EL CALAFATE.– Tras conocerse los detalles del decreto que convierte la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima bajo la nominación Carboeléctrica Río Turbio S.A., el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, aseguró que la medida es una oportunidad y apuntó a las administraciones kirchneristas al afirmar que la empresa “necesita inversión y que no se lo vuelvan a robar como hicieron durante muchos años”.
Al finalizar el acto de inauguración de una escuela en Pico Truncado y dar inicio al ciclo lectivo, Vidal señaló: “Hubiese sido muy fácil desde el día uno que asumimos borrarnos, total es una decisión nacional, no lo hicimos, nos pusimos al frente y luchamos para que el interventor que se nombre en el lugar sea una persona de Santa Cruz, lo logramos. Eso ya es mucho mejor que dejar en manos una empresa estatal que está sujeta a decisiones nacionales”.
Lo dijo en referencia a Pablo Gordillo Arriagada, hombre de Vidal, nombrado al frente de la intervención en octubre pasado y quien ahora tiene en sus manos llevar adelante la aplicación del decreto que convierte a la empresa estatal en una sociedad anónima- que mantendrá una composición accionaria con el 51% estatal y el 49% privada- y que allana el camino para una eventual privatización.
“En base a esa decisión política lo que los trabajadores de Río Turbio y de 28 de noviembre tienen que saber es que hay un gobernador que viene del sector de trabajadores y que va a luchar para que se sostengan esos puestos de trabajo”, aseguró hoy el gobernador en diálogo con la prensa.
Y si bien afirmó que la decisión del decreto fue nacional, afirmó que la transformación tiene un costado positivo. “Puede ser una posibilidad porque si hay algo que necesita el sacimiento es inversión, es inversión y que no se la vuelvan a robar como hicieron durante muchos años, porque que YCRT no funcione y no genere energía es simplemente porque hubo una decisión política que dijo que había que llevarse todo lo que se podía llevar”, apuntando a las diferentes administraciones kirchneristas que tuvo bajo su mando el control de la empresa.
Sobre los futuros accionistas privados que la nueva nominación jurídica habilita, el santacruceño se esperanzó con que aparezcan interesados en invertir. “Ahora es tarea de todos los que somos parte de los sindicatos, de los intendentes, de la comunidad política que en vez de salir a tratar de embarrar la cancha, colaboren y salgan a buscar inversiones. No es tan difícil”, aseguró.
La reacción del kirchnerismo
Por su parte, desde el kirchnerismo, advirtieron del riesgo de avanzar en la privatización y culparon a Vidal de haber facilitado el juego. Así lo dijo el diputado provincial Eloy Echazú, jefe del Bloque de UxP-PJ. “Claudio Vidal sabía de la privatización de YCRT y lo dejó pasar”, afirmó el legislador a través de un comunicado y asegura que las comunidades de la Cuenca Carbonífera, que dependen economicamente del yacimiento, tomaron la medida con “la incertidumbre y el temor de revivir otras épocas”, señaló Echazú.
Anoche tras la publicación en redes sociales del vocero presidencial Manuel Adorni, acerca del decreto, Echazú afirmó: “Comenzamos a recibir información de medios de comunicación donde se asegura que el Jefe de Gabinete de Nación Guillermo Francos había anoticiado de esta situación al gobernador Claudio Vidal. Por lo tanto, requerimos información urgente sobre esta situación ya que si él, como mandatario de Santa Cruz, sabía lo que iba a ocurrir por qué no puso en marcha gestiones y acciones para salvaguardar a las comunidades de la Cuenca”.
”Para nosotros es gravísimo todo lo que está ocurriendo y ahora más que nunca vemos a un gobierno que no se deja ayudar que trabaja para los empresarios amigos y no para la gente”, agregó el titular de la bancada opositora, y cuestionó al gobrnador por “contratar empresas foráneas a nuestra provincia para servicios de seguridad, no informa los alcances de las emergencias que planteó el año pasado, esta situación es muy grave y ahora no alcanza con el revisionismo histórico al que están acostumbrados hoy la gente se queda en la calle, sin ingresos, sin perspectivas, sin un camino de salida”.
La anterior privatización
El yacimiento carbonífero ya fue privatizado entre 1994 durante el gobierno de Carlos Menem, quien se la otorgó a Sergio Taselli, junto con un subsidio de US$ 22,5 millones y un convenio que aseguraba que toda la producción anual sería comprada por la usina de San Nicolás. En 2002, durante el gobierno de Eudardo Duhalde, se transformó en la primera empresa en volver a manos estatales y desde entonces, se mantenía intervenida, hasta el nuevo decreto que la crea en Sociedad Anómima.
A partir de hoy se establece un plazo de 60 días para la presentación de un presupuesto 2025 que contemple una disminución progresiva de los aportes estatales, así como un plan de inversiones que garantice la operatividad del complejo minero y energético.