerosos productores habrían decidido no renovar sus contratos.
Uno de los damnificados sostiene además que se habría ingresado a su establecimiento y sembrado trigo sin autorización. Según relató, la situación fue constatada mediante escribanos y profesionales vinculados con la actividad.
Será la Justicia quien determine qué ocurrió. También circula entre acreedores un relevamiento privado según el cual una proporción muy importante de los propietarios que arrendaron campos al grupo habría terminado afectada por incumplimientos. El porcentaje deberá comprobarse. La pérdida de confianza, en cambio, ya parece mucho más difícil de discutir.
Una historia que no comienza ahora
El apellido Vidoret tampoco llega por primera vez a los tribunales. Marcelo Fabián y Eduardo Víctor Vidoret fueron imputados anteriormente en una investigación por presuntos delitos ambientales relacionados con las actividades de Agroganadera Vidoret y Vidoret Servicios Agropecuarios.
Aquella causa es independiente de la actual crisis financiera y una imputación, naturalmente, no equivale a una condena. Sin embargo, cuando se intenta reconstruir el funcionamiento de un grupo empresario, los antecedentes también forman parte de la película.
Los papeles van a contar la historia El concurso tiene una particularidad, tarde o temprano obliga a mostrar los números. Aparecen los acreedores, los contratos, los bancos, las fechas y los bienes. Por eso la discusión sobre Vidoret probablemente recién esté comenzando.
Habrá que determinar cuándo se produjo efectivamente la cesación de pagos, cuántas obligaciones fueron asumidas después de ese momento y qué ocurrió con el patrimonio durante ese período.
¿Se siguieron emitiendo cheques cuando ya se sabía que no podrían pagarse? ¿Se siguieron tomando campos? ¿Se recibió producción? ¿Existieron transferencias de bienes? ¿Hubo operaciones entre sociedades relacionadas? ¿Hubo modificaciones patrimoniales dentro del grupo familiar? ¿Y qué incidencia tuvieron aquellas operaciones que hoy observan con atención los acreedores?
Ninguna de esas preguntas demuestra una estafa. Aunque sus respuestas pueden terminar determinando si estamos frente a una empresa que se desplomó o ante una insolvencia que habría sido administrada de una manera mucho más difícil de justificar.
Porque una cosa es no poder pagar. Otra es seguir tomando compromisos sabiendo que no se podrán cumplir. Y existe una tercera hipótesis, todavía más delicada. Que mientras aumentaban las deudas también se estuviera preparando el patrimonio para el día después.
Eso es justamente lo que algunos acreedores quieren que la Justicia investigue. Los casi $5.000 millones en cheques rechazados impresionan. Quizá el verdadero número de esta historia no sea un monto, puuede ser una fecha.
El día exacto en que quienes conducían el negocio supieron que ya no podían pagar y qué hicieron después de saberlo. Ahí puede estar la diferencia entre una quiebra empresarial y algo mucho más grave.
