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23-02-2025 Vol 19

El Gobierno habilitó a la Oficina Anticorrupción a investigar el caso LIBRA

Tal y como había anticipado el Gobierno en un comunicado luego de que estallara el caso LIBRA, el Ejecutivo de Javier Milei habilitó a la Oficina Anticorrupción (OA) para que comience a investigar el tema. 

Lo hizo a través del Decreto 114/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Con el documento creó una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción en la vinculación del mandatario con la difusión de la criptomoneda, luego de las denuncias recibidas en el Poder Judicial.

El decreto lleva la firma del jefe de Estado y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La Oficina Anticorrupción investigará el caso LIBRA

La medida se tomó como consecuencia de que “el criptoactivo denominado “$LIBRA” generó importantes repercusiones y consecuencias que deben ser esclarecidas con suma urgencia”.

En este sentido, el área dirigida por Alejandro Melik ya está instruída para iniciar las investigaciones. En los primeros artículos se crea el UTI, que tendrá como objetivo recabar “la información relacionada con “$LIBRA”, con el fin de colaborar de forma rápida y expedita con Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”, y esclarecer quiénes estuvieron involucrados en su creación, difusión y la caída de valor que damnificó a miles de usuarios.

El caso de la criptomoneda LIBRA será investigado por la OA.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, será quien dicte las normas operativas y complementarias que “resulten necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el presente decreto y brindará el apoyo técnico y administrativo” necesario para el cumplimiento de las funciones de la UTI.

Los objetivos de la UTI

El mismo DNU enumera en el texto cuáles serán las funciones que llevará a cabo esta UTI:

  • Requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, en el marco de su objeto.
  • Solicitar información, datos y documentación a organismos provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; de estados extranjeros y/u organismos internacionales a través del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
  • Recibir y gestionar, con la asistencia de las áreas competentes, los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el criptoactivo denominado “$LIBRA”.
  • Convocar la participación de los funcionarios y/o expertos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
  • Recopilar e integrar la información, datos y documentación a efectos de su remisión al órgano del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal competente.
  • Denunciar ante el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos relevados.

Caso LIBRA by Cronista.com

El comunicado del Gobierno tras el escándalo

La habilitación para la OA llega días después de que el Gobierno Nacional lo anticipara, como parte de la explicación que brindó sobre el tema. Ocurrió el sábado por la noche, luego de que el Presidente publicara – y borrara- en horas previas una publicación en la que promocionaba el activo.

Desde la Oficina del Presidente compartieron un texto en donde detallaban que el titular del Ejecutivo había mantenido un encuentro con los representantes de KIP Protocol , la empresa que está detrás del proyecto que desató la polémica, en la Argentina.

Milei junto al titular de Kip Protocol. 

Según indicaron, allí se le comentó “la intención de la compañía de desarrollar una iniciativa llamada ‘Viva la Libertad’ para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain”.

Del encuentro, que, según afirman, “fue debidamente asentado en el Registro de Audiencias Públicas”, participaron el Presidente, los representantes de la empresa KIP Protocol, Mauricio Novelli y Julian Peh; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Frente a las dimensiones que tomó el caso, precisaron que Milei “ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional”, incluido él mismo.

M.M