Un episodio de extrema gravedad que pudo derivar en una tragedia institucional se registró a primera hora de este viernes en el edificio de los Tribunales Provinciales de San Lorenzo. Minutos antes de las 8 de la mañana, una pareja de comerciantes radicada en Capitán Bermúdez se presentó en la sede judicial de calle San Lorenzo para comparecer como parte demandada en la audiencia número 51 del fuero laboral. Lo que debía ser un trámite judicial ordinario se transformó en un operativo policial de urgencia cuando el sistema de control de ingreso detectó que llevaban un arsenal oculto entre sus efectos personales.
Al ingresar por el hall principal, el personal policial de guardia solicitó el paso de los bultos por el escáner de rayos X. Apenas la mochila de los comparecientes atravesó el túnel de inspección, los sensores de seguridad dispararon la alarma sonora. En la pantalla del monitor, los uniformados observaron con estupor la silueta nítida de material bélico de alto poder de fuego. Al abrir la mochila constataron la presencia de dos pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros marca Bersa TPR9, las cuales no sólo contaban con sus cargadores colocados y repletos de municiones, sino que además se encontraban montadas, amartilladas y en condiciones operativas inmediatas para abrir fuego.
La confirmación del hallazgo generó conmoción en los pasillos del edificio judicial. Los efectivos de guardia redujeron preventivamente al hombre de 44 años y a la mujer de 39, cerraron los accesos y dieron intervención inmediata a la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Melisa Serena. La funcionaria judicial ordenó el secuestro inmediato de las pistolas y la aprehensión de ambos comerciantes. En medio de la confusión generada en el puesto de control, la abogada particular que acompañaba a la pareja para representarla en el litigio laboral también quedó demorada por algunos instantes hasta que los investigadores verificaron su estricta ajenidad respecto al traslado del armamento.
Por disposición de la fiscalía interviniente, los sospechosos fueron imputados inicialmente por las figuras penales de portación ilegítima de arma de fuego de guerra y abuso de arma, disponiéndose su inmediato encierro en dependencias policiales diferenciadas. El comerciante fue trasladado y alojado en los calabozos de la Alcaidía Mayor de la Unidad Regional XVII en San Lorenzo, mientras que su pareja fue remitida bajo custodia a la Seccional 5ª de la ciudad de Rosario, acondicionada para la detención de mujeres.
Con el correr de las horas se llevó adelante la audiencia imputativa en la sede judicial sanlorencina ante el fiscal Carlos Ortigoza. En dicha instancia procesal, tras evaluar los antecedentes y las circunstancias del hecho, las partes arribaron a un acuerdo cautelar que permitió a los dos acusados recuperar la libertad condicional mientras avanza la instrucción penal preparatoria.
Para conservar dicho beneficio, el tribunal les impuso una serie de obligaciones ineludibles. Ambos deberán fijar domicilio procesal estricto, someterse a todas las citaciones de la fiscalía y acreditar de forma obligatoria la realización y aprobación de un curso oficial dictado bajo la órbita de ANMaC sobre régimen legal de armamento, tenencia responsable y las consecuencias penales de la portación no autorizada en espacios públicos.
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