
Una investigación periodística del periodista Hernan Lascano para La Politica Online reveló que en los juzgados federales de primera instancia de Rosario existen más de ocho mil causas penales acumuladas que no tuvieron ningún tipo de trámite procesal durante los últimos años. Se trata de denuncias formales que quedaron completamente congeladas o archivadas de facto sin que se le diera curso a las investigaciones sobre los presuntos delitos ni sobre sus autores.
El volumen de expedientes no tramitados salió a la luz cuando los juzgados de origen —con especial foco en los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 de Rosario— comenzaron a delegar estas causas al Ministerio Público Fiscal (MPF) con hasta cinco y seis años de retraso respecto a la fecha en que fueron radicadas las denuncias.
Ante esta situación, los fiscales federales rechazaron asumir expedientes en esas condiciones, advirtiendo que convalidar el traspaso sin una auditoría previa legitimaría una mora que, por el tiempo transcurrido, extingue o anula cualquier posibilidad de investigación eficaz.
Sospechas de cajoneo y prescripción de delitos graves
La parálisis masiva de causas adquiere una gravedad institucional mayúscula en una jurisdicción históricamente atravesada por el impacto del crimen organizado y la delincuencia económica. En los tribunales federales rosarinos se registraron antecedentes de expedientes que se dejaban prescribir por falta de impulso procesal, beneficiando a personas de alto poder económico investigadas por delitos tributarios, así como omisiones en investigaciones que favorecieron temporalmente a estructuras del narcotráfico.
Como marco de contexto ineludible se encuentra el proceso penal que enfrenta el exjuez federal Marcelo Bailaque, investigado por haber omitido medidas en causas contra el capo narco Esteban Alvarado y por presunta colusión con empresarios denunciados por evasión fiscal cuyas causas terminaron cerradas por prescripción.
La Cámara Federal activa una auditoría integral
Frente al planteo del Ministerio Público Fiscal, la Procuración General de la Nación solicitó una auditoría exhaustiva para determinar el número exacto de expedientes paralizados y esclarecer las responsabilidades funcionales.
Desde la Cámara Federal de Rosario —organismo que ejerce la superintendencia sobre los juzgados de primera instancia— confirmaron la puesta en marcha de un proceso de control que se formalizará este martes mediante una acordada de sus miembros. Fuentes del tribunal de alzada señalaron que las omisiones bajo análisis involucran a las secretarías de los juzgados, donde se detectaron dos escenarios irregulares: denuncias que carecían del decreto inicial de apertura o expedientes con decreto fechado en 2020 que jamás fueron notificados a las partes.
Desde la Procuración advirtieron que mantendrán una postura expectante hasta conocer los resultados periciales y no descartan elevar denuncias formales ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura de la Nación si se comprueban irregularidades de carácter doloso.
El desfasaje en la transición al sistema acusatorio
La irregularidad quedó en evidencia a partir de la implementación del Código Procesal Penal Federal acusatorio, vigente en la jurisdicción de Rosario desde mayo de 2024. Bajo este nuevo modelo, los fiscales asumen la investigación directa y los juicios se desarrollan en audiencias orales y públicas.
Al momento de iniciarse el cambio de sistema, el MPF estimaba que quedarían en transición unas 1.100 causas del viejo régimen escrito. Sin embargo, la posterior remisión súbita de 360 expedientes adicionales desató las alertas y destapó un universo que preliminarmente ronda los 8.000 legajos no tramitados.
El fenómeno representa una anomalía exclusiva de la sede rosarina: en el resto de las jurisdicciones federales de la región, como Santa Fe capital, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto y San Nicolás, las estadísticas entre juzgados y fiscalías no presentan este quiebre y muestran una coincidencia general en los registros de transición.
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