El Microestadio Multipropósito no se terminó, no se inauguró y tampoco se llamó a licitación pública. Pero una productora sin responsables a cargo y con videos de IA ya promociona un show para ese lugar. Raro.
El uso de los recursos públicos y la administración de los bienes colectivos exige, como premisa innegociable, la observancia irrestricta de las normas. En nuestra provincia, las leyes N.º 5188 y N.º 12510 son determinantes: fijan los criterios para las licitaciones de espacios públicos y erigen a los pliegos de bases y condiciones como el eje regulador de cualquier concesión o usufructo. Todo proceso, sin excepción, debe constar en registros oficiales y estar de cara a la ciudadanía.
Por eso resulta inadmisible el escenario de incertidumbre que rodea al Microestadio multipropósito de nuestra ciudad, una obra emblemática orientada a los Juegos Suramericanos. En los últimos días, una cuenta de Instagram de reciente creación lanzó una campaña publicitaria anunciando un show de cuarteto para el próximo 31 de octubre, atribuyéndose la organización del espectáculo y señalando a este nuevo recinto como la sede elegida.
Lo preocupante trasciende lo mero promocional. El Microestadio ni siquiera está concluido ni formalmente inaugurado. No existe convocatoria pública, reglamento de uso ni licitación vigente para la explotación del espacio. En los portales de la Provincia no hay rastro ni expediente que indique un marco de contratación, ni tan solo un canal de contacto oficial para tal fin.
A esto se le suma la opacidad de la firma organizadora, «Tera», una supuesta productora sin antecedentes comprobables, cuyos contenidos en redes apelan al uso de inteligencia artificial, sin responsables visibles ni datos de contacto. Los antecedentes en el sector del espectáculo local ya han dejado amargos recuerdos a proveedores y clientes cuando se opera bajo el cobro de la improvisación y los anuncios ostentosos, tal fue el caso de «El Confite», por sus siglas M.M. cuyo tendal de deudas sigue vigente y con victimas hasta el día de hoy.
Al consultar a fuentes oficiales, la respuesta es el absoluto desconocimiento: no hay precisión sobre la jurisdicción que administrará el predio, ni registro del evento publicitado.
Una infraestructura que demandó una inversión pública superior a los 7.711 millones de pesos —sostenida por los contribuyentes a través del tesoro provincial y endeudamientos de largo plazo— no admite zonas grises. Exigimos reglas claras, transparencia administrativa y licitaciones transparentes que otorguen iguales oportunidades a todos los actores y resguarden el patrimonio de los santafesinos.
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