Tal como había anunciado horas antes, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El nombramiento se da en un contexto en el que el Congreso está en receso -hasta el sábado- y luego de que ambos pliegos fracasen en el Senado.
A través del Decreto 137/2025, el Poder Ejecutivo estableció: “Nómbrase en comisión, en los términos del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, a Manuel José García-Mansilla y Ariel Oscar Lijo en el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Por su parte, cuestionó al Senado, dijo que no realizó un análisis serio y objetivo, y argumentó que “es imperativo” que el Presidente intervenga.
“Ambos han cumplido con cada uno de los requisitos procedimentales establecidos tanto en el Decreto N° 222/03 -atribuciones del Presidente para el nombramientos de magistrados- como en el Reglamento del Senado y han agotado todas las instancias de participación allí receptadas”, expresaron Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el documento y apuntaron contra la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta por haber dictaminado únicamente sobre el pliego de Lijo y no respecto al de García-Mansilla.
Desde el Gobierno justificaron que “el Senado, en lugar de haber realizado un análisis serio y objetivo respecto de la idoneidad de los candidatos propuestos, ha optado reiteradamente por demorar su pronunciamiento en virtud de consideraciones motivadas por la conveniencia política”. “Aquella dilación implica un incumplimiento de los deberes constitucionales”, criticó y afirmó que los nombramientos por comisión de Lijo y García-Mansilla “no obstan a la facultad constitucional de la Cámara alta de brindar acuerdo definitivo a las propuestas”.
Además, apuntó: “El silencio de la Cámara alta resulta injustificable, la ubica en falta frente a todo el pueblo argentino y pone en peligro el normal funcionamiento de la Corte. La situación actual sitúa al máximo tribunal ante el riesgo inminente de una parálisis de ejercicio de su función jurisdiccional”.
Por otra parte, Milei se respaldó en Estados Unidos para publicar el decreto: “Cabe destacar que la cláusula de la Constitución Nacinoal que recepta el instituto de los nombramientos en comisión tiene como fuente directa al Artículo 2, Sección Segunda, cláusula 3a de la Constitución federal del país norteamericano de 1787, el cual ha sido de aplicación para los cargos de jueces federales de aquel país desde el momento en que el texto constitucional fue sancionado”. En este punto, dijo que, según informes del Departamento de Justicia, los presidentes estadounidenses realizaron más de 300 designaciones en comisión de magistrados federales, de los cuales 15 correspondieron a jueces de la Suprema Corte.
“Así como en la Argentina la práctica constitucional de nombrar jueces federales de todas las instancias en comisión lleva 171 años de vigencia, en los Estados Unidos existe desde hace 235″, subrayó.
De esta manera, en la apertura de sesiones del sábado a la noche, Lijo y García-Mansilla estarán ubicados en el recinto junto con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes actualmente integran el máximo tribunal tras el retiro del cordobés Juan Carlos Maqueda.
“El Poder Ejecutivo respetará de manera absoluta la independencia e inamovilidad de los magistrados nombrados en comisión por medio del presente decreto durante todo el tiempo que dure su ejercicio en el cargo”, aclaró Milei y mencionó que el expresidente Raúl Alfonsín nombró a 16 jueces en comisión, a modo de ejemplo.
Más allá de que en el documento no precisan los motivos por los cuales seleccionaron a ambos jueces -aunque señalaron que “cumplen con los requisitos”-, el Gobierno dijo horas antes en un comunicado que “es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas”, en alusión a los vínculos entre Lijo y Comodoro Py.
Milei apeló al decreto mientras el Congreso se encuentra en receso hasta el 1° de marzo. Las sesiones extraordinarias concluyeron el 21 de febrero y el período ordinario comenzará el sábado. De acuerdo a la Constitución, en ese interregno el Poder Ejecutivo puede nombrar jueces de la Corte en comisión, hasta “el fin de la próxima Legislatura”.