El Poder Judicial ha ordenado la transferencia de cuatro barras de oro al Estado, valorizadas en más de un millón trescientos mil dólares. A través de un comunicado, la entidad señaló que esta determinación se da en el marco de un caso relacionado con la minería ilegal.
El fallo fue emitido este miércoles 14 de agosto por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio del Callao, presidido por el magistrado Marco Aurelio Tejada Ortiz, quien declaró fundada la demanda sobre las mencionadas barras en posesión de Edith Gisela y Lizbeth Yanina Pacori Borda, quienes habrían adquirido el mineral de manera ilícita.
Cabe precisar que las barras serán transferidas al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI). La incautación se produjo tras una acción de control aduanero. En total, se confiscaron dos barras de oro de 6.04 kg y una barra de 5.08 kg, propiedad de Edith Gisela Pacori Borda, y una barra de 6.04 kg, presuntamente propiedad de Lizbeth Yanina Pacori Borda.
Más de un millón de dólares
El valor total de las barras de oro confiscadas asciende a un millón trescientos treinta y nueve mil trescientos treinta y seis dólares americanos (USD 1′339.336), según lo consignado en la declaración aduanera de mercancías (DAM).
Las investigaciones judiciales determinaron que, debido al elevado valor del oro confiscado, las hermanas Pacori no pudieron justificar adecuadamente el incremento de su patrimonio, lo que sugiere que estos bienes están vinculados a actividades ilícitas.
Edith y Lizbeth Pacori son dueñas de las empresas MINERALES ADRIAN A&A y MINERALES MAYA, respectivamente, iniciadas en 2015 y dedicadas a la venta al por mayor de metales y minerales metalíferos, según el registro en SUNAT.
Las hermanas declararon que no compran mineral aurífero, describiéndose como productoras y afirmando no desarrollar actividades de beneficio minero. Sin embargo, el Ministerio Público ha señalado que los instrumentos de gestión ambiental (IGAFOM) contradicen sus declaraciones.
El negocio de las barras de oro
En los últimos meses, la incautación de lingotes de oro adquiridos de manera ilícita se ha hecho más común debido a que actualmente las mafias de la minería ilegal estarían usando empresas fantasmas para vender y exportar este mineral sin que las autoridades intervengan.
En mayo de este año, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio incautó a la empresa exportadora Trading Express Gold S.A.C. cuatro lingotes de oro, con un peso superior a los 45 kilos, en el Callao.
De acuerdo al Ministerio Público, fue adquirido a la empresa Ayapata S.A.C., vinculada a una organización que lo compró a mineros ilegales en la zona de Juliaca, en la región Puno, al sur del Perú.
El oro tenía destino final los Emiratos Árabes y el excongresista Alfredo Cenzano Sierralta estaría seriamente involucrado en esta ilícita compra.
Asimismo, en junio de este año, la PNP detuvo a una mujer que trasladaba en una mochila alrededor de 9 barras de oro valorizadas en tres millones de soles. La fémina fue intervenida cuando llegaba al terminal terrestre de la empresa Civa, ubicado en la cuadra 11 de la avenida Javier Prado Este.
La policía fue alertada por una llamada que la joven, de unos 25 años, transportaba desde Tumbes a Lima bienes patrimoniales (huacos prehispánicos) con el fin de comercializarlos en la capital, sin embargo, durante el registro de sus pertenencias, los miembros de la PNP encontraron oro en forma de lingote envuelto en plástico negro dentro de su mochila.
En un morral con doble compartimento hallaron cuatro bloques adicionales del mismo metal. La investigación continuó y, tras revisar sus zapatillas, se descubrieron otros dos camuflados con plástico negro en las plantas de sus zapatillas, lo que suma un total de nueve con un peso aproximado de 9.800 kg y un valor comercial de S/2 millones 700 mil.