El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Rosario resolvió abrir los concursos preventivos de Agro Ganadera Vidoret S.A., Vidoret Servicios Agropecuarios S.A. y Libemar S.A.
Y las resoluciones contienen medidas que muestran hasta qué punto la situación dejó de ser únicamente financiera para entrar definitivamente en terreno judicial.
La propia jueza señala que, dentro del agrupamiento empresario, al menos uno de sus integrantes se encuentra en estado de cesación de pagos y que esa situación puede afectar a los demás integrantes del grupo económico. Además, recuerda que la presentación concursal implica el reconocimiento judicial del estado de cesación de pagos.
Bienes bajo inhibición
Una de las medidas más importantes es la inhibición general de las empresas para disponer o gravar bienes registrables.
La resolución sobre Agro Ganadera Vidoret ordena expresamente anotar la apertura del concurso y decreta la inhibición general de la sociedad, medida que deberá implementarse a través de la Sindicatura.
Lo mismo ocurre con Vidoret Servicios Agropecuarios.
Y también con Libemar.
Esto significa que las sociedades quedan sometidas a un control judicial mucho más estricto sobre sus bienes registrables en momentos en que los acreedores intentan conocer cuál es el patrimonio disponible para responder frente a las deudas.
Los Vidoret, con restricciones para viajar al exterior
El otro punto particularmente significativo alcanza directamente a los administradores.
En el expediente de Agro Ganadera Vidoret, la Justicia incluyó a Eduardo Víctor Vidoret, Marcelo Fabián Vidoret, Eduardo Alejandro Vidoret, Lida Vidoret, María Belén Vidoret, Martín Daniel Vidoret y Matías Lucas Vidoret, además de Patricia Alejandra Muraro, dentro de un régimen que limita sus viajes al exterior.
La misma restricción alcanza a Eduardo Víctor y Marcelo Fabián Vidoret dentro de los concursos de Vidoret Servicios Agropecuarios y Libemar. Lo llamativo es que esta decisión no recae solo en los directivos de las empresas, sino en todos los integrantes, lo que hace suponer que pretenden que todos los engranajes de las firmas estén a disposición de la justicia para evaluar la capacidad de hacer frente a las deudas.
No se trata de una detención ni de una prohibición migratoria absoluta, pero los deja dentro de régimen especial de salidas.
ARCA y otros organismos también serán notificados
Las resoluciones ordenan además que las sindicaturas cumplan con los requerimientos correspondientes ante ARCA y disponen notificaciones a organismos tributarios y fiscales.
En Agro Ganadera Vidoret se ordena notificar a DGI, DGR, API y Municipalidad de Rosario.
Una disposición equivalente aparece en los concursos de Vidoret Servicios Agropecuarios y Libemar.
También deberán intervenir los bancos y el Banco Central respecto de distintas medidas solicitadas en los expedientes.
La Justicia quiere conocer todos los juicios
Otro punto relevante es que el juzgado ordenó oficiar a diferentes tribunales para establecer en qué procesos judiciales aparecen involucradas las empresas, ya sea como actoras, demandadas o terceras.
La medida alcanza a juzgados civiles y comerciales, laborales, de ejecución y de responsabilidad extracontractual.
Es decir que el concurso comienza también a concentrar una fotografía mucho más completa de la situación judicial del grupo.
Una crisis que ya no puede minimizarse
Los Vidoret llegan a esta instancia después de meses de cheques rechazados, reclamos de acreedores, problemas con arrendadores y un endeudamiento de enorme magnitud.
Ahora existe algo nuevo.
Inhibiciones.
Sindicaturas.
Control judicial sobre bienes.
Intervención de organismos fiscales.
Relevamiento de expedientes.
Y restricciones sobre los viajes al exterior de los administradores.
El concurso preventivo no constituye por sí mismo un delito ni anticipa una quiebra.
Pero las resoluciones conocidas muestran con claridad que la crisis dejó atrás cualquier apariencia de normalidad empresarial.
A partir de ahora, buena parte de lo que ocurra con las sociedades, sus bienes y sus administradores tendrá que pasar por la mirada de la Justicia.
Los Vidoret ya no discuten desde una posición de normalidad empresaria. Llegan a la negociación con una cesación de pagos reconocida judicialmente, sociedades inhibidas para disponer de bienes registrables y ya no gozan de la libertad para sus viajes al exterior. El próximo interrogante será todavía más incómodo: cuánto patrimonio queda y cuánto de la deuda podrán efectivamente afrontar.
