Miguel Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, explicó por qué considera que no hubo delito en la promoción de la criptomoneda Libra por parte del presidente Javier Milei.
Licht, abogado especialista en Derecho Tributario que fue designado en ese organismo por el presidente Alberto Fernández, comenzó su análisis partiendo de una premisa fundamental: “La actividad de criptomonedas es lícita en Argentina”. Aunque reconoció que el sector está parcialmente desregulado, subrayó que no existe una prohibición expresa sobre su uso o promoción. “Si yo me enfrento a una actividad lícita, la pregunta que me hice públicamente fue: ¿el presidente tiene vedado promocionar, auspiciar o difundir una actividad comercial que en el país donde gobierna se presenta de manera lícita? La respuesta es claramente no”, afirmó Licht, quien llegó a la presidencia del Tribunal tras la renuncia de su antecesor, el vocal Rubén Marchevsky, quien se retiró por cuestiones de salud.

Licht, abogado especialista en Derecho Tributario, fue designado en ese organismo por el presidente Alberto Fernández.
El presidente del Tribunal Fiscal de la Nación destacó que, en principio, un funcionario público tiene la potestad de promover actividades que considere beneficiosas para el interés general. “El presidente recibe una competencia, una potestad como cualquier funcionario público. Lo que tiene que hacer en el ejercicio de su función es servir al interés general”, explicó. Sin embargo, Licht aclaró que, en su opinión personal, no compartía la visión económica y jurídica de Milei respecto a las criptomonedas. “Jamás haría un fondeo de una promoción de pymes a partir de estos instrumentos, que son tan volátiles”, admitió.
El escándalo surgió cuando varias personas afirmaron haber perdido dinero tras invertir en Libra, una criptomoneda promocionada por Milei en sus redes sociales. Al respecto, Licht argumentó que la pérdida de dinero en una inversión no constituye, por sí misma, un delito. “No alcanza con decir que alguien perdió plata en una inversión para que eso sea un delito”, sostuvo. Además, recordó que en el ámbito de las inversiones existe lo que se conoce como “asunción de riesgos”. “Las personas que invierten en este tipo de activos, a priori, saben de qué se trata. La jurisprudencia y la doctrina han dicho que es muy difícil que una acción civil o penal progrese en estos casos, debido a la teoría de la culpa concurrente”, explicó.
El periodista Alejandro Bercovich cuestionó esta postura, señalando que muchas de las personas que invirtieron en Libra lo hicieron confiando en la recomendación del presidente, sin tener pleno conocimiento de los riesgos. “Hubo insider trading, pump and dump, un montón de maniobras financieras que beneficiaron a unos pocos y perjudicaron a la mayoría”, argumentó Bercovich. Licht reconoció que estas prácticas, de comprobarse, serían ilícitas, pero insistió en que corresponderá a la justicia determinar si hubo un manejo doloso del activo. “Si es una estructura centralizada y hay alguien que lo está manejando, ahí se aplican las reglas del mercado regulatorio. Pero en este caso, no hay elementos que permitan acreditar que el presidente recibió una contraprestación por su promoción”, afirmó.
Respecto a las acusaciones de manipulación del mercado, Licht señaló que estos aspectos deben ser investigados por la justicia. “Eso hace a las características singulares del negocio específico. Si es una estructura centralizada o descentralizada, si hay alguien que está manejando el activo, son cuestiones que la justicia tendrá que determinar”, afirmó. No obstante, insistió en que, hasta el momento, no hay elementos que permitan acreditar que Milei recibió una contraprestación por promocionar Libra, lo que sería un requisito esencial para configurar un delito. “Si el presidente hubiera recibido una contraprestación por esa actividad, sería delito. Pero ni a vos ni a mí nos consta que eso haya ocurrido”, dijo.
Qué es el Tribunal Fiscal de la Nación
El Tribunal Fiscal de la Nación tiene como misión resolver conflictos entre la administración pública nacional y los contribuyentes, evitando el antiguo sistema de “solve y repete” (pague primero y luego reclame). Es un organo independiente del Poder Ejecutivo, imparcial y autárquico en lo administrativo y financiero. Su función principal es resolver recursos de apelación contra resoluciones de la AFIP, tanto en materia tributaria como aduanera, garantizando un equilibrio entre los intereses del Estado y los contribuyentes.

Quien es Miguel Licht
Nathan Licht es juez del Tribunal Fiscal de la Nación. Previamente se desempeñó como secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Secretaría de Asuntos Aduaneros y Tributarios. Es profesor Protitular de Derecho Administrativo de la UCA. Es Doctorando en Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires, Master en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y Master Universitario en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Asimismo es especialista en Derecho Tributario por la Universidad Austral. Ha recibido el Premio Presidencia de la Nación Argentina al mayor promedio nacional.