Dos de las grandes cámaras empresarias de Argentina se mostraron en contra de la designación de los jueces para la Corte Suprema a través de un decreto del Poder Ejecutivo.
Según explicaron AmCham e IDEA, la decisión del presidente Javier Milei atenta contra la seguridad jurídica, debilita la calidad de las instituciones y afecta la previsibilidad necesaria para el crecimiento económico del país.
La primera en manifestarse fue AmCham, cámara que nuclea a grandes empresas estadounidenses con actividad en Argentina.
En un comunicado manifestaron que el Gobierno ha tenido avances significativos en la estabilización de la economía, pero que la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a través de un decreto “puede opacar estos esfuerzos y afectar la previsibilidad que el país necesita para consolidar su crecimiento”.
Argentina necesita previsibilidad y seguridad jurídica para impulsar un desarrollo sostenible y consolidarse como un país competitivo.Compartimos nuestro posicionamiento frente a la designación por decreto de dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. pic.twitter.com/ixXwtkfyDu
— AmCham Argentina (@AmChamArgentina) February 26, 2025
Si bien la decisión tiene andamiaje legal, “representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional”.
Además, señalaron que hacerlo por decreto no parece el camino “más adecuado”, siendo que a una semana comenzarán las sesiones ordinarias.
El comunicado de IDEA
Desde IDEA marcaron que la decisión del Ejecutivo “contradice los valores republicanos”. Sin embargo, hicieron énfasis en todos los poderes del Estado.
“Existiendo los procedimientos constitucionales para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema es responsabilidad de cada uno de los poderes de la República la presentación de candidatos con fundados antecedentes de probidad, así como su debate y aprobación oportuna”, apuntaron, en esta oportunidad, contra el Ejecutivo y el Senado, encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
“Como representantes del sector empresario, hacemos un llamado a todos los poderes y a los representantes de todo el arco político a fortalecer la institucionalidad, condición indispensable para generar la confianza que permite atraer las inversiones, tan necesarias para el desarrollo futuro del país”, concluyeron desde IDEA.
Los reparos de Amcham
“A esta situación se suma el desconcierto que genera la designación de jueces en comisión, quienes podrían ser removidos en cualquier momento por el Congreso”, agregaron en el comunicado de AmCham.
Allí consideraron, además, que el hecho de que no tengan la aprobación del Senado debilita la estabilidad judicial y afecta la confianza en sus fallos, lo que “podría derivar en la nulidad de sus sentencias” porque cualquier decisión quedaría “expuesta a cuestionamientos sobre su validez y legalidad”.
Además, enviaron un mensaje hacia la Cámara Alta y pidieron que el Senado “asuma su responsabilidad y trate los pliegos”.
“Desde el punto de vista del clima de negocios, la imprevisibilidad institucional y la falta de reglas claras erosionan -como nos ha ocurrido en el pasado último- la confianza de los actores económicos y alejan las inversiones necesarias para el desarrollo del país”, sostiene la asociación que representa a las empresas estadounidenses en Argentina.
La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina.
Nuestro país necesita previsibilidad y seguridad jurídica para construir un futuro de desarrollo hacia una Argentina competitiva”, concluyeron desde AmCham.