Todd Blanche juró este lunes como fiscal general de Estados Unidos en una ceremonia en el Despacho Oval, con la presencia del presidente Donald Trump, y quedó de forma definitiva al frente del Departamento de Justicia tras haber ocupado el cargo de manera interina desde abril. Su llegada al puesto se produjo después de una confirmación ajustada en el Senado y en medio de cuestionamientos por su relación personal y profesional con el mandatario.
La asunción colocó en la jefatura del principal órgano federal de persecución penal a un abogado que defendió a Trump en varios procesos judiciales antes del regreso del republicano a la Casa Blanca en enero de 2025. Esa trayectoria previa marcó buena parte del debate sobre su designación, debido a las dudas planteadas por la oposición acerca de la autonomía con la que podría conducir el área.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, difundió un video del acto y escribió en la red social X: “¡Felicidades a un gran abogado y a una persona aún mejor!”. En las imágenes se observó al presidente junto a integrantes de su equipo, entre ellos el vicepresidente JD Vance, durante el juramento del nuevo funcionario.
La confirmación de Blanche avanzó con 50 votos a favor y 49 en contra, un margen que expuso la resistencia que su nominación encontró en el Capitolio. Los senadores demócratas votaron casi en bloque contra el nombramiento y sostuvieron que su desembarco en el cargo reforzaba el control político de Trump sobre una institución que, por tradición, debe conservar independencia operativa frente a la Casa Blanca.
Antes de asumir funciones en el Gobierno, Todd Blanche, nacido en Denver, en 1974, desarrolló parte de su carrera como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York y más tarde pasó al ejercicio privado. En esa etapa se convirtió en abogado personal de Trump y encabezó su defensa en el caso por pagos no declarados a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.
También integró la estrategia judicial del mandatario en otras dos causas federales de alto impacto: la investigación por documentos clasificados y el expediente por los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020. Ese historial lo transformó en una figura de confianza para el presidente y abrió un nuevo frente de discusión cuando fue promovido al segundo puesto del Departamento de Justicia.
Tras la salida de Pam Bondi en abril, Trump lo colocó al frente de la cartera de manera provisional. Desde esa posición, Blanche impulsó medidas que generaron rechazo en la oposición y reservas dentro del propio Partido Republicano. La más controvertida fue la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a personas que, según la administración, fueron afectadas por una persecución judicial injusta durante el gobierno de Joe Biden.
Ese programa incluía entre los potenciales beneficiarios a participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La propuesta quedó en el centro de la pelea por su nominación. Los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis bloquearon inicialmente el avance del pliego hasta que el abogado diera marcha atrás con la iniciativa, que finalmente fue retirada para destrabar el proceso de confirmación.
Otro punto de fricción fue un acuerdo de inmunidad fiscal que alcanzó al presidente, a sus dos hijos mayores y a la Organización Trump. La administración aclaró luego que esa cobertura tendría efecto retroactivo y no abarcaría declaraciones futuras. Aun así, el episodio alimentó las críticas de los demócratas, que denunciaron un uso partidario de herramientas sensibles del Estado.
Durante su paso por la conducción interina del área, Blanche también participó en la desclasificación de miles de archivos vinculados al caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, un expediente de alta sensibilidad política y judicial en Estados Unidos. El manejo de ese material ya había afectado a la administración tras la caída de Bondi.
Días antes de jurar como fiscal general, el ahora funcionario encabezó la delegación de Washington que asistió a la toma de posesión del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, identificado como aliado de Trump. La actividad mostró que, aun antes de su confirmación definitiva, ya actuaba como uno de los representantes políticos y judiciales más visibles del nuevo gobierno.
Con el juramento ya cumplido, Blanche inicia una gestión atravesada por el peso de sus antecedentes como defensor del presidente y por el escrutinio sobre cada decisión que adopte al frente del sistema federal de justicia de Estados Unidos.
