El intento del gobernador Maximiliano Pullaro de imponer una fecha exprés para la Convención Constituyente santafesina no solo avivó tensiones partidarias: ahora, también despierta contactos entre sectores políticos opositores, instituciones y organizaciones civiles, que analizan organizar una movilización provincial con un mensaje claro: no se escribirá una nueva Constitución al gusto y conveniencia del oficialismo.
Mientras el radicalismo y sus socios en Unidos buscan fijar la convocatoria para julio, en pleno receso invernal, crecen los cuestionamientos por la falta de debate previo y el intento de avanzar sin consensos. El capricho del gobernador, acompañado por espacios que hasta hace pocos meses hablaban de participación y republicanismo, se topa con una oposición que, pese a sus diferencias internas, comienza a articularse para frenar una avanzada institucional que consideran antidemocrática.
La tensión crece día a día. A las voces ya conocidas del peronismo, que reclaman realizar la Convención recién en 2026, se sumaron las de La Libertad Avanza, encabezadas por el diputado nacional Nicolás Mayoraz, y las de la diputada provincial Amalia Granata, que denunció que «la Constitución ya está escrita» y que el oficialismo busca simplemente «sacarla como sea».
Santa Fe merece una reforma de la Constitución seria y profunda, y no esta pantomima de Pullaro y la casta para mantener sus privilegios.
VLLC! pic.twitter.com/qSmzCpiEXy
— Juan Pedro Aleart (@JAleart) April 25, 2025
Granata no se guardó nada: tildó de “siniestros” a los impulsores de la reforma y denunció que el diálogo que propone el gobierno es solo para la foto. “Pullaro no se maneja de forma democrática, no respeta a las instituciones ni a los legisladores. Se comporta como un monarca, no como un gobernador”, lanzó la legisladora, que pidió trasladar la Convención a marzo o abril de 2026 para permitir una participación real de la sociedad civil.
Desde el PJ, el presidente del partido en Santa Fe, Guillermo Cornaglia, también sumó críticas. Advirtió que la ciudadanía aún no comprende el alcance del proceso constituyente, y que la escasa participación electoral en abril fue una señal de alerta. “Falta tiempo para un verdadero diálogo con todas las fuerzas vivas de la provincia. Es necesario explicar qué se quiere reformar y por qué”, sostuvo.
El trasfondo es claro: mientras Pullaro y Unidos insisten en avanzar en julio, sin explicar con claridad el contenido de la reforma ni abrir canales de participación real, distintos espacios comienzan a articular una resistencia política e institucional. Según trascendió, hubo llamados entre legisladores, intendentes y referentes sociales para analizar una eventual movilización provincial que ponga freno a lo que muchos consideran una maniobra autoritaria.
“El gobernador fue el más votado, sí. Pero eso no le da carta blanca para reescribir las reglas del juego sin diálogo ni consenso”, afirman desde la oposición, que insiste en que una Constitución no puede hacerse “a medida del poder de turno”.
Aunque el oficialismo dice tener los votos necesarios, aún no hay mayorías absolutas en la Convención. Y si algo quedó claro en estos días, es que ningún bloque opositor está dispuesto a facilitar una reforma hecha a las apuradas. La batalla por la fecha es apenas el primer capítulo de un proceso que, lejos de ser técnico, se tiñe cada vez más de política pura y dura.