Más de USD 323 millones asignados por el Congreso para la nueva sede del FBI quedaron otra vez bajo el foco judicial después de que un tribunal federal invalidara el cambio de destino dispuesto por la administración de Donald Trump.
La orden la firmó el juez Theodore Chuang en Maryland. CBS News informó que el magistrado consideró “arbitrario y caprichoso” el desvío de esos fondos y sostuvo que la maniobra violó la ley federal.
El expediente reabrió una disputa política y presupuestaria entre Washington y Maryland. También devolvió al centro del caso el deterioro del edificio J. Edgar Hoover, donde funciona el FBI desde 1975.
La pelea no gira solo alrededor de un inmueble. El caso reúne una discusión de 15 años sobre la futura sede de la agencia, el peso de una decisión del Congreso y el enfrentamiento entre dos administraciones que eligieron caminos opuestos.
Qué objetó el tribunal sobre el cambio de plan
La resolución dejó sin efecto la decisión de instalar la futura base del organismo en el Ronald Reagan Building, a pocas cuadras del cuartel actual del Buró Federal de Investigaciones. El director del organismo, Kash Patel, había anunciado esa alternativa en julio de 2025.
Patel defendió esa opción por motivos presupuestarios. Tal y como recogió CBS News, aseguró que ese edificio ofrecía “la forma más rentable y eficiente en recursos para cumplir nuestra misión”.
Chuang rechazó ese argumento. El juez concluyó que la administración no podía cancelar de esa manera el esquema aprobado con anterioridad ni redirigir a otro destino el dinero ya reservado por el Congreso.
La demanda fue presentada por el estado de Maryland en noviembre del año pasado. Las autoridades locales acusaron al gobierno federal y al FBI de desarmar de forma ilegal la decisión tomada en 2023, cuando la administración de Joe Biden eligió a Greenbelt para levantar la nueva sede.
Una discusión abierta desde hace más de una década
La búsqueda de un reemplazo para la sede del FBI lleva años. La actual base de operaciones, ubicada en el centro de Washington, arrastra problemas estructurales desde hace al menos dos décadas, de acuerdo con el reporte de CBS News.
Durante su primer mandato, Trump evaluó mudar la agencia a una de tres ubicaciones en Maryland o Virginia. Después dejó atrás ese esquema y propuso una sede más pequeña dentro de Washington para sustituir al edificio Hoover. Esa idea tampoco avanzó.
El proceso dio un giro en 2023, cuando la Administración de Servicios Generales eligió el predio de Greenbelt, Maryland. Esa definición representó una victoria política para las autoridades estatales, que habían impulsado esa candidatura durante largo tiempo.
Más tarde, la nueva administración descartó ese recorrido y eligió el edificio Ronald Reagan. Ese inmueble había alojado a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional hasta 2025.
Después de su integración al Departamento de Estado, el gobierno habilitó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para asumir el control del alquiler, según detalló CBS News.
La respuesta de Maryland y la reacción del FBI
Tras el fallo, el fiscal general de Maryland, Anthony G. Brown, celebró la resolución y afirmó que el camino hacia Greenbelt quedaba otra vez despejado.
En declaraciones recogidas por CBS News, señaló que Maryland y el condado de Prince George’s dedicaron más de una década de trabajo para obtener la sede del FBI y comprometieron cientos de millones de dólares para ese objetivo.
Brown sostuvo que la decisión judicial también evitó el uso de fondos federales en un destino distinto del aprobado. A su criterio, la sentencia restablece el proyecto validado en 2023 y protege un esquema que ya contaba con respaldo político y presupuestario.
Desde el FBI, la reacción fue de rechazo. Un vocero del organismo dijo ante CBS News que no era la primera vez que los tribunales intentaban frenar el objetivo de la administración de volver más eficiente el gasto público. También afirmó que la corte intervino de manera “inadmisible por razones políticas”.
El fallo dejó otra vez vigente la alternativa definida en 2023 y frenó la vía impulsada después por la administración Trump.
El próximo paso dependerá de cómo avance la disputa judicial y administrativa sobre uno de los proyectos federales más discutidos de los últimos años.
